Impuesto a Sociedades Anónimas no financiaría nuevos policías
Esteban Arrieta [email protected] | Viernes 16 diciembre, 2016
El nuevo impuesto para las sociedades anónimas que aprobarían los diputados la otra semana, no servirá para que el Ministerio de Seguridad Pública contrate nuevos policías, a pesar de la carencia de efectivos policiales.
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En estos momentos, hay un artículo en discusión, que prohíbe expresamente que los recursos que se generen con este nuevo tributo, se usen para el pago de remuneraciones, viáticos y horas extras.
De esta forma, los ¢40 mil millones al año que espera el Gobierno en promedio, solo podrían utilizarse para la construcción o reparación de delegaciones, así como para el equipamiento de los efectivos policiales o para la compra de vehículos, motocicletas y armas.
La necesidad un cambio en el proyecto de ley ya fue advertida por Gerardo Vargas, jefe de fracción del PUSC, quien señaló que no debería existir una restricción en la asignación del dinero por parte de Seguridad Pública.
Sobre todo, porque anualmente entre 600 y 1.000 efectivos dejan la policía, ya sea por pensión, renuncia o despido.
“El Ministerio de Seguridad debería tener más recursos para invertir en sus mayores necesidades, como es, por ejemplo, la sustitución de los efectivos policiales que dejan el cargo anualmente. Estamos promoviendo este cambio para tratar de mejorar este proyecto, que tiene muchas carencias”, dijo Vargas.
Los legisladores rojiazules han presentado un puñado de mociones para cambiar el texto; sin embargo, hasta el momento el bloque que conforman Liberación Nacional, el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana ha rechazado los cambios propuestos. {link2}
Existe la posibilidad de que este martes el proyecto quede prácticamente escrito en piedra, sin el cambio que pide el PUSC, ya que de acuerdo con la vía rápida que se aprobó para su debate, las mociones que queden pendientes después de la sesión del lunes, no se discutirán y solo se irán votando una a una.
Esto implica que no habría chance para tratar de convencer a los legisladores de otros partidos.
Sobre este tema Laura Garro, jefa de la bancada oficialista del PAC, aseveró a LA REPÚBLICA que el PUSC no ha sido eficiente a la hora de socializar sus propuestas.
“Creo que no es lo mejor que las propuestas se conozcan por la prensa, sino que se hablen entre diputados, por los canales correctos”, agregó.
El impuesto para las sociedades anónimas que exige el presidente Luis Guillermo Solís para financiar la lucha contra el hampa, se pagaría de forma escalonada, dependiendo de la actividad de la persona jurídica.
Por ejemplo: las sociedades anónimas inactivas y que no tengan ingresos, tendrían que desembolsar unos ¢64 mil al año para mantenerse vigentes.
Aquellas que se encuentran activas se dividirían en tres clases: ¢106 mil para las que tengan ingresos menores a ¢51 millones, ¢127 mil para las que sumen utilidades entre ¢51 millones y ¢119 millones, y ¢212 mil para las que tengan ingresos superiores a los ¢119 millones.
Las categorías propuestas en el proyecto oscilan entre un 15% y un 50% del salario base.
En caso de aprobarse la iniciativa, las personas jurídicas que estén morosas con este gravamen, no podrían participar en contrataciones con el Estado o instituciones autónomas, pero más importante aún, no podrán realizar su actividad comercial normal.
El impuesto a las sociedades anónimas ya había sido aprobado por el anterior Congreso; sin embargo, en enero de 2015, la Sala IV declaró ilegal la ley porque los diputados no siguieron el trámite correcto para su aprobación.
A pesar de esto, los magistrados dejaron vigente la ley hasta inicios de 2016, por lo que el Gobierno batalla para tratar de aprobar una nueva norma y así empezar a cobrar.
Alta morosidad
Un porcentaje importante de las sociedades anónimas arrastra pagos pendientes (cifras en miles).
Año Sociedades Morosas Porcentaje
2015 559 342 61
2014 545 297 54
2013 534 269 50
2012 524 247 47
Fuente Registro Nacional
