Una oportunidad para la reactivación económica

Como advertimos en su momento, la Ley de Regulación de Hospedajes no Tradicionales (en los que se incluyen plataformas como Airbnb, HomeAway y VRBO) se promulgó sin consultar a las personas que ejercen la actividad en Costa Rica, ni a las empresas. Se aprobó al final obviando las serias advertencias que hicimos y a golpe de tambor, lo que no permitió que los legisladores detectaran que muchas de sus disposiciones tendrán peligrosos efectos en la actividad turística del paíss.

En este momento el nuevo Ministro de Turismo, Don Gustavo Segura, que por su trayectoria se podría esperar que tiene sensibilidad hacia las necesidades del consumidor, tiene una oportunidad de oro para empezar a construir su legado, enmendado en la medida de lo posible en el reglamento de la Ley, algunos de los aspectos negativos de la legislación.

Esperamos que el reglamento de la Ley no eleve en mayor medida los costos de operación de estos alquileres turísticos, que en medio de la pandemia, han visto decrecer sus ingresos de forma abrumadora. La mayoría de las opciones turísticas que existen hoy al alcance del bolsillo de los consumidores de menores ingresos se encuentran justamente en estas plataformas que solo llegaron a facilitar una actividad de alquiler vacacional de casas, apartamentos y otras propiedades que se venía desarrollando desde hace muchos en nuestro país.

El sector turístico en general también se ve beneficiado por la existencia de múltiples plataformas que impulsan el hospedaje no tradicional y el hotelero en general. Las personas con más experiencia en el gremio saben que la existencia de plataformas también permite el acceso al mercado de otras opciones como pequeños hoteles y cabinas.

Por esa razó, ponemos sobre la mesa algunos temas que podrían atenuarse desde el reglamento:

Simplificar requisitos y requerimientos. La propia experiencia de los consumidores y las calificaciones en las plataformas de hospedaje son la mejor herramienta de autorregulación para certificar la calidad del producto. Sin embargo, la ley obligó a crear un registro para una actividad que desde siempre ha sido legal en nuestro país y que según sus definiciones, cubre a todos los individuos que desean alquilar un inmueble por más de 24 horas o menos de un año y publican su anuncio en Internet, sea en una plataforma comercial o en un espacio en su red social favorita.

En este sentido, el ya cuestionable requisito de inscripción ante el ICT no debe ir acompañado de los típicos requisitos burocráticos. Debe ser un proceso tan fácil y sencillo como lo es anunciarse en dichas plataformas, de lo contrario será la propia autoridad quien promueva el incumplimiento.

Las reservaciones en plataformas tecnológicas también liberan de la restricción vehicular. No es justo que muchos consumidores y anfitriones de estas plataformas estén viendo limitadas sus oportunidades porque las autoridades no han podido aclarar que las reservaciones en estas plataformas también libran de la restricción vehicular sanitaria. En la lista de excepciones es muy claro que se exceptúan “hoteles, cabinas y cualquier otro establecimiento de alojamiento”, así que es momento que las autoridades anuncien con claridad que esta opción también existe. Solo así podremos evitar abusos policiales y multas desproporcionadas.

No perseguir a quienes participan esta actividad. Es importante recalcar que así como no se le piden requisitos espaciales a la redes sociales por comercializar servicios turísticos, ni deben pagar más impuestos que los establecidos ya en las recientes reformas, esperamos que los funcionarios eviten la tentación de pretender establecer responsabilidades adicionales, propias de excesos burocráticos y de voracidad fiscal.

Los consumidores empezaremos a pagar el IVA en estas plataformas tecnológicas a partir del 1 de octubre, los hoteles tradicionales y las opciones de hospedaje no tradicional, tendrán un marco uniforme de regulación. Solicitar algo más allá de lo anterior, tendrá uno de dos efectos inmediatos, o ahuyentará a las plataformas del país, lujo que no podemos darnos en la época de crisis económica, o sus costos se pasarán al consumidor final.

El desafortunado camino de esta Ley, que no nos cabe duda que tiene vicios de constitucionalidad, ha sido el de tratar “arreglar” algo que estaba funcionando perfectamente para complicarlo innecesariamente. El reglamento le ofrece al nuevo Ministro de Turismo una oportunidad única para pensar en el consumidor, rectificar la ruta, dejar su huella y darle un “poco de aire” al turismo, que es nuestra “gallina de los huevos de oro” y ahora cuando más la necesitamos. Ahora don Gustavo Segura, tiene la palabra.

Erick Ulate

Presidente

Asociación de Consumidores de Costa Rica