El Menú de Opciones con el Fondo

Introducción

En días recientes el gobierno de la República le solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluar un Convenio de Facilidad de Crédito Extendida o Ampliada (extended credit facility, ECF), lo que permitiría tener acceso a un financiamiento cercano a los $ 1700 millones a ser desembolsados en tres años y pagaderos en un plazo de hasta 10 años con una tasa de interés aproximada al 3.5%.

Aparte del alivio a las necesidades financieras del gobierno, se esperaría que la comunidad internacional, entre ellos, otros organismos multilaterales; inversionistas institucionales y agencias calificadoras de riesgo, perciban la firma de dicho convenio positivamente y de esa manera, lograr acceso a más recursos y ojalá mejorar el rating o calificación país para que sea en mejores condiciones de plazo y tasa de interés, en comparación al estrecho mercado financiero interno.

Sin embargo, como dicen por ahí ¨ there is no free lunch, my frien ¨, o sea no hay almuerzo gratis y como tal, el FMI estaría esperando una propuesta del gobierno con un pliego de reformas, compromisos, objetivos o condiciones, que sea como sea se quieran calificar o vestir, sometería a este gobierno y a los futuros, a un proceso de cambios significativos a fin de mejorar nuestra situación macroeconómica, para asegurar la sostenibilidad y estabilidad financiera.

Alrededor de este tema, hay mucha incertidumbre, desconfianza, rumores sobre cuáles son esos compromisos ya asumidos o por asumir y si debemos como país rechazar los mismos y buscar una solución alternativa al mentado Convenio con el FMI.

El objetivo de este artículo, es dar mayor claridad sobre los temas que se han discutido ya o que se discutirán con el FMI, para colaborar a bajar la ansiedad y angustia de esperar hasta el 17 de setiembre, fecha que el Ministro de Hacienda ha mencionado que hará pública las negociaciones con dicha entidad.

Recientemente, la Universidad de Costa Rica, publicó el Índice de Confianza del Consumidor para el mes

de agosto de este año, alcanzándose el nivel más bajo desde la elaboración de este indicador, 2002 y dando como resultado, que de cada diez costarricenses, hay nueve pesimistas y solo uno optimista, por lo que no contribuye en nada que se alarguen más temas que son fundamentales para la tranquilidad y la formación de expectativas, las que son claves para las decisiones de inversión y consumo futuras.

La Magnitud del Problema: “El Lobo ya llegó¨

No todos los costarricenses, incluso tomadores de decisión política, están conscientes del tamaño del ¨hueco fiscal¨ y creen que es posible seguir pateando el balde hacia adelante con las mismas políticas y acciones del pasado.

Si ya veníamos con un problema fiscal inmanejable, con un déficit cercano al 7% del producto interno bruto (PIB) en el 2019 y una deuda al PIB del 58.5%; la pandemia vino a desnudar más ese problema estructural, llevando el déficit este año a una cifra cercana al 10% del PIB y una deuda aproximada al 70%.

Para ponerlo de forma más clara, este año el gobierno central constituido por 145 mil funcionarios, tendrá un exceso de gasto o faltante de ingresos, cercano a los $ 6 mil millones, casi 3 500 miles de millones de colones más una necesidad de renovar vencimientos de su deuda equivalentes al 4.1% del PIB, es decir, cerca de $ 2 500 millones, o sea, 1 450 miles de millones de colones.

Entre ambos, el tamaño del hueco fiscal se acerca ya a $8.500 millones o casi 5 mil miles de millones de colones, suma de dinero que podría dar empleo a más de 730 mil nuevos empleados en el sector privado, según el salario promedio por trabajador, reportado a la Caja Costarricense del Seguro Social para el mes de julio de este año, estimado en 558 mil colones mensuales.

Para el año 2021, según el presupuesto recién remitido por el Ministerio de Hacienda al Congreso, los ingresos totales del gobierno central serán por la suma de 5 166 miles de millones de colones, pero los gastos totales no solo los superan por mucho, sino que siguen creciendo a un ritmo del 4.5% para ubicarse en 11.499 miles de millones de colones.

Además, como es posible determinar en el cuadro siguiente, las remuneraciones pasan a ser ya el rubro más importante del presupuesto que junto con las transferencias autorizadas por ley al Poder Judicial; Municipalidades; Fondo de Educación Superior (Fees); Patronato Nacional de la Infancia, Fondo de Asignaciones Familiares y otros, superan los ingresos totales del gobierno, o sea, éstos ni siquiera alcanzan para pagar salarios, pensiones y transferencias.

