Opciones judiciales en Costa Rica se agotaron, tras perder en casación

Riteve perdió demanda contra el país

Empresa pedirá ¢200 mil millones en juicio en el exterior

Las esperanzas de Riteve por encontrar una vía judicial que le permita un alza en las tarifas de revisión técnica se han desvanecido por completo, tras la sentencia en firme que rechaza el recurso de casación interpuesto por la empresa.
Así lo concluye una resolución de la Sala Primera, emitida el 5 de diciembre del año anterior.
Previamente, Riteve recibió en 2012 la negativa por parte del Tribunal Contencioso Administrativo.
El consorcio español reclama que el Estado, desde 2004, se ha negado a subir las tarifas de revisión técnica de vehículos.
La fijación de este monto está en manos de Aresep, entidad que no cuenta con un modelo para realizar esta labor.
Ahora, tras perder en casación, la empresa se aferra al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en Washington.

El proceso inició hace dos años y ya finalizó la etapa de audiencias, por lo que ahora solo queda el fallo final, el cual se daría en un plazo aproximado de un año.
La demanda se remonta a 2005, cuando la empresa reclamaba unos ¢11 mil millones; ahora el monto que piden en el arbitraje ronda los ¢200 mil millones.
Acerca del proceso de arbitraje, Fernando Mayorga, gerente de Riteve, afirmó que es la empresa de Supervisión y Control la encargada del tema, y que no tiene conocimiento mínimo del tema.
En lo que respecta al fallo de la Sala I, Mayorga reconoció que el recurso de casación representaba la última fase de la demanda en el país, por lo que lo único que resta es valorar otras instancias.
Los intentos de la empresa por subir las tarifas de la revisión técnica han sido consistentes en los últimos años, luego de que en 2012 se les renovara por diez años más el contrato con el Estado.
En esa ocasión, la solicitud de actualización de tarifas correspondía a un aumento de hasta el 157% en los precios de la revisión, dependiendo del tipo de vehículo.
La empresa, con este ajuste, buscaba cobrar unos ¢25 mil a los vehículos livianos, cifra que vendría a triplicar el costo actual para los usuarios.

Luis Fernando Cascante
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