Los subsidios a la producción

Juan Manuel Villasuso [email protected] | Viernes 07 septiembre, 2007

Una de las distorsiones más graves y serias que se observan en el comercio internacional consiste en los subsidios y subvenciones otorgados por los gobiernos, en especial en los países desarrollados, a los productores agrícolas y a las corporaciones agroindustriales.

Los subsidios a la producción, que constituyen transferencias del erario público al sector privado sin una contraprestación específica, incrementan los ingresos de los receptores y, en términos prácticos, permiten a las empresas colocar sus mercancías en los mercados nacionales y mundiales a precios inferiores que los exigidos por sus estructuras de costo.

En estas circunstancias, por muy eficientes que sean los competidores foráneos es prácticamente imposible que puedan penetrar esos mercados donde se otorgan las subvenciones, o que puedan enfrentarse las importaciones provenientes de esas naciones que conceden a sus productores pagos directos en dinero, crédito a tasas preferenciales, financiamiento público para investigación científica y desarrollo tecnológico, recursos para estudios de mercados o exoneraciones de impuesto.

En la Organización Mundial del Comercio (OMC) se han hecho importantes esfuerzos, que se remontan más de medio siglo atrás desde la creación del GATT en 1949, para eliminar los subsidios a la producción. Sin embargo, esas iniciativas han sido poco fructíferas y son pocos los avances que se han logrado.

En la actualidad la Ronda Doha de la OMC está estancada desde hace un año porque las economías más ricas no quieren reducir los beneficios que otorgan a sus agricultores y a las compañías alimentarias, al tiempo que exigen a los países menos desarrollados que continúen reduciendo los aranceles de importación y abriendo sus plazas.

Las naciones con mayor poder, en especial Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, conceden a sus empresas agrícolas grandes subvenciones que les permiten no solo mantener cautivo el mercado interno, sino también penetrar con sus productos los mercados internacionales.

La Ley Agrícola de Estados Unidos (Farm Bill), en su versión más reciente aprobada a finales de julio de este año por el Congreso (231 votos a favor contra 190), concede a los productores de maíz, trigo, leche, soya, algodón, legumbres y muchos otros bienes agrícolas, pagos en efectivo y otros beneficios, que junto con el apoyo a los consumidores y el financiamiento de programas nutricionales y de alimentación alcanza los US$286 mil millones.

El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, Collin Peterson, dijo que la ley “garantiza a los agricultores estadounidenses una protección firme y segura”.

En la versión anterior de esta ley (2002), los subsidios al maíz sumaron más de US$17.600 millones de dólares, los concedidos al arroz sobrepasaron los US$2.180 millones, las compañías lecheras recibieron US$1.300 millones y las subvenciones a los cultivos hortícolas llegaron a los US$500 millones.

Estas políticas de subsidio, financiadas por los presupuestos públicos de los países ricos, no pueden ser imitadas por las economías subdesarrolladas que no tienen los recursos suficientes para hacerlo y más bien enfrentan políticas restrictivas que afectan negativamente al sector agropecuario, como es el caso de Costa Rica, que para 2008 verá reducido el presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura en más de un 18%.

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