Tarifas justas en los servicios públicos
Leiner Vargas [email protected] | Martes 24 febrero, 2015
¿Quién es el que tiene la razón? ¿Será el consumidor, será el productor o proveedor del bien o servicio o será el regulador de precios?
Reflexiones
Tarifas justas en los servicios públicos
Existe siempre un interés público al regular un precio, ya sea el precio de la moneda, el precio del servicio de internet o de teléfono o una tarifa de agua, luz o de transporte.
La definición de la tarifa no es una tarea fácil de atender y requiere un conjunto de condiciones esenciales. Los precios o tarifas de los bienes regulados son entonces de un enorme interés público, dado que asignan de forma especial los recursos en la economía y con ello, determinan los incentivos tanto para la cantidad como la calidad de los mismos.
No es extraño entonces que cuando exista regulación tengamos presiones de regulados por intentar intervenir e interferir en las acciones del regulador, ya se trate de las empresas proveedoras del servicio o de los consumidores del mismo.
Una tarifa justa debería compensar de forma razonable los costos de producción del bien o servicio público regulado, en tanto sean costos de relativa eficiencia, así como los rendimientos o rédito para el desarrollo, según sea el caso, que permita mantener el interés del empresariado en proveer dichos servicios al país.
Al mismo tiempo, la determinación del precio de un bien o servicio debería dejar claro el nivel de calidad del bien o servicio y no permitirle a la empresa proveedora desmejorar el servicio entregado, una vez aceptado el nivel de precios.
No es poco común, encontrar una relación entre calidad y precio de los bienes y servicios, por lo que el control de calidad y la adecuada supervisión del mismo es fundamental para proteger al consumidor final de una clásica situación de mercados regulados, el interés del prestatario del bien o servicio de echarle más agua a la sopa, por lo que el caldo queda más ralo.
Es relativamente común encontrar estos debates en los diferentes escenarios de discusión de tarifas públicas, ya sea las audiencias de la ARESEP o las discusiones sobre rebajas o aumentos de precios, por lo general las segundas, presentes en los medios de comunicación.
Entonces, ¿quién dice la verdad?, ¿es el ciudadano que utiliza el transporte público un chineado por querer recibir la cantidad y calidad de los servicios por los que paga? ¿Es el ICE que se gasta muchos millones en defender una tarifa eléctrica en medios a la alza? ¿Será que las empresas de telecomunicación se han puesto de acuerdo en deteriorar la calidad del servicio celular 4G?. O será que los consumidores de teléfonos inteligentes ya no podemos ni siquiera tener el servicio de voz, en otro momento resuelto para la cobertura al menos en el Valle Central, que funcione de manera continua.
¿Quién es entonces el que tiene la razón? ¿Será el consumidor, será el productor o proveedor del bien o servicio o será el regulador de precios?
Leiner Vargas Alfaro
www.leinervargas.com
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