Sala IV acoge acción municipalista contra regla fiscal
Danny Canales [email protected] | Miércoles 21 agosto, 2019 11:57 a. m.
La intención del Ministerio de Hacienda de someter a las municipalidades a la regla fiscal quedó en suspenso este miércoles.
Ello luego de que los magistrados constitucionales acogieran para su estudio una acción de ilegalidad, presentado por Laura Chaves, alcaldesa de Alajuela, la cual cuenta con el respaldo de las asociaciones municipalistas.
La regla fiscal impone un tope de crecimiento del 4.7 % en los gastos corrientes de los gobiernos locales del próximo año.
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Mediante esta directriz, el Ministerio de Hacienda trata de crear un aporte ordenado para que las finanzas sean sostenibles, según Rocío Aguilar, quien ha advertido que las finanzas sostenibles no son un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el mayor bienestar del país.
Pero argumentando que el artículo 170 de la Constitución Política da autonomía a los municipios para dictar sus presupuestos, y que el artículo 175 establece que es la Contraloría General la que debe aprobarles estos planes de gasto, es que los alcaldes están solicitando que se les excluya de la lista de instituciones que deben someterse a esta medida.
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Además, defienden que de los ₡596 mil millones que perciben los ayuntamientos anualmente, sólo el 16 % pertenecen a transferencias del Poder Ejecutivo y el 82 % se da por el cobro de los impuestos de bienes inmuebles y construcción y patentes.
“No somos los municipios lo que generan un déficit a los recursos del Gobierno Central, ya que las transferencias del Estado a las municipalidades representan un aproximado del 1 % de los recursos que nosotros recibimos”, aseguró Chaves.
En el mismo sentido, los representantes del régimen municipal defienden que cada municipio es un administrador tributario, por lo que la aplicación de la regla fiscal violenta la autonomía municipal, agregó Gilberto Monge, alcalde de Mora.
“Limitar el presupuesto restringe el crecimiento presupuestario en algunos gastos corrientes, limita la prestación de servicios como la seguridad, mediante el monitoreo y de la policía municipal”, enfatizó Monge.
Otros programas que se verían afectados de someterlos a la regla fiscal serían los relacionados a cultura, recreación y deporte, a criterio de los alcaldes.
