El Estado y la sociedad tienen deudas gigantes con las mujeres

Entre las aulas y las calles

La mujer decide, la sociedad respeta

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, vale la pena más que nunca reflexionar sobre una de las injusticias que como sociedad cargamos y reproducimos: el irrespeto a los derechos de las mujeres. Como en muchos otros temas de la agenda social, nuestro país es de los que más cargan con pesadas esferas de prejuicio e ignorancia encadenadas al tobillo.
La mujer es un ser completo e independiente que durante siglos le ha tocado vivir en subordinación y dependencia del hombre; soportando desigualdad e injusticias. Hasta la fecha cargamos esa desgracia. Los patrones de belleza, el acoso callejero, las dificultades laborales, la desigualdad salarial o la asignación de labores domésticas son ejemplos. También lo son las serias imposibilidades para el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, parte fundamental de la salud de toda persona.
El caso de Ana, una mujer joven costarricense, ilustra el nivel de injusticias al cual llegamos. Ana quedó embarazada a los 26 años de un feto diagnosticado con malformaciones severas incompatibles con la vida fuera del útero, y ella fue obligada a soportar duros padecimientos de salud física y mental como consecuencia de la negativa de las autoridades para realizarle un aborto terapéutico, obligándola a terminar dicho embarazo.
El Código Penal (Art. 121) permite el aborto practicado para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. El cargar con un embarazo de un feto que no podrá vivir un minuto fuera del útero es una experiencia sumamente dolorosa y llena de sufrimiento. Obligar a alguien a pasar por ello es inhumano. En muchos casos de este tipo, la mujer preferirá interrumpir el embarazo inmediatamente a fin de no prologar más las terribles noticias ni que le provoque daños emocionales o físicos con el tiempo.
Por desgracia, no existe norma ni protocolo que haga obligatoria la práctica del aborto terapéutico cuando una mujer lo solicita y lo requiere. Queda al criterio (a menudo subjetivo y prejuicioso) del médico, el cual puede negarse a practicarlo, haciendo que la mujer pase por un embarazo que no desea y que terminará con el entierro del feto. Esto fue lo que le sucedió a Ana. A pesar de su depresión fuerte, deseos de suicidio, imposibilidad para dormir y vivir tranquilamente y del criterio de especialistas en salud mental, a Ana se le negó por toda vía (inclusive la judicial) el poner fin a ese doloroso embarazo. Y hoy sufre aún las consecuencias de los nueve meses más largos y duros que vivió por negligencia del personal médico.
Entre 2002 y 2006 la CCSS realizó solamente 26 abortos terapéuticos. Una cifra que ilustra la constante negativa a realizar un procedimiento necesario en muchísimos más casos. Despreciable a la par de las 10 mil mujeres que acuden cada año a centros de salud por complicaciones producto de un aborto inseguro, según datos de la CCSS.
El Estado y la sociedad tienen deudas gigantes con las mujeres. Y no solo en garantizar que ninguna mujer esté obligada a pasar por un embarazo de un feto incompatible con la vida, producto de una violación o en cualquier otro caso en que su salud física, emocional y sexual se vea amenazada; también en el mayor acceso a educación para la sexualidad, métodos de planificación familiar, anticoncepción de emergencia y otras herramientas que faciliten el disfrute pleno de sus derechos. Seguiremos reproduciendo estos casos de profunda injusticia y deshumanización mientras sigamos viendo con ojos de prejuicio, burla, ignorancia e insensibilidad una situación que debe cambiar ya.

Alejandro Madrigal

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