En el presupuesto 2021 se destinarán cerca de $1 mil millones al Fondo de Educación Superior; $2.000 millones para el pago de pensiones de cerca de 60 mil costarricenses, con cargo al presupuesto, muchos de los cuales no cotizaron de sus salarios para disfrutar los montos de pensión que hoy reciben y el total de pluses o incentivos salariales se aproxima a los $ 2.100 millones.

Esto nos pone contra la pared, pues por mejor buena voluntad que se tenga, si queremos seguir sin tomar ninguna acción que toque los ingresos y/o los gastos, necesariamente debemos continuar endeudándonos en un porcentaje equivalente ya al 55% de todo el gasto.

Esto es insostenible, pero además explosivo en el tiempo y sin duda, bajo ese escenario de no hacer nada, la profecía apocalíptica de algunos sobre un "default" o incumplimiento de pago de la deuda sería totalmente cierta y llegará el momento en que el Ministerio de Hacienda le dirá a los empleados públicos no hay plata para pagarles sus salarios; pensiones; transferencias; inversión en infraestructura y otros.

De igual manera se habrán destruido los fondos de pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; el Seguro de Salud de la Caja; las reservas del INS y de los bancos estatales y privados así como los fondos de pensiones complementarias, fondos de inversión y las custodias de la mayoría de inversionistas del país, en cuyo caso, caeremos en un caos económico y volveríamos a los tiempos de Carazo, con un ajuste que al menos nos hará perder una década habiéndonos empobrecido todos al menos con una caída del 50% de nuestros ahorros e ingresos en términos reales.

Pasaríamos a formar parte de un selecto grupo de países en categoría de riesgo CCC como Zambia, El Congo, Angola, Mozambique, Surinam y Belice.

El Menú de Opciones Disponibles

La alternativa a ese escenario fatídico de no hacer nada e irnos todos al precipicio, es dejar a un lado de una vez por todos los intereses partidarios y electoreros con miras a las elecciones del 2022 así como las diferentes ideologías y grupos de presión en defensa de sus intereses, y tener la osadía histórica de estadistas y poner, ante todo, el sentimiento país y la defensa del Estado Social de Derecho en primer término.

Con esto en mente, procedo a desarrollar mi pensamiento sobre lo que podría ser un menú de opciones de ajuste que se pueden proponer en la negoción con el convenio con el FMI.

Sin duda, pasada la pandemia, esperamos en el año 2021, el país debe comprometerse desde ya a retomar la ruta de la consolidación fiscal iniciada con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en diciembre del 2018 y restauran, sin ningún tipo de distingo de entidades por más alegato de autonomías e independencias presupuestarias, el cumplimiento estricto de la regla fiscal, entendido como un límite al crecimiento del gasto corriente para ponerlo en función de la relación de deuda al PIB así como al crecimiento de la producción.

En segundo lugar, desde ya debe hacerse público que, pasada la pandemia, todos los gastos coyunturales incurridos a consecuencia de ella, entre ellos personal; horas extras; atención médica y otros, deben ser eliminados por completo.

La hoja de ruta y la magnitud del ajuste ya están trazados desde el pasado 22 de abril, cuando de manera conjunta el Presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero y el Ministro de Hacienda de ese entonces, Rodrigo Chaves, le remitieron a la Directora Ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, una carta de intenciones, donde literalmente, entre otras cosas, dice: "We are committed, once the inmediate health crisis has dissipated, to taking additional income and expenditure measures to resume fiscal consolidation to reach a primary balance of 2.2 percent of GDP in 2024 that would reduce debt to 50% of GDP by 2034" (el destacado es mío).

En español, "estamos comprometidos, inmediatamente superada la crisis de salud, de tomar medidas adicionales por la vía de los ingresos y gastos para reanudar la consolidación fiscal para alcanzar un balance primario del 2.2% del PIB en el 2024 que permitiría reducir la deuda al PIB al 50% en el 2034" La relevancia de ese párrafo, el cual es público pues está en un anexo del "Staff Report del FMI" publicado en su sitio WEB el pasado mes de mayo, como Informe País No. 20/145, es determinante pues no solo marca la ruta del ajuste fiscal sino la magnitud del mismo.

