¡El que contamina, paga!

En un país que internacionalmente se promociona como baluarte por su conciencia ecológica, con el mayor porcentaje de áreas protegidas y parques nacionales del mundo y una inmensa biodiversidad, para los que somos ticos y conocemos la realidad, es bastante contradictorio que por ejemplo, menos del 4% de las aguas que van a nuestros ríos sea tratado, lo que da como consecuencia que tenemos verdes prados (aunque cada día menos), pero bañados por marrones, malolientes y espumosos ríos.
Los vertidos químicos y residuales de las industrias, las aguas fecales y jabonosas de los residenciales y muchos proyectos turísticos pasan prácticamente inadvertidos por las autoridades y su castigo es la excepción, nunca la regla. Bajo esta peligrosa paradoja, deberíamos tomarnos muy en serio la inclusión de impuestos “verdes” a nuestro sistema tributario.
El ministro Ayales acertadamente ha incluido este asunto en la agenda de consenso, pero poco se conoce hasta el momento de una propuesta concreta. En todo caso, ¿qué mejor manera de atraer recursos que gravar ciertas conductas, sobre todo industriales, que contaminan el ambiente?
La oposición a este tipo de medidas tendría doble filo, pues los detractores podrían caer bajo la sospecha de que se pretende continuar con actividades altamente nocivas para el medio ambiente, pero sin tomar medidas para disminuir su impacto, ni proporcionar recursos para contrarrestarlas. Los impuestos verdes se guían por el conocido principio de “El que contamina paga” y admite múltiples formas, como por ejemplo gravar actividades que producen CO2. En el tema de vertidos el control se dificulta, pero no se imposibilita y existen múltiples formas para llevarlo a cabo. Basta con mirar fuera de nuestras fronteras y analizar cómo se ha abordado este tema en otras latitudes.
No se está reinventando la rueda, dado que este tipo de medidas impositivas existen desde hace muchos años en Occidente, por lo que más bien resulta extraño que en Costa Rica este tema no se haya abordado antes. La propuesta no significa que los tributos sean altos, pero sí lo suficiente como para invitar a sus contribuyentes a tomar medidas para disminuir su pago a través de la adopción de buenas prácticas.
Si se implementan correctamente, el medio ambiente, las finanzas públicas y nuestra población en general se beneficiarían a mediano y largo plazo.

Rafael Luna
Abogado tributarista
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