Reforma al Conesup no atiende requerimientos de competitividad nacional: Ulacit

El expediente que propone una reforma al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) no atienda los requerimientos sociales ni de competitividad nacional, advierte la Ulacit que enumeró una serie de razones para que sea rechazado.

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Entre esas:

1. Considera que la acreditación obligatoria ante Sinaes es ilegal, socialmente inconveniente e innecesaria; ya que solo es obligatoria para casas de enseñanza privadas. tema en el que la Procuraduría indicó que podría tener roces de inconstitucionalidad.

Además, Sinaes es una entidad adscrita al Consejo Nacional de Rectores de las universidades estatales. "Someter a las universidades privadas a la fiscalización por parte de las universidades públicas presenta serios conflictos de interés y atenta contra la misma existencia del sector universitario privado", afirma la universidad.

También, esto representará un aumento de los costos de las universidades, lo que se trasladará a los alumnos, encareciendo su educación.

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2. Se propone controlar tarifas, según un modelo técnico que proponga el Conesup. Esto sería ilegal, ya que prohíbe las conductas que afectan la libre competencia en los mercados.

"Es socialmente inconveniente, ya que genera distorsiones en el mercado universitario privado y riesgos a la inversión, con la consecuencia de deprimir las tarifas y generar problemas serios de calidad, por desfinanciamiento", detalla Ulacit.

3. La reforma no fortalece la calidad de la educación superior privada: No mejoran los tiempos de respuesta, ni sanciones al ente fiscalizador por incumplimiento a los tiempos de respuesta.

Permite al Conesup exigir la implementación de recomendaciones de cualquier ente externo que considere pertinente sobre los planes de estudio de las universidades.

"Esto es una violación a la libertad de enseñanza y se presta para la imposición de visiones ideológicas", añade.

Además, atenta contra la innovación, la internacionalización y la virtualización.

Y también, con esto pretende cobrar a las universidades por ser fiscalizadas, para ejercer su libertad constitucionalmente garantizada.