Veamos. Cuando se emitió esa carta de intenciones, el déficit primario estimado para el 2020 era de 3.7% del PIB (el dato más actualizado es del 4%), de manera que el compromiso de un superávit primario en el 2024 del 2.2%, implica por simple aritmética, un ajuste fiscal para los próximos cuatro años de 5.9% del PIB, un aproximado de $ 3 600 millones, es decir, $ 900 millones por año.

Además, los dos cocientes objetivo críticos a atacar con acciones de política son la relación del déficit fiscal al PIB así como de la deuda al PIB, por lo que mi sugerencia es aprobar medidas que afecten de forma simultánea tanto el numerador, así como el denominador de ambos cocientes.

De hecho, en el mismo Staff Report, en el Cuadro # 3, Balance de las Finanzas del Gobierno, se presentan estimados de ajuste de ingresos y gastos, con base en cálculos del Ministerio de Hacienda y la

Misión del FMI.

a- Primer Componente del Numerador, AUMENTAR LOS INGRESOS EN 3 puntos porcentuales del PIB

Si bien, el informe del FMI no indica en detalle de donde proviene este ajuste, si detalla que de la parte de ingresos tributarios vendrán 2.3% y de ingresos no tributarios, 0.7% del PIB.

En ese momento, ese último componente se supondría vendría de la Ley Pagar que permitiría consolidar todos los superávits de los entes descentralizados en el gobierno central. Al haberse aprobado en días recientes un monto menor a este, entonces habrá que buscar alternativas que compensen ese faltante más 2.3% de ingresos tributarios, dentro de los cuales, sugiero las siguientes acciones:

- Mejorar la administración y eficiencia de la recaudación tributaria. En esa línea, hay que ser mucho más fuertes con la obligación y educación de los comerciantes y contribuyentes para exigir sin distinción la misión de la factura electrónica. Debe eliminarse del lenguaje cotidiano la opción de con o sin factura; Necesita o no factura; pues es un instrumento obligatorio clave para la trazabilidad y mejorar la recaudación fiscal.

De igual manera, debe hacerse un control más efectivo de la evasión tributaria y el contrabando. La ley de fraude fiscal le da herramientas a la Administración Tributaria para reducir estos filtros de recaudación y, además, no se vale solo hacer publicidad de supuestas empresas que no declaran utilidades y por tanto no pagan impuestos, sino que debe informarse públicamente, aunque sea sin nombres, que se hicieron las inspecciones y fiscalizaciones de todos esos contribuyentes y se confirmó que no correspondía tributar o realizar el traslado de cargos respectivos. Dejar esto en el aire sin resolver, es sembrar la polarización de la sociedad y permitir que grupos con otras intenciones, usen esa información de forma malintencionada.

La implementación rápida del proyecto de Hacienda Digital, así como el uso de herramientas de la Cuarta Revolución Industrial como el Big Data; Blockchain; Fintech y otros, para construir modelos de comportamiento de pago tributario y estructura de ingresos y gastos por sectores de actividad económica para dar seguimiento estricto a todas aquellas empresas o individuos que se salgan de estos comportamientos promedio.

- Aprobar una ley de eliminación y simplificación de exoneraciones: llegó la hora de extirpar de raíz los compadrazgos con fines electoreros de determinados grupos de presión que a través de esas presiones en el Ejecutivo o Legislativo, han logrado sacar provecho y beneficios de exenciones tributarias injustificadas. Por ejemplo, no es de recibo que las grandes cooperativas que evidentemente son órganos abiertos y de competencia comercial con las empresas del mercado, sigan estando exentas del pago del impuesto de renta.

Es urgente ampliar la base tributaria para lograr que los ajustes de las tasas de impuestos no sean tan significativos. Por ejemplo, no es aceptable, siendo el salario escolar parte de la compensación, que no esté sujeto al pago del impuesto de renta.

- Evaluar la conveniencia de implementación de un aumento en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA): se ha estado planteando en diferentes foros aumentar la tasa del IVA del 13% al 16%. Si bien es cierto, se trata de un impuesto sencillo y de gran efectividad en el monto recaudado, también hay que ponderar que se trata de un impuesto indirecto con efectos regresivos en las clases de ingresos más bajos, ya de por sí muy afectados por la pandemia y que, al castigar el consumo, genera un efecto de contracción en el consumo y con afectación negativa en la reactivación económica.

De consideración relevante es la iniciativa del BID implementada con éxito en Brasil y Colombia, del concepto IVA-Pobreza, que consiste en buscar un mecanismo de compensación o devolución del impuesto en los primeros dos o tres deciles más bajos de ingresos.

