Los costos ocultos de Tributación

De acuerdo con un informe realizado por la Contraloría General de la República, el Gobierno ha reservado para el año 2014 la suma de ¢344 mil millones, solo para enfrentar las demandas realizadas en Costa Rica contra el Estado.
Es decir, un monto superior al presupuesto de la mayoría de ministerios del país, incluido el de Obras Públicas y Transportes (más ¢219 mil millones adicionales para litigios internacionales).
Además, se señala que uno de los motivos más frecuentes de demandas son los casos tributarios. Si bien las cifras no son oficiales, se calcula que en el caso de Tributación el costo total de demandas para 2012 fue de aproximadamente ¢8 mil millones, cifra que aumentó a ¢22 mil millones para 2013.
El altamente previsible que para 2014 la cifra aumente significativamente, puesto que ahora que Tributación tiene la facultad de cobrar en 30 días cualquier monto que el auditor tributario de turno considere que debe una persona o empresa, por erróneo o arbitrario que sea, el nivel de litigiosidad puede aumentar también.
El punto aquí es que Tributación siempre señala con el dedo a los evasores de impuestos, pero jamás hace referencia alguna al costo que tiene para el país las actuaciones arbitrarias y abusivas de sus propios funcionarios, quienes cobijados por una legislación que favorece de forma desmedida a la Administración Tributaria y en detrimento de los contribuyentes, los ha acostumbrado a tener un halo de impunidad prácticamente total.
Es decir, cuando un auditor tributario emite una liquidación tributaria, digamos por ¢100 millones y la Administración la cobra, so pena de embargos al contribuyente, si el caso se va en litigio y varios años después le dan la razón al contribuyente, no solo tendrán que devolverle el dinero, sino que habrá que pagarle los intereses por ese dinero de todos los años que duró el litigio (que puede ser un importe igual o superior) y hasta el posible reclamo de daños y perjuicios.
Saben ¿De dónde salen esas indemnizaciones? ¿Del funcionario que cometió el error o la arbitrariedad? No.
Ese dinero sale del bolsillo de quienes leen este artículo, es decir, de los impuestos que pagamos todos.
Es posible que el funcionario responsable ni siquiera llegue a darse cuenta de lo que ocurrió años después, pues lo único que le interesaba era quedarle bien al jefe y decirle que le cobró una millonada a una empresa que fiscalizó, aunque en la realidad, no sólo hubo que devolverlo sino que además se democratizó el costo de su error.
¿Sabían que la Ley General de Administración Pública posibilita que el Estado cobre a estos funcionarios sus errores?
Adivinen cuántas veces lo ha hecho.

Rafael Luna
Abogado tributario
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