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Sin ojos para ver ni voz para denunciar

Alvaro Madrigal [email protected] | Jueves 25 agosto, 2016

La fertilidad legislativa es proverbial: en las dos últimas décadas se crearon más entes públicos que en todo el lapso 1950-1979

De cal y de arena

Sin ojos para ver ni voz para denunciar

El Estado costarricense es el más grande de Centroamérica, con más de 275 entidades del más diverso pelambre. Tenemos según los registros del Estado de la Nación seis órganos constitucionales, 19 ministerios o comisiones del Poder Ejecutivo, 102 agencias adscritas a otros entes, 81 institutos descentralizados, 45 entes públicos no estatales y 23 entes particulares, a lo que hay que adjuntar las 81 municipalidades y siete concejos de distrito. La fertilidad legislativa es proverbial: en las dos últimas décadas se crearon más entes públicos que en todo el lapso 1950-1979. Público y notorio es el esfuerzo institucional dirigido a regular y supervisar todo este enorme cuerpo de gobierno y administración: la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República, las superintendencias (en servicios públicos, pensiones, entes financieros y de seguros, valores), la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría de la Ética, el Ministerio Público… Esta tarea de regulación y supervisión está ligada al control del manejo de los presupuestos, de las competencias técnicas y de los planos legales y éticos, por virtud de una asignación de atribuciones que no siempre tienen el camino despejado para ejercerse pues ante ese enorme aparato institucional, la eficiencia y la eficacia del ejercicio de las potestades indagatorias y sancionatorias se desmejoran para goce de los ineptos y vivazos que practican aquello de que “hecha la ley, hecha la trampa”.
No hay que pasar por alto la vocación anidada en el mundo de la política que hace fáciles los nombramientos de los “pegabanderas” o de otros figurones de las campañas electorales que aun presumiendo de postín, carecen de las capacidades y virtudes básicas para las artes de gobierno y administración. De pronto se confió en la designación de representantes del sector privado (empresarios y trabajadores) como herramienta para depurar los deberes de integridad y eficiencia confiados a las instituciones públicas. ¿De qué ha servido si en su presencia y con su silencio se complicaron importantes instituciones como la Caja, Fuerza y Luz, RACSA, la banca, los Consejos del MOPT, INCOFER y numerosos etcéteras?
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Ahora revienta otro escándalo, esta vez en el mundo de las cooperativas. Se destapa no por obra de quienes están en el deber de anticipar, denunciar y corregir los vicios y corruptelas anidados a lo largo de décadas en CENECOOP sino como resultado de la investigación periodística atizada por la fetidez que sueltan las cosas en descomposición. En 30 años solo una vez ha sido auditado, a pesar de que le llegan fondos públicos desde INFOCOOP y de que sus congéneres le aportan el 2,5% de sus excedentes, montos que sobrepasan los ¢1.500 millones al año usados para minga y mandinga. En los registros de INFOCOOP hay 477 cooperativas activas. Pero en toda esa panoplia burocrática no hubo dinámica alguna capaz de inducir a rastrear a tiempo los pasos del CENECOOP. Cabe, entonces, cuestionar el silencio de las cooperativas indulgentes: reaccionan ahora, bajo la presión de la denuncia pública y quizás cuando ya sea tarde.

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