El riesgo sistémico de la banca al detalle en Costa Rica

Gerardo Corrales [email protected] | Lunes 11 junio, 2018

El riesgo sistémico de la banca al detalle en Costa Rica

La Banca Comercial se dedica a realizar labores de intermediación financiera, entendida según el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, como: “la captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones”.

Es decir, que de acuerdo con la ley en Costa Rica, los intermediarios financieros se dedican a captar recursos del público a través de instrumentos como cuentas corrientes, cuentas de ahorro y certificados de depósitos, de forma habitual, para luego canalizarlos en la forma de crédito o inversiones para satisfacer las diferentes necesidades de financiamiento de las familias y las empresas.

Es posible a su vez, dividir la función de banca comercial en aquella que va dirigida a las personas físicas o familias, conocida como la banca minorista, banca retail, banca de consumo, banca al detalle o banca al menudeo, para enfatizar los sujetos a los que dirige sus servicios.

Por el contrario, la banca corporativa, empresarial o mayorista, es la que atiende las necesidades de las personas jurídicas o empresas que operan en la sociedad.

Dado que muchas de las micro y pequeñas empresas son manejadas por su propio dueño, se consideran como parte de la banca al detalle, incluyendo los fondos de Banca para el Desarrollo.

El Sistema Financiero Costarricense está integrado por entidades que realizan intermediación financiera, que a diciembre de 2017 son: tres bancos del Estado; 11 bancos privados; el Banco Popular y la Caja del ANDE; cinco financieras; dos mutuales de ahorro y crédito y 24 cooperativas de ahorro y crédito.

Al 31 de diciembre de 2017, todas esas entidades tenían un saldo total de crédito equivalente a US $38.103 millones, de los cuales el 61% corresponde a banca al detalle y el 39% a la banca corporativa.

Según cifras de la Superintendencia de Entidades Financieras, se procede a divulgar información relevante del crédito de la banca al detalle.
Los US$23 mil millones de crédito en esta actividad están colocados en un 1,8 millones de personas o deudoras dentro del sistema financiero, lo cual da un saldo de deuda por persona cercano a los $12.900.

En cuanto a los destinos de estos fondos, el 42% se dedica a financiar vivienda residencial, el 36% a crédito personal o de consumo, un 9% en tarjetas de crédito, 7% en micro y pequeñas empresas, un 6% en vehículos y un 1% en fondos de Banca para el Desarrollo para mipymes.

De los 1,8 millones de personas endeudadas en el sistema, 845 mil lo están en tarjetas de crédito, 610 mil en crédito personal, 200 mil en casas de habitación, cerca de 90 mil en vehículos, 60 mil en micro y pequeñas empresas y 12 mil en Banca para el Desarrollo.

Lo anterior nos revela que el saldo promedio que cada tico debe en su financiamiento de vivienda es de $50 mil; $14 mil en crédito personal; $2.400 en tarjetas; $15 mil en vehículos; 25 mil en micro y pequeñas y $24 mil en banca para el desarrollo.

En cuanto a la evolución histórica del crédito al detalle, si se comparan las cifras con diciembre del año 2010, se observa que el crédito ha crecido a un ritmo anual promedio de un 11%, tasa que se repite en la mayoría de los destinos salvo el caso de los vehículos que ha tenido un crecimiento en saldos de colocación de un 22% por año.

El Informe de la situación económica de Costa Rica por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) así como el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero por parte del Fondo Monetario Internacional, concluyen que el nivel de endeudamiento o apalancamiento de las familias en Costa Rica es excesivo y que además adolece de un problema estructural de un alto porcentaje del mismo en dólares sin tener la mayoría de deudores ingresos en esa moneda, lo cual expone al sistema financiero y sus intermediarios, en un alto riesgo estructural ante la eventualidad de un incremento o devaluación del tipo de cambio.

En lo personal, por experiencia propia, creo que las autoridades y las mismas entidades financieras deben ser más conscientes y tomar acciones para evitar que este nivel de endeudamiento siga creciendo con base en una competencia mal entendida e irresponsable, lo cual debe llevar necesariamente a ampliar la información que se suministra en la Central de Información de Deudores que tiene la SUGEF, pues la misma solo muestra el nivel de deuda de las familias con el sistema financiero e ignora por completo las deudas que se han tomado con el sistema financiero informal así como el crédito comercial, especialmente de los almacenes de línea blanca.

No hay que esperar a que el sistema entre en una crisis para tomar medidas prudentes, como obligar a que todos los acreedores de crédito, financieros, no financieros, regulados, no regulados, suministren la información de saldos totales, por deudor, por moneda, por plazo, por garantía, por morosidad, etc., con el fin de tener una visión consolidada de los niveles de deuda reales de nuestras familias para evitar continuar con un proceso de sobreendeudamiento sumamente perjudicial para la longevidad de los deudores y estabilidad financiera del sistema.

Dado que estamos con un nuevo gobierno, Asamblea Legislativa y superintendente en SUGEF, al menos debe establecerse una Comisión Mixta en la Asamblea Legislativa que analice en profundidad una segunda etapa de reformas financieras pendientes desde el año 1995.

Ojalá algún padre de la patria, tome la iniciativa, pues el tiempo se agota y el riesgo de una crisis sistemática en la actividad financiera se hace cada vez más evidente.

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