La preparación de la Corte es indispensable para que la reforma camine con normalidad y no se quede rezagada, provocando mayores cuellos de botella ante la falta de preparación de los jueces

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Más allá de las huelgas en servicios esenciales

Más allá del rechazo que provocan las huelgas en servicios esenciales, la reforma procesal laboral supone un cambio en la forma de administrar justicia para trabajadores y patronos.
Sin duda, la introducción de la oralidad en los procesos laborales traerá consigo una serie de beneficios para las partes y el país.
La nueva Ley establece que los trabajadores que ganen menos de ¢800 mil, tendrán la posibilidad de contar con un abogado, que será asignado y costeado por el Estado.
Entretanto, los casos no tardarán de cuatro a cinco años en resolverse. Con la reforma, el plazo para oír una resolución se reduciría a un máximo de dos años.
Esto representará un ahorro en las costas de los procesos para demandantes y acusados, así como un descongestionamiento de los Tribunales de Justicia.
Solo en los primeros tres meses de 2014, los casos entrados en materia laboral, sin incluir el Primer y Segundo Circuito Judicial, ascendieron a los 1.348, según las estadísticas del Poder Judicial.
Adicionalmente, la Corte estima que hay entre 7 mil y 8 mil expedientes, entre el circulante de casos, que aún no reciben una sentencia.
La oralidad implica una agilización en varias etapas del proceso ante la eliminación de los trámites en papel.
Además, los reclamos por vicios o inconformidades con lo actuado en los juzgados quedará para recursos de casación muy específicos.
Otra de las modificaciones se traduce en que los patronos deberán restablecer a los trabajadores en sus puestos cuando se logre comprobar que hubo un despido discriminatorio.
Hasta ahora, el Código de Trabajo solo establecía una sanción económica de 12 salarios base para el empleador.
La humanización se suma a la nueva cara de los procesos. Tanto trabajadores como patronos podrán exponer sus puntos de vista frente a un juez, en vez de hacerlo a través de un documento.
Desde este momento, la Corte se prepara para las modificaciones que requerirán no solo mayor presupuesto, sino un aumento en la capacitación de jueces.
La meta es que los nuevos procedimientos se puedan poner en funcionamiento en un año y medio, que es el plazo transitorio para la entrada de la reforma.
Esta aspiración no va acorde con la expectativa de algunos especialistas, que ven materializado el cambio en el doble del tiempo establecido.
La preparación de la Corte es indispensable para que la reforma camine con normalidad y no se quede rezagada, provocando mayores cuellos de botella ante la falta de preparación de los jueces.
Un elemento que podría servir es la experiencia que enfrentó el sistema al incluir la oralidad dentro de los procesos penales.
No obstante, la reforma no solo representa un reto para el Poder Judicial, sino para las empresas, que deberán tener una mejor documentación de la información de sus colaboradores.
Adicionalmente, los procesos se deberán revisar con precisión porque las consecuencias económicas, en caso de liquidación laboral, podrían ser mayores.