Para la distribución del Bono Proteger, se han logrado emitir cientos de miles de cuentas bancarias simplificadas, por lo que esa sería una vía adecuada, para esta devolución.

- Impuesto solidario a los salarios de empleados públicos y privados: desde que el exMinistro Chaves planteó esta opción, eso sí de forma transitoria y con afectación progresiva en los tractos de ingresos más altos (más de 1.2 millones de colones), en mi criterio, es de carácter urgente y necesaria. Eso sí, en el caso del sector privado, no es de recibo afectar los salarios del personal que hay sufrido congelamiento o reducción de la jornada laboral, sino que aplicaría solo cuando regresen a su nivel de salario normal antes de pandemia.

- Contribución solidaria a las pensiones de lujo: no es justo que un pequeño grupo de pensionados de lujo que nunca cotizaron por las mismas, sigan alimentándose con una gran proporción de los $ 2 mil millones que se transfieren para este fin con cargo al presupuesto público.

- Sobretasa temporal al impuesto de renta a las utilidades de las empresas no afectadas por el Covid: si bien es cierto que la carga tributaria a las empresas en el país es sumamente alta, es tan grave la magnitud del ajuste ya indicado, que la estabilidad social y política, exige un sacrificio temporal de las empresas que siguen obteniendo utilidades al menos de un 2% al 4% de sobretasa temporal por dos años.

- Renta Global a nivel personal y empresarial: la reforma fiscal aprobada a fines del 2018, mantuvo un esquema cedular y sumamente complejo de administrar. Solamente a los bancos, por solicitud expresa de ellos, se les aprobó un verdadero esquema de renta global territorial.

Debe evaluarse modificar el esquema cedular y obligar a consolidar todas las fuentes de ingreso personales o empresariales, sean salarios, intereses, alquileres, ganancias de capital, pero a su vez, reducir la tasa del impuesto, pues no estamos solos en un mundo abierto y competitivo y tenemos un vecino fronterizo en donde no existe renta ni a los intereses ni a las ganancias de capital, Panamá, por lo que si la consolidación se piensa al 30% para las empresas o en los rangos actuales de tasas de renta personales, sin duda habrá una fuga de capitales hacia ese país.

- Aumento de la tasa del impuesto a las propiedades: el FMI en su Staff Report menciona esta opción. Se trata del conocido impuesto territorial que hoy es recaudado por las Municipalidades. Por la coyuntura actual, se justifica no solo un aumento de la tasa de este impuesto sino una actualización de los valores de avalúo de las propiedades, pues es conocido que es frecuente que las transacciones de compra-venta se registren oficialmente solo en un porcentaje de su valor de mercado.

Participé hace algunas semanas en el proceso de ¨Escucha, Propone y Dialoga¨, promovido por el gobierno, en nombre de la Universidad Lead, donde soy profesor.

Me correspondió defender el tema de ideas de ingresos fiscales y dentro de las 301 propuestas de distintas instancias, logré determinar que varios grupos de izquierda, académicos de la UNA y sindicales, coincidían en hacer propuestas de impuestos a zonas francas; renta mundial; a la riqueza; al patrimonio;

a las altas fortunas financieras, así como la adopción de la conocida tasa tobin o mejor conocido como el

impuesto a las transacciones financieras.

Mi posición, como lo externé en ese foro, es de total oposición a esos planteamientos. Lo que menos debe hacerse en medio de esta crisis, es afectar la inversión. Suena muy bien a nivel populista y de polarización de la sociedad promover esas ideas que generan el odio entre ricos y pobres. Pero la evidencia internacional demuestra que el costo beneficio de dichos esquemas en el mediano plazo, es negativo.

Cambiar las reglas de juego del régimen de zonas francas que es el deseo de un grupo desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio, no solo es ilegal, sino que ahuyenta el sector de actividad económica más dinámico; generador de empleo juvenil y femenino y más del 90% provenientes de educación pública.

Está demostrado que el cociente entre los beneficios generados en salarios, cargas sociales; aportes al INA y otros superan por 1.4 veces, la supuesta recaudación fiscal que se tendría, incluso sabiendo que esto no es más que un ejercicio teórico pues estableciendo los impuestos, nada asegura que esa inversión permanecerá en el país.

Sería contradictorio que este gobierno que ha declarado de interés público el Hub de Ciencias de la Vida, semanas después venga a gravarlas.

