Estado gasta más de ¢21 mil millones en alquiler de edificios
Natasha Cambronero [email protected] | Lunes 06 septiembre, 2010
Fondo para rentar terrenos o locales crece ¢7 mil millones en promedio al año
Estado gasta más de ¢21 mil millones en alquiler de edificios
Ministerios de Hacienda y de Educación son los que consumen más dinero en arrendamientos
Más de ¢21 mil millones gastará el Estado este año para el alquiler de edificios, terrenos y locales para albergar a sus funcionarios.
Tanto los ministerios, la Defensoría de los Habitantes, como la propia Presidencia de la República destinan parte de su limitado presupuesto anual a pagar millones a arrendatarios por los diversos inmuebles que utiliza.
Entre los ministerios que más dinero gastan en ese rubro sobresalen el de Hacienda y el de Educación, con unos ¢7 mil millones anuales cada uno.
Una cifra menor, pero significativa, destina el Poder Judicial con un presupuesto de ¢2.238 millones dicho monto se utiliza para el alquiler de oficinas regionales de la Defensa Pública, del Organismo de Investigación Judicial, Fiscalía, Juzgados, Tribunales y parqueos.
El Ministerio de Seguridad Pública y el Tribunal Supremo de Elecciones también tienen su cuota en el alto presupuesto de alquiler que se destina cada año, con ¢655 millones y ¢667 millones respectivamente.
A la lista se suman los poderes Legislativo y Ejecutivo, que en conjunto utilizan ¢766 millones, cifra que se estima aumentará significativamente el próximo año.
Eso, en razón de que el plenario solicitó un incremento en el presupuesto de más ¢2 mil millones como previsión de una eventual negociación para arrendar, con opción de compra, un nuevo edificio legislativo, tentativamente en Zapote.
Alquiler que se sumaría a los que ya se realizan en las cercanías del edificio central en Cuesta de Moras y en otros sitios de la capital, para subsanar el faltante de oficinas para diputados, e instancias para los departamentos administrativos que existen, debido a las condiciones insalubres en que se encuentran algunos inmuebles.
En total, el plenario arrienda cinco edificaciones, la antigua sede de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA) ubicada 200 metros al este de Casa Italia, los Edificio Sosa y Rucadavo, la Casa Rusa y un edificio de la Universidad Americana contiguo al cine Magaly.
En el Caso de la Presidencia, el dinero de este rubro se utiliza para rentar el inmueble que alberga a la Dirección General de Servicio Civil, al Ministerio de la Presidencia anexo Edificio Langer, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y algunas de sus oficinas regionales.
Las deplorables condiciones en que se encuentran algunos inmuebles tanto del Congreso y la Presidencia, como de ciertos ministerios, o bien, el hecho de no poseer una sede propia han desatado en los últimos meses el interés por adquirir otras edificaciones o bien construir nuevas.
La administración pasada dejó cerrados dos convenios con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que esta entidad financie la construcción de nuevos edificios para albergar a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Entre ambos préstamos suman alrededor de ¢69 mil millones.
Asimismo, los ministerios de Hacienda, de Ciencia y Tecnología y de Comercio Exterior mostraron su interés en trasladarse a un oficentro que se construye en Zapote y que actualmente también es pretendido por el Congreso, como sede.
Si bien los más de ¢21 mil millones que se destinan para este fin, representan solo un 0,44% del Presupuesto de la República para 2010, con ese monto se podrían financiar casi 4 mil bonos de la vivienda para familias de escasos recursos.
Además, el presupuesto para arrendar inmuebles por parte del Estado durante los últimos tres años, creció anualmente en promedio en ¢7 mil millones, según se desprende de la ley del Presupuesto de la Republica y para el próximo año, se prevé que la cantidad designada para este rubro alcance los ¢22,6 mil millones; sin embargo, está supeditado a una reforma fiscal.
De igual forma, dentro de esta cantidad no se toman en cuenta las instituciones descentralizadas del Gobierno Central, pues de lo contrario la cantidad sería aún mayor.
Por ejemplo, solo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) invierten en el alquiler de inmuebles casi ¢14 mil millones, de acuerdo con la Contraloría General de la República.
