Anuncian recursos legales y posible denuncia ante la OIT
Sindicatos defenderán tope de cesantía de 20 años con todo su arsenal
Zozobra entre empleados públicos por nuevo límite de 12 años
Esteban Arrieta [email protected] | Martes 08 enero, 2019
Demandas a nivel nacional e internacional es lo que anuncian los sindicatos, para oponerse a la aplicación de un nuevo límite al tope de cesantía de 12 años.
Esto no solo ha generado zozobra entre los empleados públicos a punto de pensionarse, sino también molestia entre sus líderes gremiales.
Acudir a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para demandar al país por violentar los derechos adquiridos, es una opción sobre la mesa.
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Con la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la cesantía pasa de 20 a 12 años para todo el sector público, incluidas las instituciones autónomas.
La modificación se aplicará de manera paulatina conforme se vayan venciendo las convenciones colectivas.
Esto, porque la nueva ley obliga al patrono a negociar los contratos de trabajo hacia la baja.
En el caso del INS y de Japdeva, la aprobación de la ley fiscal se dio en media negociación entre el sindicato y el patrono, por lo que los trabajadores de esas dependencias serían los primeros en ser afectados por la nueva medida.
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Mientras el proceso de diálogo entre las partes esté vigente, las condiciones del contrato se mantienen.
Esto quiere decir que el límite de 20 años se mantendrá por unos meses más.
Sin embargo, decenas de trabajadores se han acercado a los líderes sindicales para preguntar por la situación y no se descartan renuncias masivas en los próximos meses.
Se trató de verificar esta versión con las autoridades competentes, pero el cierre de final de año evitó conocer los datos.
La cesantía es un derecho laboral contemplado en el Código de Trabajo, con el objetivo de brindar a las personas una compensación económica por cada año laborado equivalente a prácticamente un salario por año.
La idea es brindar un sostén por pérdida de empleo, o por jubilación.
Para todos los trabajadores del sector privado el máximo es de ocho años y solo se entrega cuando hay un despido con responsabilidad patronal, o bien, cuando el trabajador alcanza la edad y cuotas para jubilarse.
En el caso de los burócratas de instituciones autónomas, el derecho se calcula con un tope de 20 años.
Preocupados
El cambio en el tope de cesantía ha generado molestia entre los trabajadores del sector público, quienes anuncian recursos legales e incluso la posibilidad de acudir a la Organización Internacional de Trabajo para oponerse.
Juan de Dios Cordero
Coordinador
FIT-ICE
Muchos compañeros tenían una expectativa de tope de cesantía y con base en ella, habían establecido todo un plan, ya sea para pagar deudas o hacer inversiones.
Que se haya aprobado una ley como esta, sin incluir un transitorio nos parece a nosotros un abuso.
Los diputados y el gobierno engañaron a los trabajadores diciendo que no regiría de manera inmediata, cuando será así.
Estamos analizando opciones legales.
Xiomara Rojas
Secretaria
Siteco
Los sindicatos que yo represento que son los policías, el MAG y los Cen Cinai, apenas tienen un tope de cesantía de ocho años. Ahora bien, usted me pregunta qué opino de bajar de 20 a 12 años el tope, pues no lo sé, pienso que se debe hacer un estudio para ver cuánto es lo justo. No se pueden tomar medidas inmediatas y sin sustento.
José Luis Soto
Secretario
UPINS- INS
Para nosotros el límite que se establece en el proyecto fiscal es inconstitucional y por ello, estamos analizando opciones.
La cesantía tiene que mantenerse en 20 años porque es un derecho adquirido de los trabajadores.
De ser necesario acudiremos a la Organización Internacional del Trabajo.
Algunos compañeros están preocupados, porque casualmente estamos en un proceso de negociación, pero yo les digo que no lo estén, porque la cesantía es un derecho adquirido.
Antonio Wells
Secretario
Sindicato de Japdeva
En noviembre venció nuestra convención y estoy seguro que la administración buscará reducir de un tajo la cesantía a 12 años como dice el plan fiscal.
Sin embargo, nosotros vamos a hacer uso de todos los instrumentos legales a nuestra disposición para evitarlo.
Muchos compañeros que están en edad de pensionarse están preocupados y es normal, porque se trata de mucho dinero.
Los cambios
El plan fiscal recorta los pluses que hoy reciben los funcionarios públicos.
Algunas de las medidas, tendrán que esperar a que venzan las convenciones colectivas —como es el caso del nuevo tope de cesantía—, mientras que otras se ejecutarán a mediados de año.
Los cambios rigen para todo el sector público, incluidas las instituciones autónomas.
- Crear nuevos incentivos por parte del patrono queda prohibido
- Renegociar las convenciones colectivas deberá ajustarse a lo estipulado en la nueva ley
- Eliminar la modalidad de pago bisemanal que otorga más salarios al año
- Quedará en 12 años, en vez de hasta 20 años la cesantía
- No reconocer puntos por carrera profesional cuando el gobierno o la institución pública pague la capacitación
- No hacer el pago doble por concepto de discrecionalidad y confidencialidad
- Eliminar el pago doble de incentivo por prohibición y dedicación exclusiva
- Ubicar el plus de dedicación exclusiva entre 10% y 25% —a cambio del máximo actual del 50%
- Fijar la anualidad —que dependerá de una nueva evaluación— como un monto, y no un porcentaje adicional de hasta el 7% al año
Fuentes: Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas
Los incentivos
Los burócratas disfrutan de incentivos que elevan sus salarios y ponen en riesgo las finanzas del Estado, según la Contraloría General de la República.
289 mil la cantidad de funcionarios públicos
206 el número de incentivos detectados por la Contraloría para el periodo 2015-2017
7 pluses ligados a la evaluación de desempeño
24 el número de instituciones en que los incentivos superan el gasto en remuneraciones anualmente
6 El promedio de incentivos salariales diferentes por institución
88 el mayor número de incentivos para una sola institución en el caso del Ministerio de Educación
Fuente: Contraloría General de la República
