Equidad fiscal entre trabajadores asalariados e independientes sigue siendo un reto para Hacienda

La posibilidad de nivelar la cancha en el pago del impuesto sobre la renta entre los trabajadores independientes y los asalariados sigue siendo un reto pendiente para el Ministerio de Hacienda, pese a la reforma recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa.

Y es que mientras que un trabajador independiente puede exonerar ¢520 mil mensuales, un asalariado deberá pagar impuestos hasta que sus ingresos superen los ¢900 mil mensuales.

Esta disparidad fue considerada por 35 diputados que votaron a favor el proyecto que pretendía un pago de impuestos más justo y eximieron del tributo a los trabajadores independientes cuyos ingresos anuales no superen los ¢6.244.000, es decir, ¢520 mil mensuales.

“Sin duda, es un gran avance, pero todavía hay mucho por hacer para alcanzar la equidad. Es una tarea compleja, que involucra ajustes no solo en el ámbito salarial y tributario, sino en otros muchos beneficios y en las oportunidades de crecimiento y desarrollo laboral. En muchos casos, los empleados públicos tienen salarios y beneficios que pueden ser superiores a los del sector privado (como bonos). Además, tienen diferencias en el régimen de pensiones, en la estabilidad laboral, por lo que las condiciones laborales de ambo sectores son muy diferentes”, aseguró Hannia Ramírez, subdirectora de Economía de la Universidad Fidélitas.

El impacto fiscal de la reforma recientemente aprobada en la recaudación, sería de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda de unos ¢7 mil millones anuales, lo que representaría entre un 0,01%- 0,09% del PIB de los ingresos ordinarios del Gobierno.

“Esto quiere decir que el impacto final en las cuentas del Estado es reducido y eso es bueno. Espero también, que la medida ejerza un incentivo para aquellos trabajadores que están en la informalidad para que se pongan a derecho y aprovechen otros beneficios como el acceso al crédito”, explicó Ramírez.

Otro de los problemas que existe, es que se parte de la premisa de que trabajadores independientes son únicamente profesionales liberales y este grupo abarca a una gran cantidad de personas, muchas de ellas sin un título universitario, pero que prestan servicios de manera autónoma.

“El resultado de esta distorsión es una carga fiscal desproporcionada. Pero el problema no termina ahí. El independiente, además de pagar impuestos desde una base más baja, debe asumir todos los costos operativos de su actividad: equipo, herramientas, alquiler, transporte y seguros, entre otros, mientras tanto, el asalariado recibe estos recursos de su empleador.

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Para nivelar la cancha, es indispensable revisar los umbrales de tributación y reconocer en la estructura fiscal las diferencias reales entre un asalariado y un independiente. La solución no es simplemente aumentar la carga a unos o reducirla a otros, sino diseñar un esquema que refleje la realidad económica de cada sector y garantice equidad tributaria para todos”, aseguró Raymundo Volio, abogado

de Actualidad Tributaria.

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Otra solución que se ha propuesto es el establecimiento de un impuesto sobre la renta global, el cual, permitiría condiciones justas para todos los contribuyentes sin importar su tipo de contratación.

“Este sistema tributario permitiría tener una sola escala de tarifas para ambos tipos de renta, que se pueda anualizar y segregar por mes. No provocaría una pérdida de recaudación ya que todo depende de la escala que se fije. Lo que se puede hacer es tener una escala de tarifas medias que permita corregir las diferencias entre los diferentes tipos de rentas”, destacó German Morales, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton.

El proyecto de renta global está en el Congreso desde agosto del 2023 en la Comisión de Asuntos Hacendarios y fue solicitado por Fondo Monetario Internacional en su reciente informe, sin embargo, ni siquiera se han hecho las consultas relacionadas con la iniciativa legal a las instituciones involucradas.

“La reforma permitiría equiparar las tarifas, las deducciones, los créditos fiscales y las obligaciones formales de declaración, donde se puedan consignar en una cancha nivelada los gastos propios con los límites que señale la Ley, pero anticipar una estimación del impacto fiscal sería especulativa con la información disponible en la actualidad y sistemas opacos como el de régimen simplificado que debe desaparecer si queremos equidad tributaria”, destacó Carlos Carranza, socio Director de Grupo Camacho Internacional.