Eventual estructura paralela para manejo de dinero en la campaña de Rodrigo Chaves se castigaría con seis años de cárcel

De confirmarse en los tribunales la creación de una estructura paralela de financiamiento para la campaña política del presidente Rodrigo Chaves, los involucrados podrían ser sancionados hasta con seis años de cárcel, según el Código Electoral.

Lea más: Campaña de Rodrigo Chaves se financiaría con estructura paralela

El dato cobra relevancia en momentos en que se filtró a la prensa un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para la fiscalía, en donde se detalla “un oscuro esquema de financiamiento” por parte del Partido Progreso Social Democrático en la contienda anterior.

Se trata de la agrupación política emergente que llevó a Chaves a ganar la presidencia en abril anterior tras derrotar a José María Figueres del PLN.

“Como parte de este esquema oscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras, entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021, en las cuentas bancarias del fideicomiso”, según el informe del órgano electoral.

Lea más: Indicios de “un oscuro esquema de financiamiento” en campaña de Rodrigo Chaves reporta el TSE al Ministerio Público

La figura del fideicomiso para manejar recursos no sería ilegal, el problema, es que no se habría reportado su constitución oportunamente.

En principio, luego de captar dinero de diversas personas, sin que el origen fuese reportado al TSE, la supuesta estructura paralela habría cancelado facturas por casi ¢100 millones y así cancelar diversos gastos como el alquiler de la sede del partido, gastos por publicidad, servicios profesionales y de vigilancia y de viáticos, así como el salario de varios profesionales.

El informe se facilitó el pasado 8 de junio al Ministerio Público, con el objetivo de determinar el origen de los recursos que recibió la campaña.

El Código Electoral es claro en sus artículos 275 y 276 en torno a las limitaciones establecidas al financiamiento de los partidos.

Por ejemplo, se castigará con cárcel de dos a seis años a quien tenga conocimiento de contribuciones, donaciones o aportes contraviniendo las normas del TSE y no lo denuncie; asimismo, se impondrá de dos a seis años de prisión, para los precandidatos oficializados por los partidos, responsables de las campañas o cualquier otro personero que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela.

Por otra parte, el TSE también reportó el pago de facturas por miles de dólares desde las cuentas bancarias de una mujer de apellido Agüero y que habría recibido más de $195 mil y que tampoco se reportaron oportunamente.

Desde finales del año pasado, el partido Progreso Social Democrático – que llevó a Chaves al poder- está bajo investigación por parte del órgano electoral y la fiscalía.

“La ley establece que todo financiamiento que entre a un partido debe gestionarse por medio de las cuentas oficiales de la agrupación, para determinar de dónde vienen los ingresos y egresos”, dijo Héctor Fernández, director del registro electoral.

El informe en cuestión también reveló que el Banco de Costa Rica (BCR) alertó a las autoridades del TSE de dos “operaciones sospechosas”, por un total de ¢150 millones, en el flujo de dinero hacia la campaña del Partido Progreso Social Democrático y que en principio provenía en su gran mayoría de un hombre de 25 años.

“Nosotros tenemos que hacer un estudio de solvencia económica de todas las personas involucradas, estamos proyectando que estará listo para finales de año. El informe que se ha dado a conocer no es de carácter público y era solo para el Ministerio Público y por ello, no puedo comentar nada al respecto”, agregó Fernández.