Por la puerta de atrás…
Luis Alejandro Álvarez [email protected] | Miércoles 18 julio, 2018
Por la puerta de atrás…
El 11 de julio quedará marcado como un triste recuerdo en los anales de la historia de la Patria.
La Corte Plena acordó dar una amonestación escrita a los magistrados de la Sala III que en febrero de 2017 acogieron una desestimación en favor de los entonces diputados Guevara Guth, del Movimiento Libertario, y del independiente Víctor Morales Zapata, ex PAC y amigo del expresidente Solís, por el supuesto delito de tráfico de influencias en favor del empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Esta decisión no ha sido de recibo.
Los integrantes de la Corte Suprema, en esa votación secreta, nos han dado una bofetada en la cara a todos los costarricenses.
La reacción de indignación ha sido general y recorrió el país a lo largo y ancho, y ha quedado claro que los ciudadanos no están dispuestos a aceptar que haya impunidad ante serias falencias en el ejercicio de su cargo de este grupo de magistrados.
La Corte ha rectificado, y en una nueva votación del 16 de julio, han alcanzado y superado los mínimos de ley para tener por “falta grave” la conducta de los cuestionados.
Cambia la sanción y se les suspende por dos meses, sin goce de salario.
En buena hora que se da el cambio de criterio, ya que Costa Rica no puede permitir que el Poder Judicial se vea perjudicado por falta de credibilidad y de autoridad, de sus máximos jueces de la República.
En las manos, y conciencias de los 22 integrantes de la Corte Plena está la credibilidad de un Poder, pilar de la institucionalidad, que en la práctica cada vez más se aleja del derecho que nos consagra la Constitución Política de una justicia pronta y cumplida.
Tenemos que creer en una Corte Suprema que sea transparente y que aplique la ley, sin mirar a otro lado.
Los magistrados sancionados deberían presentar su carta de renuncia. Le harían un favor al país.
Carlos Chinchilla, el presidente de la Corte hasta el lunes 16 de julio, ha decidido salir por la puerta de atrás, acogiéndose a una pensión.
Sigue los pasos del fiscal Chavarría que igual se retiró, al salir a la luz pública el mal manejo de los asuntos a su cargo.
Queda pendiente la investigación de parte de la Fiscalía sobre las actuaciones de los magistrados que a partir de ahora estarán sancionados, y de las responsabilidades penales y civiles que correspondan. Ahí no hay salida fácil.
Está en manos de la fiscal general continuar con su tarea de demostrar que el sistema funciona, y que no importa cuál funcionario sea el que incumple con sus deberes, o comete un ilícito, pero que igual está expuesto a recibir el peso de la ley.
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