Dismunución de recursos abre el debate nuevamente sobre la necesidad de impulsar concesiones y alianzas público-privadas
Inversión en nuevas carreteras y puentes y mantenimiento vial se redujo en más de 30% en ocho años
Para tener infraestructura “aceptable” se requiere un presupuesto superior a los ¢100 mil millones por diez años, según Luis Amador, ministro del MOPT
Esteban Arrieta [email protected] | Martes 17 octubre, 2023
Las carreteras de Costa Rica se deterioran de manera acelerada, y con ello, el país pierde competitividad, a la vez que manejar por el territorio nacional es más inseguro.
Y es que la inversión del Estado en nuevas carreteras y puentes, así como el mantenimiento vial se vino de pique entre 2015 y 2023, de acuerdo con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Mientras en el 2015 el Estado invirtió ¢303 mil millones en nueva infraestructura, para este año solo se presupuestaron ¢202 mil millones. Se trata de una reducción del 33%
En cuanto al mantenimiento vial, la situación es similar, ya que en 2015 se invertían ¢129 mil al año y para este año solo se gastarán ¢77 mil millones, lo que representa apenas un 60% de hace ocho años y el menor monto del período.
Toda esta situación pone sobre la mesa de discusión el debate en torno a las concesiones y las alianzas público privadas.
El déficit fiscal y el peso de la deuda pública, que supera el 60% del PIB en este último caso, explican el deterioro de la inversión pública en esta área.
El problema es que el país pierde competitividad de manera acelerada, a la vez que las carreteras se deterioran más y más cada año debido a la baja inversión.
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Esto no solo pone en riesgo a los conductores, por la peligrosidad de huecos, derrumbes y otros problemas, sino que también implica un mayor gasto a futuro, ya que entre más tiempo pase, más alta será la factura para tener una "red vial aceptable", de acuerdo con Luis Amador, ministro del MOPT.
Se estima que por cada dólar invertido en reducir el riesgo, se puede ahorrar hasta $7, según estudios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo.
“La radiografía general del paciente es que no estamos invirtiendo lo suficiente en infraestructura para devolverle a este país lo que se requiere. Necesitamos una inversión de unos ¢116 mil millones al año por una década para tener una condición aceptable de vías y puentes”, dijo Amador.
Para ello, el ministro señala que se podría pensar en explotar el gas natural, recortar las pensiones de lujo o acudir a las alianzas público-privadas y concesiones, entre otras opciones.
De hecho, la inversión que hace el gobierno en el desarrollo de infraestructura es menor a la que se hacía a inicios de 1990 al analizar la caída en el gasto de capital, según el último informe del Estado de la Nación.
Entre 2009 y 2021, la inversión en infraestructura pública en Costa Rica pasó de representar el 5,1% del PIB a solo el 2,6% del PIB.
En ese sentido, el sector privado aboga por el desarrollo de concesiones y alianzas público-privadas.
“En materia de concesiones, se requiere crear un portafolio de proyectos concesionables que brinden certeza sobre las obras prioritarias que se pueden desarrollar mediante una Alianza Público-Privada”, dijo Maritza Hernández, vicepresidenta de la UCCAEP.
Obras vitales sin financiamiento
Algunas de las principales obras de infraestructura vial del país requieren de un empujón financiero para salir adelante en este gobierno.
Obra Vial | Situación |
---|---|
Ruta 27 (San José- Caldera) | El gobierno planea ampliar la concesión porque no tiene recursos para pagar la indemnización de $600 millones para romper el contrato con la empresa que administra la vía |
Vía a Cartago | Propuesta de Meco para ampliar Florencio del Castillo se desechó. A mediados de 2024 a más tardar, se lanzará un cartel de licitación para adjudicar la ampliación de la ruta |
Ruta 32 (San José- Limón) | Todavía existen expropiaciones pendientes y no hay dinero suficiente para financiar obras adicionales
por $200 millones. Hoy día no hay claridad sobre cuándo se concluirá la ampliación a cuatro carriles entre Río Frío y Limón |
Vía San Carlos | Se requieren unos $150 millones para finalizar la obra. El gobierno ya anunció peajes |
Insuficiente
El gobierno reconoce que la inversión actual en infraestructura es insuficiente y, por ello, afecta la competitividad de Costa Rica.
El desarrollo de alianzas público-privadas y el modelo de concesión son opciones para mejorar la infraestructura vial y de puentes.
Luis Amador
Ministro
Obras Públicas y Transportes
La radiografía general del paciente es que no estamos invirtiendo lo suficiente en infraestructura para devolverle a este país lo que se requiere.
Necesitamos una inversión de unos ¢116 mil millones al año por una década para tener una condición aceptable de vías y puentes.
Hay que invertir más y hay que hacerlo de una buena forma.
¿Cambios en pensiones de lujo? ¿Gas natural? No sé, tenemos que dedicarnos a ver cómo se pueden obtener más recursos para infraestructura, porque si no, la competitividad del país no aumentará al mismo ritmo que en otras naciones.
Dinorah Barquero
Diputada
PLN
Quiero promover un debate en el Congreso sobre la calidad de las vías de comunicación y su importancia para el país.
La idea es mejorar la seguridad, el estado de las vías y el aprovechamiento del tiempo, además de promover la competitividad del país.
Maritza Hernández
Vicepresidenta
UCCAEP
En materia de concesiones, se requiere crear un portafolio de proyectos concesionables que brinden certeza sobre las obras prioritarias que se pueden desarrollar mediante una Alianza Público Privada.
Jason Pérez
Gerente de Conservación
Conavi
El Informe del Estado Nación 2022 señaló entre sus hallazgos la caída en el gasto de capital, concluyendo que el país invierte menos que a principios de la década de los noventa.
Según detalla el informe, entre 2009 y 2021, la inversión en infraestructura pública en Costa Rica pasó de representar el 5,1% al 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Cabe destacar que en el caso de Costa Rica, existe una problemática derivada de que la deuda pública supera el 60% de la producción nacional, una condición que debe ser controlada; por tanto, el gobierno debe tomar decisiones para mitigar esta condición.