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Urge un Consejo Económico y Social

Shirley Saborío [email protected] | Jueves 20 septiembre, 2018

Urge un Consejo Económico y Social

En democracias como la nuestra, disentir es un derecho, pero gobernar es una obligación. Y me refiero no solo a los miembros del Poder Ejecutivo, sino a los miembros del Poder Legislativo y del Judicial que hacen parte del Estado costarricense y que tienen grandes responsabilidades con el funcionamiento de las instituciones y la gobernabilidad.

Ya se suman casi diez días de huelga, lo cual es un derecho de los trabajadores. Pero también es su obligación cumplir con las responsabilidades que establece el Código de Trabajo. Respetar los servicios esenciales —aquellos que ponen en peligro la salud, la seguridad o la vida de las personas—, y cumplir con las etapas previas para abrir el proceso de huelga. También es responsabilidad del Poder Judicial calificar de forma expedita la legalidad o no del movimiento, una vez se presente la solicitud. Pero las horas pasan y los atropellos a la libre circulación, a la libertad de decidir si me sumo a no a los movimientos, y los hechos vandálicos van en aumento, sin que haya resoluciones.

Si los trabajadores sindicalizados en el país son menos de dos de cada diez, la pregunta es: ¿Por qué no se manifiestan como es su derecho sin atropellar a los demás?

¿Por qué no se habla claro y se dice que no se está defendiendo el poder adquisitivo de los que menos tienen, sino los privilegios de muchos trabajadores costarricenses donde la pobreza no se asoma (sector público)?

¿Por qué no se reconoce que el desorden en el gasto es insostenible y que el peor de los impuestos en una economía endeudada como la nuestra (y en dólares) es la inflación, pero también la devaluación y el aumento de las tasas de interés?

El conflicto no se resuelve gritando en las calles ni amenazando a trabajadores honestos (Fuerza Pública y muchos otros que decidieron seguir cumpliendo con sus responsabilidades laborales) ni a estudiantes que con orgullo llevaban la Antorcha de la Independencia; se resuelve con voluntad pero entendiendo que no hay poder de veto, que no se trata de bloquear sino de proponer; que nadie puede cargar el peso de la reforma sobre sus hombros cuando hay gente que no la sufre, y entendiendo que los órganos competentes para evitar un descalabro mayor para todos —no solo para ellos— deben actuar, y también cargar con la responsabilidad de la administración. Irlanda superó esto con un Consejo Económico y Social. En Costa Rica urge esta instancia de diálogo permanente para construir acuerdos que ayuden a mejorar la gobernabilidad.

Por años hemos tratado de conseguir acuerdos para mejorar los resultados, pero sin éxito. Y ante la ausencia de estos grandes acuerdos lo que aflora es la desesperanza. El Consejo de Promoción de la Competitividad invitó en 2016 al exprimer ministro adjunto de Irlanda para entender no solo la forma en que construyeron un acuerdo nacional, sino la forma en que lo han cuidado por varias décadas. Tras el acuerdo, Irlanda superó siglos de agitación política, conflictos sociales y atraso económico. Ejemplos como este hay muchos; el caso de Holanda logró una reforma fundamental para la competitividad como es el tema energético luego de sentar decenas de actores.

En este sentido, urge la instalación del Consejo Económico Social como instancia permanente de diálogo y de negociación, compuesto por la participación de organizaciones de trabajadores, empleadores, academia y sociedad civil, para que se convierta en una instancia consultativa para los poderes de la República.

No se trata de sustituir instituciones ni de reformar el sistema político, se trata de viabilizar algunas reformas que permitan que Costa Rica mejore los niveles de desarrollo y bienestar.

Y esto será posible en la medida que se tomen acuerdos país que nos permitan mejorar la competitividad de forma sostenida.

Solo de esa forma lograremos alcanzar mayores niveles de desarrollo, que permitan eliminar la pobreza extrema, alcanzar el umbral de país de ingreso alto, y ser el país menos desigual de América. Nada de esto es posible sin más inversiones productivas, sin más empresas formales, sin una mejor educación y sin más proyectos país que mejoren los niveles de seguridad jurídica y bienestar.

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