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Nueva lista negra europea

Carlos Camacho [email protected] | Martes 19 diciembre, 2017

Nueva lista negra europea

El informe 15429/17, dictado en Bruselas con fecha 5 de diciembre, marca de nuevo una señal de vigilante presión política y la nueva forma de hacer gestión económica y política en la era del multilateralismo. Tal como la ha reiterado el secretario de asuntos fiscales de la OCDE, Pascal Saint-Amans, se ha acabado la era del nacionalismo y los refugios locales del derecho interno, se han superado las barreras del bilateralismo sujeto a la buena de la aplicabilidad de la norma local, hemos entrado desde hace algunos años con particular énfasis y aceleración desde 2015 con la promulgación de las normas BEPS (Base Erosion Profit Shifting), en la nueva era de las relaciones multilaterales, basadas en fundamentos técnicos y tecnocráticas de asimilación obligada.

El informe indicado, recoge una lista de 47 jurisdicciones que se consideran no cooperantes por parte de las fuerzas económicas de la Unión Europeas, a cargo del timón político del multilateralismo. Al analizar las causas de inclusión de algunas de las jurisdicciones y poner las mismas en condiciones de 30 grises y 17 negras, caben diversas dudas en la sustentación técnica, coincidiendo muchos que las motivaciones son más de orden exclusivo del ámbito político.

En América tenemos a Panamá, Barbados, Santa Lucía, Bermuda, Granada, Samoa Americana y Guam —ambos territorio del Pacífico de los Estados Unidos de América— Trinidad y Tobago; un total de ocho territorios, las comparaciones simplemente son inaplicables, pasando de aquellas jurisdicciones que no cuentan siquiera con un sistema tributario estructurado; cabalmente las islas estadounidenses, como aquellas que a pesar de sus esfuerzos no salen de la lista y una serie de acciones tendientes a la marginación de la inversión europea en estos territorios. Llama la atención poderosamente la condición de Panamá, donde la intifada inició con los Panamá Papers, después de los que se generó una gran sumisión de parte del gobierno panameño a las exigencias de la comunidad internacional especialmente del órgano técnico del G20, sea la OCDE, quien en corto plazo logró cambiar la estructura de la condición fiscal de Panamá, haciendo que este país firmara el marco inclusivo de BEPS, la Convención de Asistencia Administrativa Mutua, la remoción de la condición de anonimato absoluto de las sociedades, la obligación de las empresas panameñas de contar con una contabilidad a pesar de llevar a cabo operaciones en el extranjero, manteniendo la exención, pero surgiendo la obligación formal de tener disponible a la dirección general de ingresos la contabilidad de estos no contribuyentes. La noticia coincide además con la apertura a una rápida gestión para criminalizar la defraudación fiscal en dicho país por montos superiores a un valor entre $300 mil y $500 mil. La pregunta técnica que subyace es: ¿qué más tiene que hacer Panamá? O la otra pregunta levantada a gritos en Bermuda —protagonista de los Paradise Papers— por su Primer Ministro: ¿Dónde está Luxemburgo en esa lista negra o gris? Por supuesto, ambas se convierten en preguntas retóricas, pues en el multilateralismo no hay interlocutor, pero hay presión.

Las consecuencias, según el anexo del citado documento de la UE, son para las empresas europeas nominalmente, pero afectan directamente a los receptores de inversión, aplicando medidas como: la no deducibilidad de los gastos causados en dichas jurisdicciones, aplicación de reglas concretas de empresas extranjeras controladas —conforme los predicados de BEPS— aplicación de medidas más gravosas en materia de impuestos de retención en fuente europea, aún por verse qué pasará con los conflictos respecto de instrumentos formales del derecho fiscal internacional como los convenios para evitar doble imposición internacional; limitación en los derechos de exención, entre otros, del inciso B.2 del anexo, aparte de lo que los países miembros de la UE, puedan considerar oportuno aplicar.

Sin duda, el costo de no estar alineado es fundamentalmente impagable, pero la falta de claridad en relación con la hoja de ruta lo es más aún, estando en el mismo documento en su último anexo, tales como mejorar su transparencia, adoptar medidas eficaces anti BEPS, poner en marcha programas de aumento a la persecución de los contribuyentes en materia de fiscalización, tanto a los locales como a la comunidad internacional, entre otras recetas genéricas, que al no concretar dejan a una futura revisión de los miembros de la UE, la discrecionalidad de mantener la condición de país no cooperante con las consecuencias ya dichas. En esta era de multilateralismo, lo peligroso es no estar, pero lo difícil es saber cómo estar, cómo permanecer y cómo lograr complacer los intereses de todas las partes, sin descuidar lo que es primario a cada quien, sea su propio interés.

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