Proyecto de ley del bloque municipal es urgente y necesario

• Contribuyentes están esperando medidas locales para enfrentar crisis

• Lograr estas medidas requiere de iniciativas realistas para reforzar y agilizar la gestión financiera de los gobiernos locales

En el mundo entero se vive una emergencia, desde distintas perspectivas, por los efectos que el COVID-19 han generado en la población, industria, economía, entre otros. Imagínese por un momento que a ese panorama le empecemos a añadir la acumulación de los residuos que se generan en los hogares costarricenses o que los policías municipales se sumen a la lista de desempleados a nivel nacional, este escenario no es lejano si como costarricenses no nos ponemos las pilas y pensamos en que las municipalidades son entes públicos no subsidiados, sino que generan sus recursos desde la recaudación.

En el primer trimestre del 2020, las municipalidades se vieron fuertemente golpeadas por una baja recolección de impuestos, este panorama empeora para el segundo trimestre, ante esta realidad, el sector municipal urge de aportarle al ciudadano, opciones para hacerle frente al pago de tributos, pero al mismo tiempo, requiere medidas que puedan dar sostenibilidad a los servicios que cada contribuyente se merece, sobre todo los que corresponden a salud y orden público.

Los 89 comités locales de emergencia están activos y realizando en todo el territorio las acciones necesarias para cuidar la salud de sus comunidades. Por ejemplo, fiscalización de miles de locales comerciales, miles de espacios públicos cerrados y desinfectados, servicios en línea, horarios especiales de atención para adultos mayores, apoyo en la entrega de medicinas, la recolección de residuos se ha garantizado en cada cantón del país, donación de alimentos y artículos de limpieza, entre muchas otras labores, con más de 1000 policías municipales y otros colaboradores sumados a estas tareas.

Por respeto a las expectativas de la ciudadanía, es necesario ser claros en que la materia tributaria está sujeta al principio de reserva de ley; es decir, que adoptar medidas tributarias en favor de la ciudadanía pasa inevitablemente por la Asamblea Legislativa. Además, es necesario aclarar que la única alternativa responsable, realista y sostenible de ofrecer apoyo a los contribuyentes es que vayan acompañados de otras medidas que ayuden a reforzar y agilizar la gestión financiera de las municipalidades ante la disminución de sus ingresos como consecuencia de la pandemia.

Por esto es que el régimen municipal, representado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales y por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, presentamos a los legisladores (as) una propuesta integral que, sumada a sus iniciativas, fue la base para el proyecto de ley N° 21.922, “Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19”; el cual fue respaldado por más de 40 diputados de prácticamente todas las fracciones legislativas.

Este proyecto promueve ayuda inmediata a los contribuyentes a través de arreglos de pago por períodos de hasta 24 meses, así como suspensiones temporales de patentes para detener el cobro. Contempla moratorias para los patentados e inquilinos de mercados que redujeron sus ingresos en más de un 20%, también para los contribuyentes que vieron afectada su condición laboral. Cada municipalidad deberá establecer un plan de moratorias que detallará plazos del beneficio, términos y a cuáles obligaciones se aplicará.

Al mismo tiempo se habilitan medidas para reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la disminución de sus ingresos. Destaca la intención de asegurar los recursos para invertir en la red vial, ajustar topes al gasto administrativo ante la disminución de ingresos, usar recursos de vigencias anteriores para generar liquidez y la suspender temporalmente transferencias a otras instituciones del Gobierno que no ofrecen servicios de primera necesidad. Estas acciones coinciden en una misma tesis, dejar a los Gobiernos Locales usar los recursos con los que ya cuentan.

También se corrige el error de aplicar la regla fiscal en el régimen municipal que, debe reiterarse con toda claridad, no tiene ningún efecto en reducir el déficit fiscal del Gobierno Central. Además, que es casi un hecho que la deuda del Gobierno Central alcanzará el 60% del PIB, lo que implica según la Ley N° 9635 que la regla fiscal va a restringir ya no solo el gasto corriente sino también el gasto de capital. Es decir, una municipalidad podría tener los recursos para una carretera o para mejorar instalaciones deportivas, sin poder gastarlo por haber alcanzado el tope de la regla.

Contrario a lo que irresponsablemente han señalado algunos, este proyecto no viene a promover más gasto en las municipalidades, sino que, a partir de medidas temporales y excepcionales, resguarda la operación municipal. Con respecto de la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el mayor problema es que las municipalidades pagan a RACSA por tarifa mensual entre $1.000 y $7.000, y entre $1.000 y $5.000 por costo de implementación inicial.

Este proyecto es urgente y necesario, de no aprobarse en un corto plazo se privaría a los Gobiernos Locales de las herramientas para que sigan cumpliendo su rol y brindando sus servicios a la población. Hacemos un llamado público y respetuoso a los legisladores (as) para apoyar esta iniciativa municipal.

Karen Porras

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Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales