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Modernización del Sistema Financiero nacional: desde París, pero a la tica

Analistas Ecoanálisis [email protected] | Viernes 12 julio, 2019

Eco del Mercado

Departamento Económico, Ecoanálisis

Los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001, además de generar una importante afectación social y geopolítica, demostraron la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos de supervisión de las actividades financieras transfronterizas.

Las organizaciones internacionales competentes respondieron a esta situación, y establecieron un conjunto de normas y reglamentos para prevenir el desarrollo de condiciones que permitiesen un flujo sencillo de los fondos que financian actividades irregulares a nivel mundial. En sus diferentes áreas de análisis, una gran cantidad de naciones han acogido e implementado estas estandarizaciones.

En el caso costarricense, la realidad no ha sido la misma.

Ante una serie de visitas y misiones de los organismos, se ha llegado a la conclusión de que el país no ha realizado con éxito los ajustes, con el alcance que se considera apropiado para estar acorde con las buenas prácticas internacionales.

Lo anterior toma relevancia por el hecho de que Costa Rica continua en el proceso de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en lo que respecta a los comités de este organismo enfocados al sistema financiero, se ha llegado a la última etapa en la que será necesario para el visto bueno que el país de manera definitiva concrete las reformas pertinentes.

En este contexto, se tienen en la corriente legislativa algunos proyectos de ley que buscan subsanar la brecha existente entre la condición actual y las requeridas por OCDE. Entre estos, la idea radica en que se reconfigure la estructura de supervisión de las superintendencias (SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE) de tal manera que puedan tener acceso a la información que emiten sus pares en otros países así como la integración de la información local, todo esto con la salvaguarda correspondiente. Además, las personas vinculadas a la supervisión tendrán mejores herramientas para aplicar sus funciones, y un grado de protección legal que permita la toma de decisiones sin posibles presiones por parte de sus supervisados. Otras de las medidas permitirán la creación de nuevos espacios y mercados, al permitir la entrada de más agentes (por ejemplo las sucursales bancarias extranjeras) o del monitoreo de instrumentos de mayor uso en la actualidad (por ejemplo los derivados financieros). El espacio no es suficiente para señalar la totalidad de reformas, pero es observable que no son temas menores en cuanto al cambio respecto a las condiciones actuales.

Ahora bien, si todo esto suena positivo, ¿por qué no se ha llevado a cabo?

Se podrían atribuir muchas razones, como decir que estas modificaciones implican un cambio notable en el statu quo del sistema actual y sus posibles resistencias, o la falta de interés de las administraciones tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. El único hecho que se puede afirmar con certeza es que el país se durmió en los laureles, y ahora se debe correr con temas de gran complejidad, pues el gobierno de Carlos Alvarado se comprometió a que para 2020 el proceso de entrada a OCDE estará finalizando.

Entonces, se ve que una vez más aplicamos una solución “a la tica”: de última hora y a la carrera. Lo que se debe rescatar es que las indicaciones de OCDE venidas desde París, nos abren la puerta a una oportunidad histórica que no debemos dejar pasar, y el interés nacional –tan desenfocado en los últimos tiempos en temas que no atacan el fondo de las problemáticas nacionales– se concentre en acelerar el paso, con una revisión de calidad de esta modernización del sistema financiero. Hay buenas señales, como por ejemplo la buena labor que está realizando la Comisión creada en la Asamblea Legislativa para acompañar el proceso, en donde las diferencias partidarias se han dejado de lado con el objetivo de cumplir con la meta.

En el mediano plazo veremos el resultado de estos cambios, por lo pronto, corresponde una mayor información y estudio de los temas, así como una reflexión a nivel país para evitar que futuros temas de relevancia se resuelvan con el apuro que nos suele caracterizar.

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