Inclusión

Ellas son mujeres transgénero. Así se define un grupo de estudiantes del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, con quienes “Candilejas” conversó sobre su proceso de integración social a través de la educación que hoy reciben.

Se encuentran respaldadas por instituciones del derecho internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece protección a la “orientación sexual” y a la “identidad de género” al indicar: “…ninguna norma, decisión o práctica… pueden disminuir o restringir, de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual…”.

También cuentan con herramientas creadas por el derecho costarricense, como la sentencia número 2010-1331 de la Sala Constitucional, declarando que los “grupos víctimas de discriminación y prejuicios sociales”serán apoyados con “políticas públicas y medidas normativas efectivas…” que eviten una “discriminación estructural” contra éstos.

Gracias a la ONG “Transvida” e instituciones como el INA, y el Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, ellas tienen la oportunidad de cambiar “la intemperie de la violencia por la seguridad que otorga el estudio y un trabajo formal en el futuro”, cometa Fany Gloriana, una de las 16 estudiantes transgénero quien actualmente asiste al curso anual de inglés conversacional impartido en el INA en la Uruca.

Otra de ellas, Karen Córdoba, cuenta cómo la sociedad y la familia las ha estigmatizado como “delincuentes”, “hemos sido discriminadas”, agrega su compañera Fany Gloriana.

Ambas señalan que en el pasado la sociedad las hacía “invisibles” y “este -el estudio- es una meta para lograr una vida digna”.

Ellas no están solas. En 2015, el Presidente Solís emitió la Directriz número 025-P, en la que se establece la obligatoriedad a todo el sector público descentralizado para “erradicar de las instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa”.

Por lo tanto, el INA, “en acuerdo de Junta Directiva, revisa su reglamentación y elimina todo portillo que permita discriminación, aprobando una nueva versión del reglamento”, indica su Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez.

Pero, ¿cómo educar al personal docente y administrativo así como al resto de estudiantes para que las mujeres transgénero no sufran de acoso ni burlas en el ambiente educativo?

Primero, es un derecho y obligación del Estado garantizarles  protección. Además, agrega Minor Rodríguez, “aunque son un blanco de discriminación por ciertas personas, el INA, con ayuda de ‘Transvida’, sensibiliza con charlas al personal, porque la única herramienta para que la sociedad siga hacia la equidad y la justica de género es la educación”.

Muchas de las personas de la diversidad sexual han sido maltratadas y sus derechos humanos violentados. Hoy el escenario es distinto. Estos grupos tienen el amparo legal, estatal e internacional para que sean respetados e incluidos.

“Los derechos humanos no son negociables, las instituciones tenemos la obligación de respetarlos y ofrecerles a las personas los servicios por la única condición de ser personas”, afirma Rodríguez.

La psicóloga y grupóloga Carmen Carrasco, es una especialista en el tema y activista en pro de los Derechos Humanos. Ella resume la deuda social con personas transgénero de esta manera: “devela una historia de injusticia, discriminación y crueldad… estas mujeres ‘trans’, no solo tuvieron que lidiar con la construcción de una subjetividad que se les imponían, sino que siendo niñas y adolescentes, fueron prácticamente erradicadas  con todos los tipos de violencia. Abrirles la oportunidad, hoy,  para el estudio, la formación posible a ser sujetos sociales productivos, no es sino, una reivindicación del desgarre, privación y maltrato del que fueron objeto”.

Carmen Juncos y Ricardo Sossa

Editores jefes y Directores de proyectos

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