Paquete fiscal sepultado
Oscar Rodriguez [email protected] | Jueves 05 mayo, 2011
Bloque opositor no apoya reforma, pero negociará nuevo proyecto
Paquete fiscal sepultado
Gobierno está obligado a dialogar para encontrar solución al déficit y endeudamiento
El principal proyecto del gobierno de Laura Chinchilla para resolver la raquítica situación fiscal del país está muerto.
Al ceder el oficialismo el control de la Asamblea Legislativa, perdió la posibilidad de sacar adelante la reforma.
En su acuerdo de Alianza por Costa Rica, el bloque opositor confirmó su voto negativo a la iniciativa de la Ley de Solidaridad Tributaria.
La nueva ruta será iniciar un análisis integral que incluirá no solo la posibilidad de crear nuevos impuestos, sino la revisión del uso de los superávits de las instituciones públicas, la duplicación de funciones en la administración y el recorte de gastos considerados superfluos.
¿Cuánto tiempo durará este proceso? No hay fechas definitivas, solo el interés mutuo de debatir y buscar una solución alterna a la oficial.
Los legisladores opositores están de acuerdo en discutir las eventuales soluciones para luchar contra el déficit y disminuir el alto endeudamiento público.
Sin embargo, esto no significa que votarán como grupo.
Cada fracción tendrá autonomía total, según su propia ideología, para proponer y decidir el futuro del proyecto sustituto.
La realidad es que este nuevo bloque aún no ha presentado su propuesta y anuncia que lo hará una vez hecho el estudio sobre la situación fiscal y las mejoras en la recaudación.
La Comisión de Asuntos Hacendarios, en la que tendrán mayoría los opositores, será el lugar para discutir las nuevas opciones. El diputado Luis Fishman posiblemente la presidirá.
En ese momento será cuando convoquen al ministro de Hacienda, Fernando Herrero, para informarle sobre la propuesta y escuchar los aportes del Ejecutivo.
La queja de los diputados de oposición es que no es posible imponer un proyecto tributario. Ellos aducen que ahora tendrán responsabilidad en la decisión, pues son mayoría.
Pero necesitarán del apoyo del oficialismo en el Plenario. La consigna es llegar a un consenso, en vez de lograr la unanimidad.
Esta nueva realidad ha sorprendido al Ejecutivo que insiste en continuar la discusión de su reforma fiscal. Y, si es necesario, iniciar un proceso de cambios con base en su iniciativa.
“No vamos a retirar nada hasta no tener algo que lo sustituya. No podemos permitirnos que quede un vacío de discusión de los temas principales del país”, explica Chinchilla.
El Ejecutivo insiste en que los cambios hechos a su proyecto recogen las inquietudes de los diversos sectores productivos y los propios diputados.
Además sostiene que una reforma fiscal es un proceso complejo y largo. Es necesario el aporte de expertos, más allá del debate que puedan realizar en el Congreso.
La discusión política que reinará sobre este tema, en los próximos meses, tiene un componente imposible de obviar: el endeudamiento del Gobierno central.
Esta empezó a crecer en los últimos años, cuando el Estado aplicó medidas de estímulo a la economía con el objeto de contrarrestar los efectos de la crisis económica mundial.
Para lograrlo utilizó el superávit público en la contratación de nuevos empleados y en la financiación de proyectos de infraestructura, como el arreglo de carreteras.
Un análisis realizado por la Contraloría muestra que, incluso con la reforma fiscal, la deuda llegará al 41% de la producción nacional en 2016. El escenario más dramático es en el que no pasa nada y la deuda llega a casi un 54%.
Esto hace que el ajuste fiscal tome mayor relevancia. Máxime porque las agencias calificadoras de riesgo otorgaron una mejora a Costa Rica, basadas en buena medida en los indicadores de la deuda, antes de la crisis económica, y en la expectativa de que será capaz de reducir el déficit fiscal.
La generación de nuevos ingresos tendrá que darse no con medidas a corto plazo, sino con mecanismos que brinden en los próximos años la sostenibilidad.
“Creo que la opción debería ser el esfuerzo en la reducción del gasto y del déficit fiscal, pero también en buscar mejoras en la recaudación. El Estado tiene que responder de manera más responsable”, recalca Arnoldo Camacho, experto en temas fiscales del Incae.
Para este gobierno y los próximos no es sano el alto grado de deuda.
Varias son las razones, entre ellas que el Ejecutivo competirá con el sector privado por los mismos recursos del sistema financiero nacional.
Dicha situación podría poner en riesgo la recuperación económica del país, dado que habrá menos dinero para el sector productivo.
“Nos preocupa que el alto déficit fiscal pueda presionar aun más el alza en las tasas, si el Gobierno recurre al endeudamiento interno”, señala el Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
Además si los recursos en el mercado nacional escasean, la única manera que tendrá Hacienda para captar es subiendo el interés que paga por sus bonos.
El resultado será el crecimiento de la deuda, al estar obligado a hacer más atractiva la inversión en el Estado.
Esto, advierte el Banco Central, provocará mayor inestabilidad económica y financiera, aumentará las tasas de interés, bajará la producción y disminuiría la demanda por dinero.
Una situación altamente deficitaria generaría un alza en el costo de la vida, lo que impactará en el bolsillo de los consumidores.
Esto aunado a la escasez del crédito privado, sería un detonante en la leve recuperación que tiene la economía costarricense.
