UCR advierte: Proyecto de ley pone en peligro recursos para sedes regionales
Karla Barquero [email protected] | Miércoles 18 abril, 2018 03:06 p. m.
La Universidad de Costa Rica (UCR) advierte que el proyecto N.º 20595 Ley de eficiencia en la asignación del gasto público, pone en riesgo fondos destinados a programas de regionalización de las universidades públicas.
La propuesta que fue presentada por los diputados Steven Núñez y Marcela Guerrero del Partido Acción Ciudadana (PAC), y que se votó afirmativamente en la Comisión de Hacendarios, propone derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas.
Entre las cuales se encuentra la Ley N° 7386 que, en el caso de la UCR asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general.
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De igual forma, las otras universidades públicas que perciben ingresos producto de esta ley, los destinan prioritariamente a sus actividades en sedes regionales.
Este tipo de ingresos se constituyen en rentas propias para las universidades estatales, por lo que eliminarlas reñiría con lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política, que indica que el Estado dotará de patrimonio propio a las universidades estatales y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.
Esto supondría que el texto tenga vicios de constitucionalidad.
Los rectores de las universidades públicas ven también con preocupación el artículo 4 del proyecto en el cual se establecen los criterios para la asignación presupuestaria, ya que no son suficientemente claros y podrían eventualmente ser interpretados de manera antojadiza.
Otra de las preocupaciones es que aunque se trata de un proyecto que atañe a las universidades públicas, no fue enviado en consulta a estas instituciones ni tampoco al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
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Por esto, los rectores externaron sus inquietudes ante los diputados Steven Núñez y Javier Cambronero del PAC, y Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia.
Además, acordaron enviar una propuesta de texto sustitutivo que elimine los elementos del proyecto relacionados con el financiamiento de las universidades públicas que puedan resultar inconstitucionales y que garantice que los recursos sigan creciendo en condiciones idénticas al aumento del FEES, como lo establece la ley actual.
