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Luces y sombras de la deuda política

Natalia Díaz [email protected] | Jueves 31 mayo, 2018

Luces y sombras de la deuda política

La concepción inicial del financiamiento estatal a los partidos, conocida como deuda política, estuvo orientada a eliminar la influencia del capital privado en la selección de las máximas autoridades del país cada cuatro años.

Sin embargo, con el tiempo y la llegada de regulaciones excesivas, penalizaciones por actos de manejo contable y judicialización de los procesos electorales, esta ha venido perdiendo su norte. En la actualidad casi no existe movimiento político que no haya presentado errores en el manejo y administración de esos recursos.

Esta campaña electoral no ha sido la excepción. Si bien es cierto ha servido para que partidos políticos que de otra forma nunca hubieran podido ser protagonistas en el escenario electoral, hayan podido participar, también ha sido motivo de manoseos conocidos e intentos de cobros indebidos por algunos de sus miembros y dirigentes.

En la actualidad, no podemos decir que todos los partidos tienen entrada al financiamiento, pues los bancos y otras entidades financieras solo prestan a quienes presenten garantía real. Los entes pequeños o emergentes tropiezan con una seria inequidad en la posibilidad de acceder a los recursos de la deuda.

Siempre he sostenido que el escenario ideal es aquel donde ningún partido político tenga financiamiento del Estado, y sea el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) quien asigne el transporte para el día de las elecciones. Pero como tal financiamiento se encuentra estipulado en nuestra Constitución, y es una realidad ineludible, ninguna fuerza política va a competir en desventaja donde unos utilicen esos recursos y otros no lo hagan.

Lo que sí es necesario, es realizar una reingeniería en la adjudicación de dichos recursos, y en lugar de realizar complejas y extensas liquidaciones con base en el porcentaje electoral obtenido, sería más viable que se implemente un sistema de pago por voto obtenido. Este sistema de “pago por voto” permitiría que cada partido disponga de los recursos donde mejor lo desee, signos externos, alimentación, activismo electoral, transporte u otros rubros que considere prioritarios.

En resumen, la inequidad en el acceso al financiamiento y lo complejo de las liquidaciones contables, así como el riesgo de caer en eventuales actos delictivos por impericia o por dolo, han hecho de este sistema un entramado que cada vez complica más el accionar de los partidos dentro de una democracia igualitaria y transparente.

Es un tema al cual debemos entrarle a debate nacional en esta época, con la calma y mayor objetividad que se da en estos meses post elecciones nacionales.

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