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Violencia y corrupción

Alvaro Madrigal [email protected] | Jueves 26 noviembre, 2009

De cal y de arena
Violencia y corrupción

La sociedad costarricense se estremece. Las dimensiones que alcanza la inseguridad y la constatación de que la corrupción corre indomable, fundamentan los temores de que el país sufre un grave –—cuidado si no irreparable— deterioro de su calidad de vida. El hampa, la del delincuente de cuello blanco y la del delincuente que va contra la integridad o el patrimonio personal, goza de altos índices de impunidad. No existe una política preventiva idónea para abordar el desafío del crimen organizado, harto peligroso hoy en día por la coincidencia de intereses y acciones con los cárteles internacionales del narcotráfico. Tampoco hay éxito en la política represiva, fallida desde el mismo momento en que son raquíticas las cifras de los procesos judiciales que terminan en sentencias condenatorias firmes. El Poder Judicial, incluido ahí el OIJ, está desbordado por la virulenta irrupción del hampa. Algo peor es la laxitud con que más de un juez aborda estos temas. Y desde el Poder Ejecutivo no emana la respuesta inteligente y madura tanto para romper las estructuras organizadas del delito cuanto para devolverle al ciudadano la esperanza de una seguridad siquiera medianamente llevadera. Su zigzagueante curso desata las dudas... ¿cómo fue que sus papeles cambiaron para dicha de las empresas privadas dedicadas a la custodia personal y la seguridad, que se han multiplicado como abejones en mayo? ¿Qué quedó de aquel desplante de firmeza y coraje del gobierno cuando el hampa le tocó sus barbas y osó asaltar a varios ministros y presidentes de autónomas? Pura paja: el Ministerio de Seguridad Pública sigue en manos incompetentes y la policía (salvo sus unidades de elite, que resultan pocas y pequeñas) no está preparada para encarar a los arrojados y agresivos hampones. Su incompetencia es tal que el pobre ciudadano ha quedado inerme, en tanto los delincuentes saborean la recomendación de no resistir los asaltos y someterse a sus designios. Es la consagración de su impunidad.

Fortuita o deliberadamente, la sangría ya está llegando a los altos estratos sociales. Lo marcan el doloroso crimen del apreciado empresario Antonio Lehmann y los múltiples asaltos no publicitados. ¿Viene la ley del talión como efecto de la ineptitud gubernamental? El ciudadano, eslabón débil de la cadena, no se engaña ni se deja impresionar con el espejismo de encuestas manoseadas en su configuración y falseadas en sus respuestas por habitantes que suelen contestar con la seña de la guatusa en la bolsa. Por eso toma a broma lo de que Costa Rica esté en el grupo de los tres países “menos peores” de Latinoamérica en materia de corrupción. Son muchos los hechos y los indicios que desautorizan la conclusión de la organización no gubernamental “Transparencia Internacional”. Y si no que lo digan las no desmentidas denuncias recientes del economista Jorge Guardia contra un grupo de banqueros y del político Rolando Araya contra el Grupo Sama y el actual Presidente de Costa Rica.

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