Política criminal, narcotráfico y delincuencia organizada

Merecen aplauso los esfuerzos realizados por el nuevo gobierno, encabezados por el señor Ministro de Seguridad Pública, para enfrentar la gravísima crisis de criminalidad que atraviesa el país. El año pasado, se registró la tasa de homicidios más alta de nuestra historia, triste estadística que pareciera superaremos este año. Hoy vivimos una realidad que hasta hace poco parecía lejana, cosa de “otros países” pero no de la apacible Costa Rica. Así pues, la toma de acciones debe ser inmediata.

Fenómeno criminal. Sin embargo, no debemos quedarnos en medidas de alcance limitado, que no atacan la raíz del problema. La criminalidad organizada y el narcotráfico son fenómenos complejos, que se nutren de diversas causas, que tienen componentes nacionales y transnacionales, una sofisticación tecnológica cada vez mayor y recursos económicos enormes. Por eso, “sacar” la policía a las calles y realizar “megaoperativos”, puede ser necesario en el contexto de crisis actual, pero es insuficiente. Países como Colombia y México recurrieron incluso al ejército para combatir el narcotráfico, sin lograr con ello erradicar el problema.

Política criminal. Así pues, conviene diseñar una política criminal global, entendida como una estrategia jurídica y social para combatir de manera eficiente este fenómeno criminal. Mediante una reflexión profunda, hay que definir una estrategia integral de combate del crimen, con medidas y objetivos de corto, mediano y largo plazo. Un abordaje de política criminal nos permite, además, ir más allá de las medidas de represión policiales o judiciales, para integrar acciones distintas, que pueden provenir tanto del Estado cuanto de la misma sociedad.

Enfoque global. Por ejemplo, existe una correlación entre el uso de drogas y la criminalidad, los adictos cometen más delitos y son arrestados con más frecuencia que quienes no lo son. Reprimir y sancionar a estas personas no basta. Para romper el círculo de criminalidad hay que darles atención médica y ayudarles a salir de la drogadicción. Mejor todavía si prevenimos la adicción y evitamos que la juventud caiga en este flagelo. Así pues, la lucha contra la drogadicción no es una cuestión puramente de salud pública, sino que puede y debe formar parte de un enfoque más global, como una de varias estrategias para luchar contra la criminalidad.

En la misma línea, los mal llamados “barrios conflictivos”, donde actualmente se concentran los “megaoperativos” policiales, tienen altos índices de pobreza, de desempleo y hacinamiento. Allí se vive en carne propia el fenómeno de exclusión social. Por eso, el acceso a una educación de calidad, a un empleo digno, la igualdad de oportunidades, no sólo son derechos humanos y justas aspiraciones de cualquier persona, sino que también deben concebirse como herramientas de una política criminal integral.

¿Más eficacia o mayores sanciones? Finalmente, no debemos caer en la tentación punitiva, en la solución simplista de “penas más duras y más cárcel”. Aunque puede haber casos donde tales medidas sean pertinentes, el problema de nuestro sistema penal no es tanto el quantum de la sanción, sino la ineficacia en la represión. ¿De qué sirve la amenaza de una pena grave, si al que inicia su “carrera delictiva” con un asalto callejero lo “soltamos” veinte veces? ¿No sería mejor sancionarlo a la primera y condenarlo a realizar trabajo comunal? ¿Cuál respuesta estatal tiene mayor valor pedagógico? Una justicia que sanciona eficazmente, aunque con una pena menor, es una justicia mejor que la que amenaza con una pena mayor, pero raramente aplicada. Por eso, la reflexión de esta política criminal debe incluir un análisis y redefinición de los sistemas de represión y de sanción actuales. El desafío es grande, pero lo que está en juego es nuestro modelo de convivencia y nuestro futuro.

 

Rodolfo Brenes Vargas
Doctor en Derecho Penal
Brenes Vargas
[email protected]
www.brenesvargas.com
4700-7083