Este diario intentó conocer en cuáles edificios, terrenos y locales los Ministerios de Educación y de Hacienda invierten ese dinero, pero al cierre de esta edición no respondieron a las consultas que se les plantearon.
Natasha Cambronero
[email protected]
Estado gasta más de ¢21 mil millones en alquiler de edificios
Ministerios de Hacienda y de Educación son los que consumen más dinero en arrendamientos
Tanto los ministerios, la Defensoría de los Habitantes, como la propia Presidencia de la República destinan parte de su limitado presupuesto anual a pagar millones a arrendatarios por los diversos inmuebles que utiliza.
Entre los ministerios que más dinero gastan en ese rubro sobresalen el de Hacienda y el de Educación, con unos ¢7 mil millones anuales cada uno.
Una cifra menor, pero significativa, destina el Poder Judicial con un presupuesto de ¢2.238 millones dicho monto se utiliza para el alquiler de oficinas regionales de la Defensa Pública, del Organismo de Investigación Judicial, Fiscalía, Juzgados, Tribunales y parqueos.
El Ministerio de Seguridad Pública y el Tribunal Supremo de Elecciones también tienen su cuota en el alto presupuesto de alquiler que se destina cada año, con ¢655 millones y ¢667 millones respectivamente.
A la lista se suman los poderes Legislativo y Ejecutivo, que en conjunto utilizan ¢766 millones, cifra que se estima aumentará significativamente el próximo año.
Eso, en razón de que el plenario solicitó un incremento en el presupuesto de más ¢2 mil millones como previsión de una eventual negociación para arrendar, con opción de compra, un nuevo edificio legislativo, tentativamente en Zapote.
Alquiler que se sumaría a los que ya se realizan en las cercanías del edificio central en Cuesta de Moras y en otros sitios de la capital, para subsanar el faltante de oficinas para diputados, e instancias para los departamentos administrativos que existen, debido a las condiciones insalubres en que se encuentran algunos inmuebles.
En total, el plenario arrienda cinco edificaciones, la antigua sede de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA) ubicada 200 metros al este de Casa Italia, los Edificio Sosa y Rucadavo, la Casa Rusa y un edificio de la Universidad Americana contiguo al cine Magaly.
En el Caso de la Presidencia, el dinero de este rubro se utiliza para rentar el inmueble que alberga a la Dirección General de Servicio Civil, al Ministerio de la Presidencia anexo Edificio Langer, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y algunas de sus oficinas regionales.
Las deplorables condiciones en que se encuentran algunos inmuebles tanto del Congreso y la Presidencia, como de ciertos ministerios, o bien, el hecho de no poseer una sede propia han desatado en los últimos meses el interés por adquirir otras edificaciones o bien construir nuevas.
La administración pasada dejó cerrados dos convenios con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que esta entidad financie la construcción de nuevos edificios para albergar a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Entre ambos préstamos suman alrededor de ¢69 mil millones.
Asimismo, los ministerios de Hacienda, de Ciencia y Tecnología y de Comercio Exterior mostraron su interés en trasladarse a un oficentro que se construye en Zapote y que actualmente también es pretendido por el Congreso, como sede.
Si bien los más de ¢21 mil millones que se destinan para este fin, representan solo un 0,44% del Presupuesto de la República para 2010, con ese monto se podrían financiar casi 4 mil bonos de la vivienda para familias de escasos recursos.
Además, el presupuesto para arrendar inmuebles por parte del Estado durante los últimos tres años, creció anualmente en promedio en ¢7 mil millones, según se desprende de la ley del Presupuesto de la Republica y para el próximo año, se prevé que la cantidad designada para este rubro alcance los ¢22,6 mil millones; sin embargo, está supeditado a una reforma fiscal.
De igual forma, dentro de esta cantidad no se toman en cuenta las instituciones descentralizadas del Gobierno Central, pues de lo contrario la cantidad sería aún mayor.
Por ejemplo, solo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) invierten en el alquiler de inmuebles casi ¢14 mil millones, de acuerdo con la Contraloría General de la República.
Este diario intentó conocer en cuáles edificios, terrenos y locales los Ministerios de Educación y de Hacienda invierten ese dinero, pero al cierre de esta edición no respondieron a las consultas que se les plantearon.
Natasha Cambronero
[email protected]