Jefa de costos de la CCSS sostiene que junta directiva conoció sobrecosto de ¢12.400 millones en adjudicación de Ebáis

Este martes, la jefa del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Azyhadee Picado, sostuvo que la junta directiva de la institución conoció de manera oportuna el sobrecosto de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de 138 Ebáis a un puñado de cooperativas.

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En su comparecencia ante la comisión especial del caso “Barrenador”, Picado también desmintió la autenticidad de un documento utilizado por el gobierno para argumentar que no existe un sobreprecio.

Bajo juramento, la jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS indicó que el único reporte formal que existe es lo que consta en el Sistema de Compras Públicas, conocido como Sicop.

“El único estudio formal e integral que nosotros desarrollamos es el que está subido en Sicop en la fecha de abril”, dijo la funcionaria.

La aclaración surge luego de que el gobierno y una empresa adjudicada defendieran que un estudio de razonabilidad de precios reportaba un ahorro y no una pérdida para la CCSS.

En ese caso, la funcionaria destacó que este último documento en cuestión no lleva su firma digital, por lo que no se puede considerar un estudio.

Criterios técnicos ignorados

Sobre este tema, Andrea Álvarez, diputada del PLN y presidenta de dicho foro legislativo, lamentó que se haya sometido a presiones indebidas a los funcionarios de la CCSS para validar los contratos que hoy se están investigando.

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Asimismo, señaló que la sumatoria de acciones en el marco de dicha contratación ha evidenciado un pésimo manejo de la institución, en favor de grupos privados y en contra del derecho a la salud y las finanzas institucionales.

Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Marta Esquivel, expresidenta de la CCSS, a finales de septiembre.

La acción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó 27 allanamientos en la sede central de la CCSS, casas de habitación, cooperativas y oficinas por los presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública, Tráfico de Influencias y Prevaricato.

“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios del 2023, cuando, al parecer, miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y, a su vez, realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ en aquel momento.