Sala IV ya acumula seis reclamos contra procedimiento
Norma técnica para aborto terapéutico estaría en peligro
Derecho a la vida es lo que reclaman opositores a técnica
Esteban Arrieta [email protected] | Miércoles 18 diciembre, 2019
Todavía no ha pasado una semana desde que el presidente Carlos Alvarado firmó la norma técnica sobre el aborto terapéutico y el protocolo médico ya se encuentra en peligro.
Cuatro recursos de amparo, un habeas corpus y una acción de inconstitucionalidad fueron presentados ante la Sala IV con el objetivo de declarar ilegal el procedimiento que permite el aborto impune.
En todos los casos se argumenta básicamente el derecho a la vida y el interés superior del niño. Hasta el momento, el máximo tribunal no ha admitido para estudio ninguno de los reclamos, pero tampoco los ha rechazado, informó la Sala IV ante una consulta de LA REPÚBLICA.
Lea más: Firmada norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo
Ayer al filo de la tarde varios diputados de Nueva República como Ivonne Acuña, Marolin Azofeifa, Harlon Hopelman, Carmen Chan, Ignacio Alpízar, Jonathan Prendas y Nidia Céspedes, presentaron un recurso de amparo.
Una de las grandes preocupaciones de los grupos conservadores y de quienes han acudido a la Sala IV es la supuesta posibilidad de que el derecho al aborto impune se ampliará, lo cual ha sido rechazado por el Ministerio de Salud y el mandatario.
“Nuestra bancada no se quedará de brazos cruzados y lamenta que el presidente no haya escuchado el clamor de un sector que se tiró a las calles para pedirle que desistiera. La norma técnica abre portillos inconvenientes”, dijo Xiomara Rodríguez, jefa de fracción de Restauración Nacional.
Lea más: ¿Qué dice la norma técnica sobre el aborto terapéutico?
Sin embargo, el ministro de Salud insiste en que la norma técnica no permite, bajo ninguna circunstancia, el aborto libre y que la interrupción del embarazo solo aplicará cuando no haya otra alternativa y se cuente con el consentimiento de la mujer.
En ese sentido, los hospitales públicos tendrán un plazo máximo de seis meses para poner en ejecución el procedimiento, mientras que el sector privado tendrá que apegarse a la norma.
“Esta decisión es para salvar la vida de las mujeres y resguardar su salud. Tampoco significa que se hará legal el aborto libre en Costa Rica, ni nada por el estilo”, dijo Alvarado.
