“Tijeretazo” al deporte nacional
Walter Herrera [email protected] | Martes 08 noviembre, 2022
El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) necesitó hacer un significativo ajuste a la proyección presupuestaria de 2023, debido a la disminución de más de ₡3.200 millones, en dos de sus principales fuentes de ingresos: la Ley Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, y las transferencias corrientes provenientes del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, motivo por el que sus programas, proyectos y transferencias a entidades deportivas serán menores a las planeadas.
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“El Icoder no escapa al recorte presupuestario ordenado a todo el sector público, por lo que hemos tenido que hacer un ajuste cercano al 30% en todas las áreas de la institución: en gastos internos administrativos, en aquellos programas de promoción del deporte, la recreación y la actividad física que ejecutamos en coordinación con las comunidades y los comités cantonales, inversión en infraestructura deportiva, así como en los aportes que habríamos querido hacer a las entidades deportivas”, indicó Donald Rojas, director nacional del Icoder.
El director nacional recalcó que, para garantizar el aporte a las entidades, el Icoder también realizó recortes en su presupuesto operativo.
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“Los nuevos montos aprobados por el instituto para las asociaciones y federaciones no son producto de una decisión antojadiza, sino que corresponden al análisis técnico y la categorización de entidades con la que trabaja el Departamento de Deporte y Recreación. La fórmula aplicada permitió que la reducción impactara de forma equivalente a todas las entidades”, detalló Rojas Fernández.
En lo que respecta a transferencias a entidades de representación nacional, el Icoder asignó para el 2023 un total de ₡1.400 millones.
Por su parte, ₡113 millones se distribuirán entre las entidades sin representación nacional.
Estos dineros no contemplan aquellas iniciativas dedicadas a la promoción del deporte y la recreación en la población con discapacidad, en vista de que esos recursos se asignan por otra vía, según los términos de la ley.
