Ministerio de Justicia canceló monto adeudado a la ESPH
Resuelta disputa por tobilleras electrónicas
En Costa Rica hay unas 1.400 personas que portan este dispositivo como medida alternativa
Johnny Castro [email protected] | Miércoles 12 junio, 2019
La disputa que mantenían el Ministerio de Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por la disponibilidad de tobilleras electrónicas se resolvió de forma satisfactoria el viernes.
Esto después de que el Ministerio cancelara el monto de marzo por concepto del alquiler de los equipos colocados como beneficio alternativo de ejecución de la pena a personas indiciadas o condenadas por algún delito.
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“Tras la denuncia pública hecha por la ESPH a finales de la semana pasada, el Ministerio de Justicia se puso al día en tiempo récord con las obligaciones de pago con la Empresa, pasando de realizar estos trámites en 60 días, a un par de horas como ocurrió el viernes con la gestión de pago correspondiente a marzo”, aseguró la oficina de prensa de la ESPH a LA REPÚBLICA.
La ESPH señaló que no caerán en un juego de palabras con el Ministerio, por lo que consideran más sano para el país aclarar la situación ante la Contraloría General de la Republica, a quién remitirán los aparentes incumplimientos de pago y las pruebas que demuestran la robustez de la herramienta.
“El proyecto de monitoreo de privados de libertad es un proyecto robusto, exitoso y con tecnología de alta gama suiza, que nos permite brindar un servicio a la vanguardia tecnológica según los requerimientos del Ministerio de Justicia y Paz”, agregaron los encargados de comunicación.
El Ministerio de Justicia había denunciado que no podrían colocar tobilleras electrónicas en junio ante un faltante de las mismas, a pesar de la ESPH se había comprometido por contrato a la entrega de unidades en el plazo de ocho horas de ser notificada.
La ESPH señaló que el Ministerio le adeudaba cerca de $1,5 millones por concepto del servicio prestado durante dos meses, situación ante la cual el Ministerio indicó que el pago por el servicio se encontraba dentro de los 45 días hábiles pautados.
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En Costa Rica hay 1.400 personas que portan una tobillera electrónica, una medida que les permite el beneficio de casa por cárcel y movilizarse en distancias cortas, al ser monitoreadas por personal de Policía Penitenciaria.
