Lluvia de dinero para nuevas obras
Oscar Rodriguez [email protected] | Jueves 02 junio, 2011
Más de $2 mil millones para proyectos llegarán con nuevo esquema de titularización
Lluvia de dinero para nuevas obras
Banca privada y entes internacionales podrán participar
“No seremos un obstáculo”, con estas palabras Alvaro García, nuevo presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, garantiza su compromiso de cambiar el actual esquema de fideicomiso de desarrollo de obra pública, conocido como titularización.
Este instrumento es “la promesa” para reactivar la infraestructura del país, que duerme la siesta de los justos en las últimas décadas.
El Consejo durante varios años estuvo opuesto a este sistema de financiamiento.
No obstante, con el ingreso de García, se ven con mejores ojos las ventajas de estos fideicomisos, que le permiten al Estado establecer un acuerdo con un banco para captar recursos de inversionistas privados y financiar la construcción de una obra.
Por su parte, el Gobierno puede ceder terrenos o derechos de uso al desarrollo de la iniciativa, además de brindar el respaldo a quien deposite su dinero en el proyecto.
Una vez que el proyecte esté construido, el Estado lo arrienda y va pagando a los inversores el principal más intereses durante el periodo que así lo establece el fideicomiso.
Actualmente, para que una iniciativa de este tipo sea puesta en marcha necesita el aval de la Contraloría, del Banco Central y los ministerios de Hacienda y de Planificación.
Por esto el actual reglamento sobre titularización será cambiado en el transcurso de este año con el fin de disminuir los trámites. El Consejo es el que tiene la potestad de variar la actual normativa y agilizarla. Se espera que al final solo una institución esté encargada de aprobarlos, pero esto aún no está definido en el papel.
Además, facilitará la participación de los bancos privados y los entes internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo.
La importancia de esta herramienta es que permite a cualquier institución pública lograr el financiamiento de infraestructura de interés nacional.
Entre las iniciativas pendientes hay algunas tan relevantes como la rehabilitación de 80 puentes, el alcantarillado metropolitano, complejos habitacionales para clase media, una torre de cuidados críticos para niños o el tranvía de San José.
Pese a que la titularización ha sido el motor de desarrollo de obra pública en países como Chile, en Costa Rica solo tres casos, con dificultades, han pasado del papel a la obra gris.
Estos han sido impulsados por el Instituto Costarricense de Electricidad. Se trata de los proyectos hidroeléctricos de Peñas Blancas, Cariblanco y el térmico de Garabito.
“El déficit de infraestructura supera los $10 mil millones. Hay que entender que si no hacemos esas obras es muy difícil generar desarrollo con dinamismo. No hay duda que debemos hacerlo. Hay que facilitarlo”, explica García.
El proceso que iniciará el Consejo incluye algunas novedades. Por ejemplo, las entidades foráneas tienen prohibición reglamentaria para utilizar dicho instrumento. La única vía posible es la de créditos que ocupan la aprobación del Congreso.
Estas propuestas de cambio buscan que el riesgo de los fideicomisos de obra pública no esté concentrado en algunos agentes.
Eso ocurre ahora con el Banco Nacional y el de Costa Rica (BCR), pues son las únicas entidades que tienen proyectos de titularización en la agenda de negocios.
Para mejorar la actual metodología, el Consejo pedirá la opinión de los diversos actores del sistema financiero nacional.
En este proceso es cuando las principales críticas al mecanismo podrán ser analizadas.
Este es el caso de la limitación existente de que la titularización debe ser de oferta pública restringida.
Esto significa que solo los inversionistas con un patrimonio igual o mayor a $1 millón o empresas consolidadas pueden participar.
“Esta situación obstaculiza que los títulos puedan tener un mercado secundario más amplio y atractivo para la inversión”, enfatiza Jorge Porras, gerente de Fideicomisos de Aldesa.
La observación más recurrente es que el reglamento, en vez de facilitar el desarrollo, lo hace poco flexible.
Tanto es así que los casos que han tenido éxito (los planes del Instituto Costarricense de Electricidad) fueron tramitados y aprobados antes de realizado el cambio de la normativa.
A la fecha no existe ningún aspecto negativo en el esquema seguido por el ICE, lo cual sin duda es una buena señal de que la ejecución ha sido la correcta, dice el experto de Aldesa.
El fideicomiso de desarrollo de obra pública en vez de ser un aliado para mejorar la competitividad del país, ha pasado a ser lo contrario para el Estado.
La experiencia en otros países latinoamericanos es distinta. En lugares como México, Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador su uso ha sido óptimo.
Incluso ha favorecido dar mayor profundidad al mercado de valores, creando instrumentos de inversión que antes no existían.
“Países como Panamá son fuertes competidores que comprenden la necesidad de contar con normativa flexible que establezca el control suficiente, pero que a la vez, genere un clima de competitividad sana”, recalca Juan Carlos Pizarro, experto en derecho administrativo de la firma legal Pacheco Coto.
El caso más conocido de éxito en el uso de este fideicomiso es el chileno. Allí la primera emisión de títulos, por $116 millones, fue realizada en 1998 y financió la autopista Talca-Chillán.
Desde entonces el mercado ha crecido, al punto que el total de emisiones asciende a $3.760 millones, con un potencial de hasta $4.135 millones.
