La protección internacional del derecho a la democracia

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 19 septiembre, 2022

Construir la democracia ha sido una larga y tortuosa marcha de la humanidad, con altas y bajas, con claros y oscuros. Se ha ido construyendo gradualmente, aprendiendo de experiencias pasadas, elucubrando sobre las posibles ventajas de diferentes cambios institucionales, aprendiendo de la historia y tratando de responder a las circunstancias del presente con el conocimiento que la humanidad ha ido lentamente adquiriendo. Grandes pensadores han dado sus aportes desde diversos ángulos, héroes han ofrendado su sangre para conquistarla, personas sencillas viviendo en democracia han ido conformando sus variados matices.

Los mayores peligros para la sobrevivencia de una democracia liberal, esto es una democracia restringida por un operante estado de derecho, nacen de sus propias características.

Elaborando sobre las concepciones de Hayek respecto a la democracia la he caracterizado como una forma de gobierno para llegar a decisiones públicas mediante el debate inteligente, resuelto por la regla de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías. Pero sea esa u otra la conceptualización de la democracia que se prefiera, un elemento esencial de ella es el derecho de todos los ciudadanos a expresar, trasmitir y promover libremente sus opiniones y a optar por alcanzar el ejercicio de los poderes públicos por los medios legítimamente disponibles para todos. Ello permite acceder al poder a personas y grupos que luego subvierten el régimen democrático.

Hoy los latinoamericanos hemos sufrido la experiencia vivida en varias naciones de personas que llegan legítimamente al ejercicio del poder para luego usar las propias estructuras del poder para corromper la institucionalidad democrática, y perpetuarse ellos o su grupo en el ejercicio del gobierno violentando los derechos políticos de los ciudadanos, la libertad de expresión y generalmente también la independencia judicial.

En la democracia liberal para limitar los abusos del poder se han constituido diferentes instituciones: la división de poderes, la asignación de competencias (cada órgano estatal solo puede hacer lo que le sea específicamente permitido), la revisión judicial de los actos de la administración, el control político por los parlamentos, la libertad de expresión y la prevalencia de los derechos humanos.

Como “el poder corrompe y el poder político corrompe absolutamente” (Lord Acton) y como además el poder enferma y limita la capacidad de empatía (ver El Poder Causa Daño y Enferma en WWW.rodriguez.cr) se hace indispensable para la defensa del estado de derecho que se establezcan garantías en defensa de los derechos humanos y mecanismos para defenderlos y restaurar su ejercicio.

Eso se fue desarrollando en el sistema de derecho interno de las naciones democráticas: habeas corpus, amparo, vía contenciosa administrativa, derecho a la constitucionalidad de las acciones del estado, tribunales de constitucionalidad y de derechos humanos.

Después de la II Guerra Mundial el derecho internacional gozó de muy grandes avances, el más importante a mi juicio la concepción de las personas individuales y sus organizaciones voluntarias como sujetos del derecho internacional público.

Con este desarrollo surgen principalmente en Europa y las Américas instancias internacionales para la protección de los derechos humanos. En nuestro continente a pesar del predominio de gobiernos militares se crea en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en 1959 en Santiago de Chile la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su objetivo es la promoción y defensa de los derechos humanos consagrados en el primer documento internacional de su tipo que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre acordada en Bogotá en 1948. Posteriormente se produce el Pacto de San José en 1969 (Convención Americana sobre Derechos Humanos) que da origen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que inicia funciones en nuestra capital en 1979.

En los últimos años del siglo XX se da una ola democrática en nuestra región. De tres democracias que había en América Latina en los ochentas pasamos a que solo Cuba no fuera democrática a inicios del siglo XXI. Pero durante este apogeo democrático se hace patente la necesidad de la protección hemisférica a la democracia.

En Perú el gobierno legítimamente electo del Presidente Alberto Fujimori rompe el orden constitucional, impide el funcionamiento del poder legislativo, la libertad de expresión y la independencia judicial, y se perpetúa en el poder.

Fue un poderoso llamado de atención. Recordó que la democracia no solo se pierde por golpes de cuartel.

Ya en Europa la cláusula democrática que exige esa condición para poder integrarse y permanecer como miembro de la Unión Europea, así como los documentos constitutivos y las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos habían consagrado el derecho humano a la democracia, y la defensa internacional de ella.

En 2001 en la Cumbre de las Américas de Quebec tuve el honor de presentar la moción de Costa Rica para que se declarase que: “Reconocemos que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.

Mes y medio después en la Asamblea General de la OEA en San José no se pudo terminar de aprobar la Carta Democrática Interamericana (CDI) promovida por Canadá, Costa Rica y Perú, pero se convocó la reunión extraordinaria que la aprobó el 11 de setiembre de ese año en Lima.

Estaba ya claramente consagrado en nuestro continente el derecho humano de las personas a vivir en democracia, y su defensa interamericana.

La primera y muy clara aplicación de la CDI y de sus principios se da en 2002 durante el golpe militar contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, cuando estaba en San José reunido el Grupo de Río bajo mi presidencia y se actuó muy velozmente en contra de esa violación a la democracia.

Con la fuerza del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, la CDI durmió después de 2005 en los anaqueles de la OEA y las cancillerías de América, salvo por su aplicación a Honduras por el rompimiento del orden constitucional en 2009 por parte de grupos contrarios a la izquierda promovida por la Venezuela de Chávez.

Para la Cumbre de Panamá en 2015 se invitó a Cuba a participar rompiendo con la decisión de Quebec.

A partir de las evidentes violaciones a los elementos más básicos de la democracia liberal por parte del gobierno de Nicolas Maduro después de haber perdido el control de la Asamblea Nacional de Venezuela en diciembre de 2015, se da un cambio en la OEA bajo la Secretaría General de Luis Almagro. Pero se dificulta y tarda la aplicación de la CDI por la renuencia de algunos estados de actuar en consonancia con los principios del derecho internacional hemisférico.

Durante esos años la CDI cobro importancia también frente a la dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua y ante los problemas en las elecciones de Bolivia de 2019.

Pero como lo evidencia la Cumbre de las Américas en Los Angeles de este año los ánimos democráticos de una buena parte de las naciones de la OEA han flaqueado, y en nuestro continente al igual que en buena parte del mundo ha decaído el aprecio por la democracia y la libertad.

Por otra parte, con alguna razón algunos juristas señalan que es necesario cambiar el régimen sancionatorio de la CDI pues expulsar al infractor no ayuda a reconquistar la democracia.

La necesidad de defender la democracia en las Américas y de encontrar medios más idóneos para lograr su fortalecimiento se vuelve aún más importante por el abandono que la agenda global ha hecho de los temas de democracia y libertad, que tan importantes fueron en el mundo occidental durante la guerra fría y después de la caída del Muro de Berlín.

Si en las últimas décadas del siglo XX fue patente la necesidad de rescatar la libertad económica y de construir mercados eficientes, aunque ello no se haya logrado aun plenamente en América Latina, es hoy de mayor prioridad revivir los afanes de vivir en libertad en una democracia que permita encadenar al Leviatán.

El derecho a vivir en democracia debe ser promovido en cada nación por los hombres y mujeres dignos, y defendido internacionalmente por el derecho interamericano.

Es una tarea nunca terminada y siempre sujeta a sufrir derrotas por los espejismos populistas y estatistas de derecha y de izquierda.

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