Institución incumple con los plazos legales o solicita extensiones

Empresarios exigen modernización de Setena

Plan para agilizar trámites ya fue presentado por el gobierno

Modernizar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) permitiría impulsar el desarrollo al agilizar los trámites que deben superar la gran mayoría de proyectos de infraestructura en el país.

Al incumplir con los plazos legales o bien solicitar extensiones para emitir criterios, la institución se ha convertido en una piedra en el zapato para muchos desarrolladores y empresarios que buscan construir o ampliar sus operaciones.
“Yo vengo del sector privado y ciertamente esas extensiones no me hacen feliz, pero así está establecido en la normativa y yo tengo que cumplir hasta que se cambie”, comentó Freddy Bolaños, secretario general de Setena.
El caso más reciente y conocido de las últimas semanas ha sido el de la terminal de contenedores de Moín, que desarrollará la empresa APM.
El último obstáculo que deberá superar este proyecto es la viabilidad ambiental, que depende de Setena. Sin embargo, su respuesta podría venir hasta marzo de 2015, pues solicitó una extensión de seis meses para pronunciarse.
Aunque la decisión sobre este y muchos otros proyectos de gran relevancia nacional dependen de Setena, se conoce poco sobre quiénes y cómo se toman las decisiones en esta institución.
El máximo órgano de Setena es su Comisión Plenaria, conformada por siete representantes de distintos sectores.
Para decidir sobre la viabilidad ambiental de los distintos proyectos, la Comisión se apoya en un informe técnico que prepara el Departamento de Evaluación Ambiental.
Sin embargo, la Comisión podría decidir apartarse de los criterios técnicos a la hora de emitir sus resoluciones.
Una vez que se da el aval ambiental, Setena debe dar seguimiento a los proyectos que certifica y verificar que se cumpla con el plan de gestión ambiental aprobado.
Sin embargo, el seguimiento ambiental se da más por denuncia que por gestión propia, pues la Secretaría no cuenta con los recursos necesarios para auditar todos los proyectos que aprueba.
“La auditoría no se hace en un día, es un proceso muy detallado que lleva por lo menos tres días”, explicó Bolaños.
Además de la evaluación y seguimiento ambiental, Setena debe supervisar el ordenamiento territorial a nivel nacional y verificar que la variable ambiental se incluya en los planes reguladores.

Ahí radica parte del problema, pues la institución cuenta con personal y recursos limitados para atender sus crecientes responsabilidades.
Para cumplir con todas sus funciones, Setena cuenta con 88 funcionarios.
Originalmente la institución fue ideada para dar el aval únicamente a los grandes proyectos, pero con el tiempo se han ampliado sus responsabilidades y su rango de acción, al punto que hoy casi todos los desarrollos pasan por esta institución.
Adicionalmente, los consultores que deben contratar las empresas para realizar los estudios de impacto ambiental realizan un trabajo deficiente.
“Se dice que Setena es lento en respuesta, pero esto en parte se debe a que los insumos que recibe son de muy baja calidad y eso tiene que ver con los consultores ambientales que tenemos”, dijo Bolaños.
Otro problema consiste en que algunos consultores han hecho de la obstrucción ambiental un negocio, denunció René Castro, exministro de Ambiente.
“Son consultores para quienes les contratan y se tornan en activistas contra quienes no”, denunció Castro.
Para agravar la situación, en muchos casos hay otras instituciones del Estado que deben emitir criterio previo a que Setena resuelva, proceso que retrasa aún más las resoluciones. Un ejemplo es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
En 2013, el ministro Castro, intervino Setena con el objetivo de optimizar la gestión de la institución.
Se evidenció que Setena sufre limitaciones administrativas que retrasan los tiempos de respuesta.
Sin embargo, la intervención no tuvo resultados a lo interno de la institución, aseguró Bolaños.
Para agilizar los trámites que pasan por esta institución, el gobierno presentó un plan la semana pasada.
La propuesta consiste en un reordenamiento de la institución, la digitalización de trámites y la certificación de consultores.

Natalia Chaves
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