Guardando las distancias, ese podría ser el camino seguido por Costa Rica si las autoridades supervisoras del negocio y los agentes promotores de los fideicomisos consiguen estructurar un mecanismo eficaz.
Oscar Rodríguez
[email protected]
Lluvia de dinero para nuevas obras
Banca privada y entes internacionales podrán participar
Este instrumento es “la promesa” para reactivar la infraestructura del país, que duerme la siesta de los justos en las últimas décadas.
El Consejo durante varios años estuvo opuesto a este sistema de financiamiento.
No obstante, con el ingreso de García, se ven con mejores ojos las ventajas de estos fideicomisos, que le permiten al Estado establecer un acuerdo con un banco para captar recursos de inversionistas privados y financiar la construcción de una obra.
Por su parte, el Gobierno puede ceder terrenos o derechos de uso al desarrollo de la iniciativa, además de brindar el respaldo a quien deposite su dinero en el proyecto.
Una vez que el proyecte esté construido, el Estado lo arrienda y va pagando a los inversores el principal más intereses durante el periodo que así lo establece el fideicomiso.
Actualmente, para que una iniciativa de este tipo sea puesta en marcha necesita el aval de la Contraloría, del Banco Central y los ministerios de Hacienda y de Planificación.
Por esto el actual reglamento sobre titularización será cambiado en el transcurso de este año con el fin de disminuir los trámites. El Consejo es el que tiene la potestad de variar la actual normativa y agilizarla. Se espera que al final solo una institución esté encargada de aprobarlos, pero esto aún no está definido en el papel.
Además, facilitará la participación de los bancos privados y los entes internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo.
La importancia de esta herramienta es que permite a cualquier institución pública lograr el financiamiento de infraestructura de interés nacional.
Entre las iniciativas pendientes hay algunas tan relevantes como la rehabilitación de 80 puentes, el alcantarillado metropolitano, complejos habitacionales para clase media, una torre de cuidados críticos para niños o el tranvía de San José.
Pese a que la titularización ha sido el motor de desarrollo de obra pública en países como Chile, en Costa Rica solo tres casos, con dificultades, han pasado del papel a la obra gris.
Estos han sido impulsados por el Instituto Costarricense de Electricidad. Se trata de los proyectos hidroeléctricos de Peñas Blancas, Cariblanco y el térmico de Garabito.
“El déficit de infraestructura supera los $10 mil millones. Hay que entender que si no hacemos esas obras es muy difícil generar desarrollo con dinamismo. No hay duda que debemos hacerlo. Hay que facilitarlo”, explica García.
El proceso que iniciará el Consejo incluye algunas novedades. Por ejemplo, las entidades foráneas tienen prohibición reglamentaria para utilizar dicho instrumento. La única vía posible es la de créditos que ocupan la aprobación del Congreso.
Estas propuestas de cambio buscan que el riesgo de los fideicomisos de obra pública no esté concentrado en algunos agentes.
Eso ocurre ahora con el Banco Nacional y el de Costa Rica (BCR), pues son las únicas entidades que tienen proyectos de titularización en la agenda de negocios.
Para mejorar la actual metodología, el Consejo pedirá la opinión de los diversos actores del sistema financiero nacional.
En este proceso es cuando las principales críticas al mecanismo podrán ser analizadas.
Este es el caso de la limitación existente de que la titularización debe ser de oferta pública restringida.
Esto significa que solo los inversionistas con un patrimonio igual o mayor a $1 millón o empresas consolidadas pueden participar.
“Esta situación obstaculiza que los títulos puedan tener un mercado secundario más amplio y atractivo para la inversión”, enfatiza Jorge Porras, gerente de Fideicomisos de Aldesa.
La observación más recurrente es que el reglamento, en vez de facilitar el desarrollo, lo hace poco flexible.
Tanto es así que los casos que han tenido éxito (los planes del Instituto Costarricense de Electricidad) fueron tramitados y aprobados antes de realizado el cambio de la normativa.
A la fecha no existe ningún aspecto negativo en el esquema seguido por el ICE, lo cual sin duda es una buena señal de que la ejecución ha sido la correcta, dice el experto de Aldesa.
El fideicomiso de desarrollo de obra pública en vez de ser un aliado para mejorar la competitividad del país, ha pasado a ser lo contrario para el Estado.
La experiencia en otros países latinoamericanos es distinta. En lugares como México, Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador su uso ha sido óptimo.
Incluso ha favorecido dar mayor profundidad al mercado de valores, creando instrumentos de inversión que antes no existían.
“Países como Panamá son fuertes competidores que comprenden la necesidad de contar con normativa flexible que establezca el control suficiente, pero que a la vez, genere un clima de competitividad sana”, recalca Juan Carlos Pizarro, experto en derecho administrativo de la firma legal Pacheco Coto.
El caso más conocido de éxito en el uso de este fideicomiso es el chileno. Allí la primera emisión de títulos, por $116 millones, fue realizada en 1998 y financió la autopista Talca-Chillán.
Desde entonces el mercado ha crecido, al punto que el total de emisiones asciende a $3.760 millones, con un potencial de hasta $4.135 millones.
Guardando las distancias, ese podría ser el camino seguido por Costa Rica si las autoridades supervisoras del negocio y los agentes promotores de los fideicomisos consiguen estructurar un mecanismo eficaz.
[email protected]