La renta mundial, es decir, gravar los ingresos de personas físicas o jurídicas que operan en el país, no importa el origen donde se obtengan, siendo un país importador de capitales, terminará ahuyentando los capitales de Costa Rica. Además, ya en el Informe de la OCDE de Análisis de Políticas Fiscales en Costa Rica, esta organización concluye: ¨ … el paso hacia un Sistema de renta puramente mundial no aportaría demasiadas ventajas económicas. Tal movimiento conllevaría, además, elevados costos administrativos, sin que la recaudación aumentara de un modo sustancial. ¨ (el destacado es mío) Un impuesto a la riqueza; los patrimonios o las altas fortunas financieras, sin mayor sustento técnico sobre la efectividad del mismo, se esboza como un planteamiento de carácter populista y de polarización de la sociedad. No hay nada más nervioso y sensible al tema de los impuestos que las riquezas financieras y con una cuenta de capital abierta. Un impuesto de este tipo sin duda podría llevar al país a una fuga de capitales y una crisis cambiaria de magnitud relevante, cuyas consecuencias serán mayores que los supuestos beneficios de recaudación.

La ANEP hace años anda promoviendo el famoso impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto ha sido implementado ampliamente en las economías latinoamericanas. Tiene el gran atractivo que, al ser la base imponible sumamente amplia, entre 5 o 6 veces el PIB, una pequeña tasa porcentual del impuesto supuestamente de forma transitoria, permite tener una recaudación inmediata y de un monto considerable.

El problema de este impuesto, además de las distorsiones que causa en la intermediación, es que nace de forma transitoria y luego a los gobiernos lo dejan permanente, ese es el caso de Colombia.

Además, en el mediano plazo, los agentes económicos aprenden que, cada vez que hacen una transacción bancaria de depósito; retiro en cajeros; canje de un cheque, pagos con tarjetas, transferencias electrónicas, les cobran un impuesto y entonces empiezan a trasladar sus transacciones al efectivo, con lo cual, no solo la trazabilidad y recaudación fiscal se ve reducida, sino que además, el costo operativo del manejo del efectivo se ve incrementado, cifra que de todos modos ya es elevada en el país, cerca de un 1% anual del PIB.

Resumo así las opciones de ingresos que el gobierno puede considerar. Si bien, como su nombre lo dice, los impuestos no son denominados, voluntarios, sino que son obligados y a nadie le gusta pagar más impuestos, pero me parece que definitivamente el gobierno tendrá que ponernos en la mesa de discusión, y la línea de acción debe ser pensar en impuestos directos; progresivos y ojalá de carácter transitorio.

Ahora bien, antes de plantear mayores impuestos, me parece que todo el país y las autoridades legislativas, están esperando una propuesta seria y cuantiosa de reducción del gasto corriente.

b- Segundo Componente del Numerador, REDUCIR LOS GASTOS CORRIENTES ANTES DE INTERESES en 2.9 puntos porcentuales del PIB.

Definitivamente no es posible seguir sosteniendo un nivel de gasto de la magnitud de 11 449 miles de millones de colones y, además, no se trata de meramente una contención en la tasa de crecimiento.

Debe hacerse un re priorización del modelo de Estado que se quiere y buscar una mayor eficiencia, eficacia y una mayor transparencia y rendición de cuentas de los logros alcanzados.

Todos estamos de acuerdo en una educación de calidad; un sistema de salud y seguridad social con cobertura territorial, así como la protección de la seguridad física y jurídica.

Nadie cuestiona que cerca del 40% de dichos gastos tiene destinos de protección y ayuda social a las poblaciones más vulnerables y excluidas, pero cuando se observa los resultados de los índices de pobreza se observa que estos más bien aumentan; que las calificaciones en las pruebas PISA no mejoran; que la tramitología y requisitos para hacer negocios son cada vez más complicados.

Debe haber un cambio de actitud de los servidores públicos a entender que sus organizaciones no son un fin en sí mismas y que sus servicios son para facilitarle a las empresas su operación e inversiones, para generar mayores cantidades de empleo; mayores ingresos que a su vez, generarán mayores impuestos para mejorar sus condiciones de remuneración y pensiones.

