La afamada regla fiscal

Siany Villalobos [email protected] | Martes 27 agosto, 2019

La regla fiscal causa estragos en la sociedad, entre ellos: manifestaciones, huelgas, decretos y descréditos. Parece que es considerada como el enemigo de muchas instituciones. Sin embargo, en nuestra legislación siempre han existido reglas fiscales, claro está, muy pocas de ellas respetadas al pie de la letra.

Las reglas fiscales pueden ser, sobre la deuda, sobre balance presupuestario, sobre el gasto o sobre los ingresos. Así las cosas, en la reciente Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635, se dicta la Regla sobre el gasto, donde se restringe el crecimiento del gasto corriente, misma que no ha caído en tierra fértil y, por el contrario, es debatida permanentemente entre el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de La República y en el Poder Judicial, concretamente en la Sala Constitucional.

La medida es necesaria y urgente para controlar las finanzas del país, concretamente el déficit que enfrentamos. No es posible que podamos pasar por alto cifras tan reveladoras como son el déficit financiero del 5.9% del PIB, o el déficit primario del 2.3% del PIB en el año 2018, donde el gobierno se vio obligado a optar por un endeudamiento de más de 1, 6 billones de colones para hacer frente a los gastos operativos del aparato Estatal.

Nadie puede negar la difícil realidad fiscal por la que atraviesa el país, ni mucho menos los datos que estima el Banco Central para el 2019, que proyecta un déficit financiero de 6.3% del PIB, considerado el más alto de Centroamérica, de tal manera que al gobierno no le quedará más remedio que endeudarse aún más, sobrepasando el límite de sostenibilidad y con señales que para el 2020 viviremos de prestado en aproximadamente un 60 %, es decir, solo vamos a tener la capacidad de sostener el gasto con un 40 % de ingresos propios.

El tema no es fácil de entender y tolerar cuando estas medidas meten la mano en el bolsillo de las personas con un estilo de vida definido y obligaciones adquiridas, pero aquí no hay más opciones, depende de todos y todas para salir del enredo en que estamos metidos. No obstante, se requiere de firmeza del Gobierno de la República para hacer cumplir las reglas del juego, bajo un marco de razonabilidad, pues en poco ayuda la aplicación de medidas a unos y la desaplicación en otros.

Cuando me refiero a la razonabilidad, es importante valorar algunos aspectos como son la dependencia de recursos financieros que tienen las instituciones del Estado, por ejemplo el Poder Judicial, institución que se sostiene económicamente con los recurso del Estado, Universidades del sector público, todos (as) conocemos de su autonomía, y no la discutimos, pero depende de los recursos económicos del Estado, mismos que están en cuidados intensivos, ahora bien, cuando hablamos de las municipalidades que aún con la fama que tienen, las condiciones son muy diferentes.

Las municipalidades operan con sus propios recursos (tasas, impuestos, multas y otros) en sus presupuestos en promedio andan alrededor del 9% de financiamiento, 72% de ingresos corrientes, 18% ingresos de capital, estos datos muestran una diferencia bastante marcada con los datos del Gobierno Central.

Las municipalidades poseen autonomía política, administrativa y financiera, así otorgada en nuestra Constitución Política, además; en el Código Municipal se les establece las reglas fiscales concretamente en el CAPÍTULO IV PRESUPUESTO MUNICIPAL, por ejemplo, los gobiernos locales no pueden destinar más de un 40 % de sus ingresos ordinarios para atender los gastos generales de administración, igualmente deben respetar otras legislaciones como la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que dispone que no se debe financiar los gastos corrientes con ingresos de capital, por cierto regla que quebranta año con año el Gobierno Central.

En nuestra cultura centralista es muy difícil observar estas diferencias, se quiere tratar igual lo que es diferente, y nos cuesta entender el concepto, pese a que nuestro país tiene solamente dos niveles de gobierno: Gobierno Nacional (territorio nacional) Gobierno Local (territorio local), ambos electos popularmente, con autoridades que gozan de la misma legitimidad de la ciudadanía.

Si bien es cierto se cuenta con 25 municipalidades que mostraron déficit en el año 2018 y 13 con morosidad que supera el 50% de los recursos puestos al cobro, mostrando que sus finanzas no están sanas, existe una ventana de oportunidades para que esas municipalidades puedan mejorar con autoridades dispuestas hacer cumplir las reglas y una ciudadanía responsable en su elección. Situación que, en buena hora, no es de la mayoría de las municipalidades y que la regla fiscal contemplada en la Ley N° 9635 pueda resolver.

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