Alegan que medida no es integral
Operadores en desacuerdo con bloquear señal celular en cárceles
Defensoría apoya disposición, pero sin afectar al usuario
Jeffry Garza [email protected] | Jueves 19 julio, 2018
El proyecto de ley que pretende bloquear la señal celular en las cárceles del país para disminuir los delitos de estafa telefónica, extorsión y crimen organizado, no es visto con buenos ojos por los principales operadores del país ni la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
Esto porque en el proyecto, tal y como está redactado, los operadores quedan expuestos a ser sancionados en forma reiterada al no poder cumplir con el bloqueo efectivo de la señal.
Además, dicha medida afectaría el servicio celular de los pobladores aledaños a las cárceles, según Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Infocom.
Un argumento más en contra es que en otros países la medida no ha sido efectiva, al menos con las limitaciones establecidas en el proyecto.
“Organizaciones regionales como ASIET, GSMA y 5G Américas, con base en la experiencia de otros países de América Latina donde se ha legislado este tema, han afirmado que es imposible inhibir completamente las señales inalámbricas en centros penitenciarios, lo anterior sin que necesariamente se afecte a los usuarios”, explicó José Luis Navarro, director de Relaciones Regulatorias del ICE.
En lugar de ello, los operadores sugieren medidas más integrales, que van desde el diseño y la construcción de la infraestructura penitenciaria hasta la instalación de equipos para la detección e incautación de tarjetas SIM y terminales al ingreso de los centros penitenciarios.
Bloqueo o restricción de las comunicaciones no deseadas; análisis de información y de seguimiento para identificar patrones de comportamiento, y evitar reincidencias, son otras de las sugerencias estipuladas por los representantes legales de las operadoras.
Entre las acciones de corto plazo que plantea Infocom, está organizar un taller conjunto con expertos internacionales y autoridades costarricenses para incorporar mejores prácticas en la propuesta legal.
Tanto Claro y Telefónica como la estatal ICE, aseguraron estar anuentes a colaborar con el Gobierno en la aplicación e implementación de medidas integrales, sin que esto signifique perjudicar al usuario.
Por otra parte, la Defensoría de los Habitantes manifestó su apoyo a la idea de bloquear la señal celular en las cárceles, siempre que se respete el derecho a la comunicación de los pobladores de los lugares aledaños.
“Es procedente, legal y constitucionalmente, la posibilidad de impedir la prestación de los servicios inalámbricos disponibles al público al interior de las cárceles del país (...)”, dijo la institución en un comunicado.
También sugirió modificar el artículo del proyecto que excluye la obligación que tienen por ley las operadoras de brindar acceso y servicio universal a los habitantes cerca de los centros penitenciarios, ya que en criterio de la Defensoría no debería vulnerarse el derecho de estas personas.
Medida polémica
Los operadores sugieren otras medidas en lugar de bloquear la señal celular.
José Luis Navarro
Director Relaciones Regulatorias
ICE
El proyecto tal como está planteado no permite una solución efectiva del problema. Con base en la regulación vigente, los operadores podemos colaborar con las autoridades de investigación judicial para la suspensión de los servicios de telecomunicaciones asociados con actividades de fraude.
José Pablo Rivera
Gerente de Regulación
Telefónica Costa Rica
Coincidimos en la necesidad de combatir las comunicaciones indeseadas desde estos centros penitenciarios. Es necesario reformular el proyecto de manera que se pueda establecer una solución integral a esta problemática y evitar afectaciones en la prestación del servicio a terceros.
Édgar del Valle
Gerente legal
Claro Costa Rica
El bloqueo de la señal celular ha probado no ser la medida más efectiva para reducir el problema. Existe una variedad de soluciones disponibles en el mercado, implementadas en otros países, que han probado ser mejores en materia de control y gestión de tráfico en los centros penales.