“No estamos dejando a nadie por fuera, pero se deben cumplir reglas”, Paula Bogantes, ministra Ciencia y Tecnología
Jerarca niega que limitaciones a países no firmantes del Convenio de Budapest para participar en concursos 5G afecte relaciones comerciales
Andrei Siles [email protected] | Martes 26 septiembre, 2023 11:42 a. m.
El reglamento de ciberseguridad para tecnologías móviles 5G y superiores no discrimina “adrede” a ningún país, incluso con los que Costa Rica tenga relaciones diplomáticas, siendo que obedece, en gran parte, al respeto por el Convenio de Budapest ratificado por los diputados en 2017.
“No tenemos la intención de dejar a ningún competidor por fuera; más bien buscamos, desde las normas internacionales vigentes, ofrecer a la ciudadanía la garantía de los principios de protección y seguridad frente a los delitos informáticos”, indicó Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología en conferencia de prensa esta mañana.
La jerarca confirmó que se tiene prevista una reunión con el cuerpo diplomático de China, país directamente afectado por dicho reglamento, sin que mencionara el tema a tratar en dicho encuentro, al tiempo que indicó que, a nivel del Ministerio, no se han tenido acercamientos con la empresa Huawei, proveedora de gran parte de los equipos que actualmente forman parte de la red móvil en el país.
“Tampoco estamos diciendo que las empresas que cuenten con equipos de proveedores de países no firmantes del Convenio de Budapest deban hacer nuevas inversiones para el caso de tecnologías 4G e inferiores. En ese sentido, estaremos compartiendo con los operadores una hoja de buenas prácticas a modo de transitorio”, indicó la Ministra.
Sobre el sustento del reglamento, Bogantes agregó que otros factores fueron tomados en cuenta como la recomendación de la Unión Europea en ciberseguridad para redes en 2019 que incluye una “caja de herramientas” en la mitigación de riesgos, así como el marco político establecido por la OCDE en cuanto al tema y estándares ISO.
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Finalmente, la jerarca agregó que no necesariamente esta normativa implicará una elevación en los costos de inversión para los operadores por un eventual cambio en equipos que les permita comercializar 5G y redes superiores en caso de obtener la concesión tras el proceso concursal.
