Hacinamiento y Crimen Organizado: El Colapso del Sistema Penitenciario Costarricense

Enrique Castillo

Ex Ministro de Justicia

Costa Rica, un país que durante décadas fue ejemplo de paz, convivencia y orgullo nacional, está viendo cómo su esencia de pura vida se erosiona poco a poco. La crisis actual en el sistema penitenciario es una muestra clara de los desafíos que enfrentamos, pero también de que aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo de manera serena, con templanza y unidad.

Estoy profundamente preocupado por la situación que atraviesa nuestro sistema carcelario, que requiere atención inmediata. No es un problema reciente; es un tema de larga data que ha atravesado varias administraciones, y puedo afirmarlo con conocimiento de causa, ya que he tenido la oportunidad de servir como Ministro de Justicia años atrás. La falta de recursos adecuados limita la capacidad de las autoridades para atender dos factores fundamentales: la disponibilidad de personal capacitado y bien remunerado para esta ardua labor, y la construcción de infraestructura que permita condiciones humanas y dignas.

Actualmente, la sobrepoblación carcelaria es extrema. El hacinamiento en nuestras cárceles ha llegado a niveles insostenibles, perjudicando a los internos, quienes, aunque cumpliendo condenas, no dejan de ser personas. En estas condiciones, los esfuerzos por rehabilitar a los privados de libertad se vuelven inalcanzables, y los centros penitenciarios se transforman en universidades del crimen, donde las bandas organizadas encuentran un espacio para dirigir actividades ilícitas hacia el exterior. Las cárceles se han convertido en centros de mando, incluso en call centers de estafa, donde se establecen jerarquías entre los capos detenidos y las bandas que operan en las calles.

En Costa Rica, el sistema penitenciario está compuesto por una red de centros destinados a la reclusión de personas privadas de libertad, que incluyen cárceles de máxima seguridad, centros penitenciarios para adultos mayores y unidades especializadas para jóvenes en conflicto con la ley. Entre las principales cárceles del país se encuentran el Centro Penal de la Reforma, el Centro de Atención Institucional de San Sebastián, la Penitenciaría Central de San José, el Centro Penitenciario La Reforma, el Centro Penal de Mujeres (El Buen Pastor), el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en San Rafael de Alajuela, el Centro Penal para Adultos Mayores, los Centros Juveniles de Adaptación Social en San José y Pérez Zeledón, y varios centros penitenciarios provinciales como los de Liberia, Puntarenas, Cartago, Cañas, Limón y San Vito.

Debemos actuar con decisión para evitar que esta situación deteriore aún más lo que hemos construido. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para recuperar la paz y estabilidad que nos han caracterizado. Los estudios y propuestas de reforma en el sistema carcelario abundan, y varios gobiernos han avanzado en el diseño de soluciones, aunque lamentablemente, la falta de implementación ha reducido estas iniciativas a parches temporales, muchas veces impulsados solo por presiones del poder judicial.

Es frustrante para quienes conocemos el tema, y para la ciudadanía en general, que el actual gobierno proponga medidas improvisadas, sin respaldo técnico y ajenas a una visión integral de política carcelaria. Las soluciones que ofrecen no están a la altura de la complejidad del problema ni de las capacidades de nuestro país.

Costa Rica merece un sistema de justicia penal sólido, que permita rehabilitar a los internos y proteger a la ciudadanía de los efectos del crimen organizado. Hago un llamado a los expertos en el área y a las instituciones correspondientes para que colaboren con el señor Presidente, de modo que podamos construir juntos un gobierno eficaz, al servicio de todos los habitantes. Solo así lograremos que las personas puedan vivir en paz y seguridad, en un país donde la pura vida sea nuevamente una realidad, y no solo un recuerdo de tiempos pasados.

La situación de inseguridad y la crisis en el sistema carcelario demandan atención urgente y soluciones integrales. La falta de recursos, la sobrepoblación en las cárceles y la ausencia de políticas claras han convertido estos centros en espacios que facilitan la operación de organizaciones criminales, en lugar de servir como entornos de rehabilitación.

Es fundamental que el gobierno asuma la responsabilidad de brindar seguridad a la ciudadanía y recupere la paz y estabilidad que caracterizan a Costa Rica. En este, como en otros campos, el gobierno debería abrirse a la colaboración de personas con conocimiento, experiencia y formación en la materia. Existen numerosos avances y propuestas que pueden ser de gran utilidad para transformar esta realidad, y no cabe duda de que muchos profesionales comprometidos estarán dispuestos a aportar y trabajar junto a las autoridades gubernamentales en beneficio de todo el país.