(Video) ¿Hackearon las cuentas del diputado Leslye Bojorges?
Cuatro proyectos de ley pretenden frenar a los ciberdelincuentes.
Esteban Arrieta [email protected] | Miércoles 04 octubre, 2023 02:01 p. m.
Con un mensaje en sus redes sociales de Instagram, Facebook, YouTube y X, el diputado Leslye Bojorges del PUSC llamó la atención sobre las estafas electrónicas en Costa Rica.
En el video, un hombre con capucha, gorro y la voz distorsionada le advierte al legislador que sus cuentas bancarias fueron intervenidas.
“Dichosamente, se trató solamente de una campaña de expectativa, pero la realidad no está lejana para miles de costarricenses; incluso, mi esposa fue víctima de una situación de este tipo”, dijo Bojorges.
La idea de la campaña era servir de preámbulo para la presentación de cuatro proyectos de ley, tendientes a frenar a los cibercriminales.
"Todos los días un costarricense es víctima de una estafa bancaria. Por eso es que, en vez de estar criticando, como una persona propositiva, presenté cuatro proyectos de ley en esta materia. Es hora de actualizar nuestra legislación para combatir el crimen organizado y las mafias que están detrás de las estafas electrónicas”, agregó el legislador. {link2}
Este es el detalle de los cuatro proyectos:
Nuevos delitos penales
Se crean dos nuevos delitos en el Código Penal, para castigar el uso de tarjetas de débito o crédito sin la autorización del dueño, y el otro delito sancionaría a las personas que permitan el uso de sus cuentas bancarias para hacer estafas.
Agente encubierto Digital
Se crea la figura del agente encubierto digital, quien podrá recabar pruebas en materia de estafas digitales y que además sería una herramienta importante para el OIJ. Se trata de una figura altamente especializada en la búsqueda de pruebas.
Resguardo de información
El segundo proyecto obliga a las entidades financieras a resguardar la información bancaria por un mínimo de 90 días, con el objetivo de que la evidencia pueda ser utilizada en la investigación.
Responsabilidad
El tercer proyecto castigaría a los bancos con el delito de desobediencia cuando no quieran facilitar la información necesaria para la investigación al OIJ.