Oscar Rodríguez
[email protected]
Paquete fiscal sepultado
Gobierno está obligado a dialogar para encontrar solución al déficit y endeudamiento
El principal proyecto del gobierno de Laura Chinchilla para resolver la raquítica situación fiscal del país está muerto.Al ceder el oficialismo el control de la Asamblea Legislativa, perdió la posibilidad de sacar adelante la reforma.
En su acuerdo de Alianza por Costa Rica, el bloque opositor confirmó su voto negativo a la iniciativa de la Ley de Solidaridad Tributaria.
La nueva ruta será iniciar un análisis integral que incluirá no solo la posibilidad de crear nuevos impuestos, sino la revisión del uso de los superávits de las instituciones públicas, la duplicación de funciones en la administración y el recorte de gastos considerados superfluos.
¿Cuánto tiempo durará este proceso? No hay fechas definitivas, solo el interés mutuo de debatir y buscar una solución alterna a la oficial.
Los legisladores opositores están de acuerdo en discutir las eventuales soluciones para luchar contra el déficit y disminuir el alto endeudamiento público.
Sin embargo, esto no significa que votarán como grupo.
Cada fracción tendrá autonomía total, según su propia ideología, para proponer y decidir el futuro del proyecto sustituto.
La realidad es que este nuevo bloque aún no ha presentado su propuesta y anuncia que lo hará una vez hecho el estudio sobre la situación fiscal y las mejoras en la recaudación.
La Comisión de Asuntos Hacendarios, en la que tendrán mayoría los opositores, será el lugar para discutir las nuevas opciones. El diputado Luis Fishman posiblemente la presidirá.
En ese momento será cuando convoquen al ministro de Hacienda, Fernando Herrero, para informarle sobre la propuesta y escuchar los aportes del Ejecutivo.
La queja de los diputados de oposición es que no es posible imponer un proyecto tributario. Ellos aducen que ahora tendrán responsabilidad en la decisión, pues son mayoría.
Pero necesitarán del apoyo del oficialismo en el Plenario. La consigna es llegar a un consenso, en vez de lograr la unanimidad.
Esta nueva realidad ha sorprendido al Ejecutivo que insiste en continuar la discusión de su reforma fiscal. Y, si es necesario, iniciar un proceso de cambios con base en su iniciativa.
“No vamos a retirar nada hasta no tener algo que lo sustituya. No podemos permitirnos que quede un vacío de discusión de los temas principales del país”, explica Chinchilla.
El Ejecutivo insiste en que los cambios hechos a su proyecto recogen las inquietudes de los diversos sectores productivos y los propios diputados.
Además sostiene que una reforma fiscal es un proceso complejo y largo. Es necesario el aporte de expertos, más allá del debate que puedan realizar en el Congreso.La discusión política que reinará sobre este tema, en los próximos meses, tiene un componente imposible de obviar: el endeudamiento del Gobierno central.
Esta empezó a crecer en los últimos años, cuando el Estado aplicó medidas de estímulo a la economía con el objeto de contrarrestar los efectos de la crisis económica mundial.
Para lograrlo utilizó el superávit público en la contratación de nuevos empleados y en la financiación de proyectos de infraestructura, como el arreglo de carreteras.
Un análisis realizado por la Contraloría muestra que, incluso con la reforma fiscal, la deuda llegará al 41% de la producción nacional en 2016. El escenario más dramático es en el que no pasa nada y la deuda llega a casi un 54%.
Esto hace que el ajuste fiscal tome mayor relevancia. Máxime porque las agencias calificadoras de riesgo otorgaron una mejora a Costa Rica, basadas en buena medida en los indicadores de la deuda, antes de la crisis económica, y en la expectativa de que será capaz de reducir el déficit fiscal.
La generación de nuevos ingresos tendrá que darse no con medidas a corto plazo, sino con mecanismos que brinden en los próximos años la sostenibilidad.
“Creo que la opción debería ser el esfuerzo en la reducción del gasto y del déficit fiscal, pero también en buscar mejoras en la recaudación. El Estado tiene que responder de manera más responsable”, recalca Arnoldo Camacho, experto en temas fiscales del Incae.
Para este gobierno y los próximos no es sano el alto grado de deuda.
Varias son las razones, entre ellas que el Ejecutivo competirá con el sector privado por los mismos recursos del sistema financiero nacional.
Dicha situación podría poner en riesgo la recuperación económica del país, dado que habrá menos dinero para el sector productivo.
“Nos preocupa que el alto déficit fiscal pueda presionar aun más el alza en las tasas, si el Gobierno recurre al endeudamiento interno”, señala el Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
Además si los recursos en el mercado nacional escasean, la única manera que tendrá Hacienda para captar es subiendo el interés que paga por sus bonos.
El resultado será el crecimiento de la deuda, al estar obligado a hacer más atractiva la inversión en el Estado.
Esto, advierte el Banco Central, provocará mayor inestabilidad económica y financiera, aumentará las tasas de interés, bajará la producción y disminuiría la demanda por dinero.
Una situación altamente deficitaria generaría un alza en el costo de la vida, lo que impactará en el bolsillo de los consumidores.
Esto aunado a la escasez del crédito privado, sería un detonante en la leve recuperación que tiene la economía costarricense.
Oscar Rodríguez
[email protected]