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Políticos disfrazados de Colacho

Alvaro Madrigal [email protected] | Jueves 24 diciembre, 2009



De cal y de arena
Políticos disfrazados de Colacho

Las promesas de los políticos en campaña electoral son como los juegos de pólvora: su duración es efímera y su encanto pasa rápidamente. Difieren, en cambio, en que esas promesas, reiteradas con monotonía cansina e incumplidas con el desparpajo propio de las conductas humanas habituadas a la impunidad, terminan provocando hartazgo y desprestigio. Por ahí debe andar la constante porcentual del abstencionismo en las elecciones costarricenses que con candorosidad imperdonable en una institución de su jerarquía, el Tribunal Supremo de Elecciones pretende abatir con ese pregón de que “Costa Rica es pura vida”, una pedrada al sentimiento de los marginados, a esa quinta parte de la población costarricense que vive sumida en la pobreza y a ese 3,5% que padece el azote de la pobreza extrema. Obviamente, en plena campaña, los pobres son el punto focal de las promesas de los políticos. Promesas las de hoy del mismo jaez de aquellas que en otras campañas hablaron de más y mejores oportunidades, de justicia social y de techo y empleo. Nada ha cambiado mientras la inequidad se profundiza y la pobreza ocasionalmente se reduce unos pocos puntos que luego recupera. Los contenidos de las promesas no varían y los candidatos repiten el libreto de la besuqueadera y los arrumacos con chiquitos meados. El recetario que se les entrega, atropelladamente puesto al día, pretende dar señas de sensibilidad social en los precarios donde ofrecen el oro y el moro. ¿Qué grado de confianza y entusiasmo pueden generar en esos compatriotas conscientes de estar marginados y burlados y a quienes les llega esta noche de 24 de diciembre no tan buena?

La sociedad costarricense no ha podido abatir los estigmatizantes índices de pobreza porque los políticos siguen tomando a la ligera este grave problema. La acción de gobierno no pasa de los paliativos diseñados para producir cambios superficiales, lejos de ser los mecanismos redistributivos, diferentes de y más ambiciosos que la inversión social. Lo confirman los resultados de la gestión social del gobierno actual que incrementó el gasto en cinco puntos porcentuales entre 2005 y 2008 y expandió un 43% los gastos dirigidos a los grupos más vulnerables, a pesar de lo cual no se removieron los factores estructurales que inciden en la existencia “dura e imbatible” de un quinto de la población en la pobreza y, ahí adentro, de quienes viven en una peor condición que es la de la exclusión social. ¿Qué pueden pensar de los gobernantes todos esos 600.000 asalariados aplastados por la ley del más fuerte, es decir, por el matonismo de los patronos que les pagan un sueldo inferior al mínimo de ley? Según el último Informe del Estado de la Nación si estos 600.000 ciudadanos recibieran el salario básico de ley, el índice de pobreza bajaría del 17,7% al 11,1% y la pobreza extrema del 3,5% al 1,5%. Pero ¿cuál político va a ponerle el cascabel al gato?

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