Roma 2021: el acuerdo global histórico

Carlos Camacho [email protected] | Martes 16 noviembre, 2021

Después de la caída del Imperio Romano, el evento mas importante de la historia civil de la Roma moderna ocurrió en un abrir y cerrar de ojos; con efectos que, desde aquel antiguo Imperio, no tiene precedentes.

136 países liderados por el G-20 y la OCDE ratificaron un acuerdo sin precedentes el pasado 30 de octubre. La condición de todo imperio es primero establecer las contribuciones, nunca voluntarias, sino impuestas, de ahí la denominación de impuestos, a las exacciones patrimoniales de los pueblos cubiertos por el Imperio.

Si bien el antiguo Imperio Romano tocaba suelo e imponía cargas tributarias entre otras consecuencias, aquí, sin que nadie se moviera de su lugar, ocurrió el nacimiento de una “Nova”: la ratificación de 136 países para contar con un sistema de imposición mínimo global de 15% a más tardar en el 2023.

El ajedrez político de alto nivel que implicó este acuerdo se compone de varios elementos.

En el seno de la OCDE y de la Unión Europea se baraja por la necesidad de equidad tributaria, desde hace años, el que exista un mínimo de tributación armonizada en el impuesto sobre la renta y sociedades.

Este aspecto histórico no es nada menor. La iniciativa europea no había encontrado cobijo en la economía de los Estados Unidos de América, donde a la vez se mantenía el concepto hegemónico de soberanía en materia de políticas fiscales.

En el marco de la destrucción de riqueza y fuentes de empleo en el mundo, como consecuencia de la endemia causada por la COVID-19, se retoma la discusión; ahora en el ámbito de la reconstrucción de las economías que se han visto de frente con una condición de carácter único: Una economía global implica la globalización también, de las consecuencias económicas.

El árbol de la globalización, que genera frutos tan dulces, también cuenta con hojas amargas que ahora estamos saboreando. La consecuencia económica de la crisis sanitaria, desde la crisis de los contenedores, microchips y desempleo, hasta movilizaciones masivas de personas buscando nuevos horizontes de vida. Hoy estamos viviendo la parte no escrita de la consecuencia de la globalización, que, como toda moneda, tiene dos caras.

Es en este contexto que la hábil Janet Yellen, secretaria del tesoro de los Estados Unidos, enarbola la urgencia de establecer un impuesto mínimo global del 21% para las empresas multinacionales y las de la creciente economía digital.

Con el acicate afilado con una propuesta absolutamente desproporcionada – la tarifa efectiva planteada – se sienta en la mesa de negociación con los ministros de finanzas de los países de la OCDE y algunos no miembros para plantear la urgencia y pertinencia de llegar a este acuerdo histórico.

Logra con una habilidad de negociadora experimentada, ceder en lo que era exagerado y llegar a una tarifa que es el promedio plantado por varios países europeos y otros países OCDE durante varios años de conversaciones. Discutían ellos en que la tarifa debía oscilar entre el 12 y el 17% de impuesto, el acuerdo se plantea en una tarifa del 15%.

El acuerdo logrado tiene una fecha de inicio clara: el año 2023. Es decir, todos los países debemos adecuar nuestra normativa al final del año próximo, para que la eficacia jurídica del acuerdo sea aplicable a la totalidad del período fiscal que inicial el 1 de enero del año 2023.

Debemos prestar atención particular en varios asuntos del acuerdo, para visualizar las amenazas y oportunidades que una economía como la costarricense debe tener en consideración.

Ya han alzado la voz sectores, en procura de mantener el estatus quo. Una conducta esperable y natural de quien goza de beneficios especiales que le hacen no tributar del todo en el impuesto sobre la renta por sus utilidades locales o bien, tributar efectivamente por debajo del 15%.

Es temprano para concluir la dirección que Costa Rica debe tomar en relación con este acuerdo del que es participe activo por ser país miembro de la OCDE. Más allá de esto, deben leerse bien las líneas estratégicas de los artífices del acuerdo global y las reyertas locales respecto de este cambio global.

Debemos entender que el impuesto mínimo global se plantea para las empresas multinacionales, con volúmenes de negocios que a nivel agregado global les den esa calificación. En Costa Rica tenemos muy pocas de ellas, sin contar con las subsidiarias de las que, de caer en dicha definición deberían pagar ese impuesto de todas maneras ya sea aquí o en el lugar donde esté su casa matriz.

