Redireccionar recursos es la apuesta del Gobierno

Pagar o pagar, la única opción con OAS

En menos de un mes vence plazo para cancelar $35 millones acordados en conciliación

Pagar $35 millones permitirá cerrar el amargo capítulo del fallido contrato con OAS, empresa que finalmente no pudo ampliar la carretera a San Ramón a pesar de las inversiones que realizó en el país.

Ya se había girado un primer pago de $6,5 millones en diciembre del año anterior, los restantes $28,4 millones podrían obtenerse del Consejo Nacional de Concesiones y de otros rubros del presupuesto nacional.
Finiquitar el acuerdo con la concesionaria le permitirá al Estado mantener los beneficios pactados en la conciliación y evitar que la empresa busque por medio de un arbitraje internacional el cobro del lucro cesante cercano a $500 millones.
El primer paso para lograr el pago de la deuda con OAS es solicitar a la Contraloría que reconsidere la improbación que hizo de la asignación presupuestaria que otorgaría los recursos necesarios al Gobierno.
“Estamos solicitando al ente contralor que recapacite su decisión para que podamos utilizar el dinero en el pago a la empresa brasileña, ese será nuestro primer paso”, explicó Roberto Gallardo, ministro de Comunicación.
Destinar $28 millones provenientes de Japdeva que fueron reasignados al Consejo Nacional de Concesiones para pagar el compromiso con la firma brasileña era el objetivo.
Sin embargo, ese proceso de redireccionamiento de recursos sería inconstitucional y podría chocar con procesos presupuestarios, de acuerdo con un informe de la Contraloría.
Destinar el dinero para el pago a OAS fue posible con la aprobación del presupuesto para este año que realizaron los diputados.
Originalmente los recursos se invertirían en el pago de prestaciones a trabajadores de los puertos del Caribe.
El otro camino posible para concluir el compromiso con la concesionaria, es preparar otra estrategia en caso de que la Contraloría se oponga a la asignación del dinero.
Buscar otras fuentes para conseguir recursos sería una alternativa que valoran en el Gobierno para dar por cerrado el proceso conciliatorio.
Evitar el millonario pago del lucro cesante que podría ser buscado mediante arbitraje internacional por OAS y mantener los compromisos que se pactaron en la conciliación serían los beneficios de cumplir el acuerdo con la empresa.
También se conservarían los planos y diseños de la carretera a San Ramón que podrían servir para el nuevo proyecto desarrollado en conjunto por el MOPT y el Foro de Occidente.
Asimismo, se mantendría una indemnización más baja ya que en la conciliación la concesionaria renunció a $12 millones por gastos.
La consecuencia más fuerte para el país se podría dar en un arbitraje internacional, ya que la empresa brasileña buscaría que se le devuelva el lucro cesante estimado en más de $500 millones.
La opción estaría abierta si el Gobierno incumple con el pago acordado que debe hacerse antes del 15 de marzo, después OAS podría optar por la otra alternativa.
Luego de un extenso camino de procesos legales, oposición de vecinos, solicitudes de medidas cautelares y trabas, se cerraría un fallido proceso de concesión en el país.
Modernizar la carretera a San Ramón con una inversión de $523 millones que se pagarían mediante altos peajes generó la reacción negativa de los pueblos de occidente.
Al final, en abril del año anterior se frenó el contrato de concesión con la empresa OAS, lo que abrió la puerta para poner punto final al contrato de una carretera que no se hizo.

Manuel Avendaño
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