WeChat: el nuevo objetivo de Trump
Mauricio París [email protected] | Jueves 24 septiembre, 2020
Resuelta, en apariencia, la batalla por TikTok, Trump se enfila contra WeChat, sin embargo, un juez se ha interpuesto en su camino.
Recordamos que en agosto anterior Trump dictó una orden ejecutiva ordenando a las empresas y ciudadanos estadounidenses no realizar transacciones con WeChat y TikTok a partir del 20 de septiembre de 2020, amenazándolos con sanciones de hasta 1 millón de dólares o 20 años de cárcel. La orden se ha fundamentado en motivos de seguridad nacional, pero sin precisar detalles.
Los 45 días a partir del dictado de la orden ejecutiva, llevaron a ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, a buscar desesperadamente opciones para continuar operando en los EE. UU. La posición de Trump fue que la empresa debería vender sus operaciones en el país, so pena de ordenar su cierre. La batalla parece haber llegado a un armisticio de último momento con la aprobación, aun preliminar, por parte de Trump de un acuerdo en el que TikTok pasará a ser propiedad de una empresa estadounidense, TikTok Global, que estará participada en un 20% por Oracle y Walmart. Asimismo, ByteDance, que también será socia, habría permitido que otras empresas estadounidenses participen en su capital, con lo que TikTok pasará a tener un control accionarial primordialmente estadounidense.
Sin embargo, el futuro de WeChat, la aplicación tecnológica china por excelencia parece más sombrío, por no existir voluntad de su propietaria, Tencent, de entrar en ningún acuerdo de venta o participación. WeChat es una aplicación utilizada por más de mil millones de personas en el mundo, con 22 millones de descargas en los Estados Unidos, y que ofrece prácticamente todos los servicios: red social, mensajería instantánea, pago online, llamadas, etc. De hecho, ha sido un aliado importante de Pekín en la lucha contra el covid-19 en China, mediante la implantación de un sistema de rastreo de contactos obligatorio que clasifica a los ciudadanos mediante los colores de un semáforo, para permitirles o prohibirles determinadas actividades. De hecho, Amnistía Internacional clasificó a WeChat el año pasado como la peor empresa en su índice de encriptación y derechos humanos.
Pero en un giro interesante, el pasado domingo 20 de septiembre, mismo día en que a la media noche entraría en vigor la orden ejecutiva de Trump, un juez federal dictó una orden judicial suspendiendo cautelarmente la ejecución de la medida, que ya se anunciaba pasaría por una orden a Apple y Google para prohibir la descarga de la aplicación en sus sistemas operativos. La suspensión se dictó ante la solicitud de un grupo de usuarios de WeChat en EE. UU que argumentan que la disposición de Trump violenta la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU, que garantiza la libertad de expresión sin interferencia del gobierno, y que la aplicación es el principal medio de comunicación de la comunidad china en los EE.UU.
Todo apunta a que la orden judicial será apelada por la Administración Trump, en lo que es será no sólo una batalla jurídica interesantísima. La medida entraña una profunda preocupación de las empresas estadounidenses que mantienen relaciones con China, que comienzan a sentir que sus vínculos con ese país pueden comenzar a ser perseguidos o penalizados por su gobierno en cualquier momento.
Se compara la clausura de estas aplicaciones con el cierre de un periódico, televisora o sitio web, acciones que no son extrañas en regímenes totalitarios, pero completamente atípicas en los Estados Unidos. Trump ha querido aplicarle a China un poco de su propia medicina, sin embargo, encuentra en el estado de derecho que rige en su país una barrera difícil de traspasar.
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