Una noticia del Wall Street Journal de 14 de octubre pasado confirmó que el Presidente Obama había echado marcha atrás en su amenaza de acabar con los beneficios fiscales de las compañías norteamericanas fabricantes en el extranjero, confirmando nuestro pronóstico de que lo haría. En ese entonces habíamos afirmado que la retórica del Presidente, antes y después de la campaña, cedería ante la realidad pues esos beneficios no son ni gollerías ni antojadizos. Esta noticia- y el paso de los meses- nos han dado la razón.
El verano de 1984, cuando teníamos a cargo una cátedra de Problemas Legales Transnacionales en la Universidad de California en San Diego, un panel de expertos con el que tuvimos el privilegio de interactuar aconsejó al Presidente Reagan que sacara del país las comercializadoras de sus fabricantes, conocidas como DISC, para substituir el subsidio fiscal local de unos ciento treinta y dos mil millones de dólares al año que éste representaba, objetado firmemente por el GATT (hoy OMC).
El mismo había sido creado para dar competitividad internacional a las empresas de Estados Unidos. En condiciones que no eran leales, las empresas japonesas que no invertían en investigación y desarrollo sino que lo plagiaban, se estaban comiendo el mercado, pero las reglas de GATT no las alcanzaban.
En 1984 Estados Unidos sacó las exenciones de su territorio sustituyendo las DISC por FSC (popularmente FISC) y con esto resolvió el problema con el GATT. El sistema evolucionó, primero bajo la ley de Foreign Inversions y luego de otras, hacia la regla de no tributación hasta la repatriación, una inatacable modalidad ubicada en medio de los dos sistemas tradicionales de tributación- territorial y mundial- que dio a las compañías norteamericanas competitividad en los mercados internacionales. Hoy en día esa competencia desleal proviene de China, pues con sus salarios de explotación no puede competir ningún país occidental.
El argumento (hepático, como con frecuencia sucede en política) que lanzó al señor Obama a expresarse tan drásticamente durante la campaña y aún después de asumir la presidencia, fue el de que ese sistema estimula la fuga de empleo norteamericano hacia el extranjero. La enorme legión de compañías que reaccionó en contra le explicó que eran precisamente los costos extranjeros más bajos y la tributación diferida lo que les permitía mantener una parte de su producción en territorio norteamericano. El fuerte mensaje fue que, sí se abolía ese beneficio, para mantener la competitividad habría que trasladar la casi totalidad de las operaciones al extranjero.
Es muy fácil entender- aunque no para todos- que para que el sistema norteamericano de tributación diferida funcione, las empresas fabricantes en el extranjero deben escoger un país idóneo. Esto significa tener un sistema muy desarrollado de zonas francas ó bien, un sistema de impuesto sobre la renta territorial. Nuestro país tiene ambas cosas y por eso ha sido tan exitoso. El asunto es que solo el de renta territorial puede garantizar (sí los sabios no nos pegan un tiro en la pata) a las empresas norteamericanas- las que representan la mayor parte de la inversión extranjera en este país- un largo plazo. Las zonas francas están bajo franca presión de la OMC, empeñada en eliminarlas y, aunque se ha logrado retrazar el proceso, su futuro es como máximo, a mediano plazo.
Quienes hemos invertido cuarenta años promocionado al país por medio de las cámaras gremiales entendemos el esfuerzo que eso representa y lo complejo de esta situación. La inversión extranjera ha traído una mejora monumental a la calidad de vida de los costarricenses. Pero es muy frágil.
Lo que nos asusta es que muchos burócratas ven esto en números y no en personas. Bueno, y lo hepático.
