Patronos tendrían que enfrentar violencia doméstica

Los trabajadores que sean víctimas de violencia doméstica no podrían ser despedidos y las empresas tendrían que ofrecer licencias con goce de salario o flexibilidad laboral, en caso de que Costa Rica ponga en ejecución un convenio adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, el convenio podría generar múltiples interpretaciones erróneas, “pues abre muchos portillos gracias a un texto ambiguo”, según Gonzalo Delgado, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).

El convenio se aprobó en el marco del congreso de OIT y establece una relación entre violencia doméstica y el entorno laboral, que no cuenta con el respaldo del sector productivo.

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“Estas medidas no son para los Estados si no para las empresas, lo cual conlleva una serie de complicaciones importantes y es evidente que la inclusión de la violencia doméstica creará situaciones complejas en el mundo laboral, cuando realmente corresponde a la esfera del derecho penal y del Derecho de Familia, tal y como ya lo establece nuestra legislación”, dijo Delgado.

En ese sentido, el sector productivo envío una carta al Presidente Carlos Alvarado en donde se detallas las preocupaciones del sector.

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Aunque las medidas no son de acatamiento obligatorio para las empresas, ya que no existe una ley que las respalde, el solo hecho que el gobierno haya respaldado el documento, denotaría las intenciones del Poder Ejecutivo de impulsar una legislación al respecto.

“El convenio es excesivamente ambiguo en lo referente a las responsabilidades de los empleadores. Resulta muy difícil para un empleador conocer dónde empiezan y acaban sus responsabilidades, ya sea en una pyme o en una gran empresa y además dado el amplio concepto del mundo del trabajo, los empleadores tendrán que asumir las responsabilidades relacionadas con incidentes que implican a personas que nunca han conocido en lugares fuera de su alcance”, agregó Delgado.

Se requeriría una reforma legal porque se trata de varios cambios en la legislación de trabajo, además de varios ajustes en materia penal.