Este detalle debe tenerse en cuenta: No es lo mismo defender intereses de empresas grandes a los ojos de una economía pequeña como la nuestra, en contraste con las empresas que serán sujetas a esta imposición mínima global del 15% de tasa efectiva de impuestos.

Al hacer política pública corresponde contar con este entendimiento técnico, para evitar “regalar” recaudación a la que eventualmente teníamos derecho, pero que fácilmente podríamos renunciar con los muy desteñidos argumentos de protección del estatus quo.

Por ejemplo, una empresa multinacional tiene presencia en diversidad de países, territorios o jurisdicciones donde puede estar tributando a tasas efectivas de un dígito bajo, sea menos del 5% sobre sus utilidades globales.

En este caso, si dicha empresa tiene una subsidiaria en Costa Rica que goza de algún beneficio de nula o reducida tributación, estamos ante la situación en la que, si nosotros no cobramos la porción de valor atribuido a la subsidiaria costarricense, seremos un país siempre atractivo en valor facial, pero no así, más competitivo, que si cobráramos el 15% sobre aquella utilidad.

El motivo para la anterior afirmación es simple; como la tasa efectiva del impuesto mínimo global es la suma de todos los impuestos pagados por la multinacional en cada uno de los países, jurisdicciones y territorios respecto de sus utilidades globales, al ser nula o menor la tributación de esa empresa en Costa Rica, el remanente de impuestos que no se le pagaron a nuestro país, se le pagaran al país donde radique su casa matriz, o el sitio desde donde se dirija, gestione y manejen sus decisiones de más alto nivel, excepto si está ubicada en un país donde no se tributa.

De manera sensata debemos seguir la pista a los detalles de los documentos finales para que nuestras políticas públicas, en concreto las de atracción de inversión extranjera directa, resultante de arbitrajes fiscales, se adecuen a esta normativa que escribiremos como economía global durante el próximo año. No sea que terminemos manteniendo esquemas igualitarios de exención para las empresas sujetas al impuesto mínimo global, tanto como para aquellas que no lo están.

Es un reto de revisión de la legislación de exenciones sectoriales, especialmente enfocado en el principio constitucional de igualdad, para que se trate de manera distinta a quienes son en apariencia similares, pero que, por esta condición novedosa de sujeción a la renta mínima global, deben ser tratados de forma diferente; evitando que el trato de igualdad aparente, solamente acabe siendo el “regalarle” impuestos subyacentes que no nos sobran en el país, a países más poderosos económicamente por el mero hecho de tratar de usar armas primitivas para luchar una nueva guerra de las economías globales.

El argumento de que, si quitamos exenciones a este o aquel, puede irse la inversión, seguirá siendo aplicable exclusivamente para aquellos que no sean sujetos a la imposición mínima global. De serlo, aunque se vayan, no importa adónde, les perseguirá como su sombra la tributación efectiva acordada en la capital del Imperio Romano.

Cuando aludo al sensato seguimiento de los detalles en desarrollo de estas normas, es precisamente que no debemos ser como el alumno más aplicado de la clase, para aumentar nuestra nota de concepto ante la maestra – la OCDE – pues, si no somos sensatos, puede que lleguemos a la imprudencia de hacer cambios que no estén acompasados con lo que países más hábiles estén haciendo.

Si bien el acuerdo es claro en tarifa y su concepto de impuesto efectivo, también hay reservas respecto de los tiempos de puesta en marcha por parte de los 136 países que nos hemos embarcado en esta aventura global.

Esta discusión no debe distraer la necesaria y urgente reforma fiscal que debe hacer Costa Rica para lograr el acuerdo de desembolsos futuros con el Fondo Monetario Internacional. No dejemos que se nos empañen los lentes de la de por sí difícil visión país, en momentos donde la mezquindad electoral nos puede llevar al borde del abismo económico, con un estado de la economía apenas en modo de respiración artificial, con lo que terminaríamos ahí sí, destruyendo el remanente del parque empresarial costarricense.

El próximo gobierno tendrá la tarea de poner en marcha las reformas que se requieren para cumplir con el acuerdo de Roma. Un aspecto que no debe mezclarse con la dudosa posibilidad de esta administración de lograr un acuerdo político, ante su demostrada incapacidad de diálogo y respeto de la división de poderes, la pérdida de la credibilidad y la capacidad persuasiva que requiere para lograr que las reformas del Estado se den antes que sea demasiado tarde. La crisis actual está a horas de tener que resolverse, aquello otro, lo del impuesto mínimo global, que requiere de inteligencia, se lo dejaremos a una administración que, con poco, será superlativamente más sagaz e inteligente que la actual.

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