Pandemia, pobreza y futuro

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 07 junio, 2021

Al inicio de este siglo continuó la disminución acelerada de la pobreza mundial que inició en las ultimas décadas del siglo XX. Después, y especialmente en los últimos años ese favorable proceso se moderó hasta la llegada de la pandemia. Cepal nos indica que en América Latina la pobreza bajó de 45,4% en 2002 a 28,4 % en 2012, pero posteriormente con la disminución del crecimiento de la producción, el nivel de pobreza se estancó y más bien para 2019 había subido a 30,5%. Ese año anterior a la covid-19 la estimación de pobreza extrema fue de 11,3% con una disminución muy modesta respecto a 2002 cuando había sido de 12,2%

La pandemia afectó nuestra zona del mundo con desgarrador impacto. Cepal en su Panorama Social Pobreza 2020 concluye que “en 2020, la tasa de pobreza extrema alcanzaría el 12,5% y la tasa de pobreza el 33,7%. Ello significaría un total de 209 millones de personas pobres a finales de 2020, 22 millones más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.”

Con la metodología de Cepal la pobreza en Costa Rica entre 2014 y 2019 había disminuido levemente de 17,5 a 16,5% y la pobreza extrema de 4,1 a 3,4%. Con el ataque del virus SARS-CoV-2 Cepal estima que -aun tomando en consideración el efecto favorable de las transferencias realizadas por el gobierno (Plan Proteger y otros programas de ayuda a personas pobres y a desempleados)- la pobreza extrema aumentó a 4,4% y la pobreza a 18,9%, ambas por encima de los niveles de 2014.

Este impactó se ocasiona principalmente por el aumento del desempleo en economías que en su mayor parte venían disminuyendo su crecimiento económico y ya habían sufrido pequeños aumentos en el desempleo en el quinquenio previo a la pandemia. En Costa Rica se da ese mismo caso y desdichadamente entre las economías a cuyo desempleo se refiere Cepal somos la que sufrimos un mayor castigo, con crecimiento interanual de la tasa de desempleo a mediados de 2020 de un 12,1% y una caída de la ocupación de 11,7%, que afectaron más duramente a mujeres y a trabajadores informales.

El número de ocupados según el INEC entre los trimestres terminados en febrero y julio de 2020 disminuyó en 504.228 personas (12,6%). Ya para el trimestre terminado este pasado abril se habían recuperado 293.680 puestos de trabajo, pero todavía significa un 9,5% menos de trabajadores generando su ingreso que hace 14 meses, y eso sin considerar el crecimiento natural de la fuerza laboral en ese período.

Este cruel empobrecimiento junto con las condiciones fiscales, las ventajas competitivas de Costa Rica y nuestros problemas de eficiencia en la producción y el consumo son factores esenciales que deben definir las políticas públicas del Gran Reinicio posterior a la pandemia.

A mi entender ello significa que se debe privilegiar un crecimiento sostenido, participativo y que genere cada vez mayor empleo formal y promueva el ahorro, la innovación y la eficiencia en los sectores público y privado.

Para ello es esencial continuar por la senda del ajuste fiscal terminando de aprobar el acuerdo con el FMI y las leyes que permitan alcanzar las metas de ese entendimiento. Ello implica que el control del gasto público deberá ser muy severo en los años siguientes disminuyendo el peso del gasto corriente respecto al PIB aun en mayor medida de lo que implica la regla fiscal para no sacrificar la inversión en infraestructura. Adicionalmente dentro del gasto corriente se deberán fijar prioridades para privilegiar el gasto en capacitación laboral de los desempleados utilizando la nueva legislación del INA, para llevar alivio con apoyo social bien focalizado a las familias en pobreza y para universalizar el acceso a banda ancha primero de los estudiantes y luego de todos los hogares.

De 1998 a 2001 se demostró que es posible redirigir el gasto de acuerdo con prioridades bien establecidas y con un gobierno que actúe con congruencia y unidad de miras. En ese período los sectores que determinamos prioritarios pasaron de representar el 45% del gasto presupuestado al inicio de la gestión, excluyendo el servicio de la deuda, al 55% para el 2001.

Para acelerar el aumento del bienestar de las familias pobres y de las de ingresos medios bajos se requieren otras medidas que aumente la oferta de empleos formales y de oportunidades de emprender. Dos áreas de acción saltan a la vista: eliminar las distorsiones que encarecen el consumo de estas familias y aumentar la demanda por la producción de los bienes en los cuales sus miembros tienen mayor oportunidad de generar ingresos.

Para lo primero se debe gradualmente, pero de manera inexorable, eliminar los proteccionismos que encarecen la canasta básica. Para lo segundo debemos reformar el sector eléctrico para bajar el costo de esa energía y abrir mercados para nuestra oferta de bienes originada en el régimen definitivo promoviendo la incorporación a la Alianza del Pacífico.

Estas medidas que se deben adoptar lo antes posible sin disminuir el esfuerzo más urgente que es vacunar a la población, no nos deben separar de los objetivos fundamentales de mediano y largo plazo. No podemos dejar de tomar en consideración y avanzar gradualmente en las tareas fundamentales de modificar las regulaciones para hacer más sencillo y eficaz el accionar del estado; de reformar el sistema educativo para crear verdaderas habilidades en lenguaje, matemática y ciencia a todos los estudiantes y de acrecentar la empleabilidad mediante la formación en carreras STEAM especialmente de mujeres y de personas con bajos ingresos; y de reformar la estructura y funcionamiento de nuestros sistemas de salud, seguridad social y apoyo a las familias pobres de modo que no se siga fomentando la informalidad y se dé respuesta a los acelerados cambios que experimenta nuestra estructura demográfica.

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