Con esto en mente, el Staff Report del FMI, menciona algunas opciones de recorte de gasto e incluso las cuantifica y otras, son sugerencias de este servidor:

- Reducir la importancia relativa del rubro de remuneraciones de un 7% del PIB en el 2020 a un 6.2% en el 2024. Esto implica congelamiento de salarios; de plazas vacantes y pago de anualidades para una meta de ahorro del 0.8% del PIB en cuatro años.

No es justificable, de acuerdo con el Estudio Económico de Costa Rica de la OCDE que, para puestos, habilidades y formación académica similares, los salarios en el sector público sean un 50% más altos que en el sector privado.

Además, en el presupuesto presentado para el 2021, ya las remuneraciones del gobierno central representan el 55% del total de los ingresos.

Para el año 2018, el mismo estudio de la OCDE, evidencia que la proporción de las remuneraciones del gobierno a los ingresos totales es muy superior al promedio de los países miembros de dicha organización y, por el contrario, la relación del empleo público del empleo total es muy inferior en nuestro país.

- Aprobación de una ley racional de Empleo Público: se mantiene un sistema muy fraccionado; complejo e ineficiente de empleo público. Mismos puestos con mismas obligaciones tienen remuneraciones diferentes, con diferencias en algunos casos de hasta un 600%. Existen a su vez, según la Contraloría, más de 260 pluses o incentivos salariales.

Solo para el 2021, por este concepto se presupuesta gastar $ 2 100 millones.

Es urgente racionalizar y relacionar dichos incentivos con la productividad o ejecutoria, así como migrar a un sistema de salario único, con mismas escalas salariales para todo el sector público. Hay casos reales competitivos y eficientes como el Banco Central y la Contraloría.

- Uso Obligatorio del Régimen de Compras Públicas ( SICOP ): no es justificable que las diferentes entidades del Sector Público sigan haciendo contrataciones públicas de forma independiente y fuera de un sistema centralizado y automatizado. Esto reduce las ventajas de lograr mayores descuentos al realizar compras por volumen, así como mejorar el control y reducir la corrupción.

Esta debilidad es resaltada en el mismo informe de la OCDE, donde se hace un análisis comparativo donde Costa Rica se ubica en la última posición.

La cifra de ahorro estimadas por el FMI para el período de cuatro años es de un 0.4% del PIB; cerca de $240 millones acumulados por reducción en compras de bienes y servicios por parte del gobierno.

Recorte del monto de transferencias a entes públicos: debe prevalecer un principio del equilibrio económico de las finanzas públicas más que la obligación de seguir transfiriendo recursos como porcentajes del PIB o de los ingresos ordinarios del gobierno.

Según la Misión del FMI, el ajuste requerido en este rubro en el período del 2020 al 2024 debe de ser al menos del 1.8% del PIB, un recorte aproximado a $ 1 100 millones en cuatro años.

Además, es necesario mayor transparencia y divulgación del detalle de dichas transferencias por ente receptor para identificar en qué se está gastando, su eficiencia y cuánto realmente llega al beneficiario, así como rendición de cuentas. Por ejemplo, al Poder Judicial en el 2021 se presupuesta transferir $800 millones; al Fondo de Educación Superior y al Fondo de Asignaciones Familiares, $ 1 mil millones cada uno.

- Mantener un objetivo de al menos el 2% del PIB dedicado a gastos de capital: los recursos destinados a mejorar la infraestructura pública son los que inciden en la productividad y competitividad de largo plazo del país.

Preocupa que las administraciones recientes han estado recortando el gasto corriente particularmente en este rubro más que en salarios y transferencias. Por ejemplo, para el presupuesto del 2021, el recorte es de un 21%, cerca de $250 millones.

El FMI en su Staff Report proyecta un incremento mínimo del 1.9% al 2% del PIB, esto es $1.200 millones dedicados a este rubro.

- Diseñar una Reforma Integral de la Organización del Sector Público: el número de entidades descentralizadas; desconcentradas y empresas del sector público ha hecho un aparato estatal ingobernable; inmanejable; ineficaz e ineficiente. Más de 320 entidades para un total de 318 mil funcionarios públicos con un salario promedio mensual de 1.2 millones de colones, hace que la sostenibilidad fiscal esté hoy en entredicho.

Es necesario hacer una revisión exhaustiva, profunda y objetiva, para rediseñar el aparato estatal en función de los objetivos prioritarios y estratégicos que el país requiere coincidiendo con la celebración del Bicentenario de nuestra independencia.

Fusionar; cerrar; consolidar; rediseñar entidades bajo un espíritu de transparencia; rendición de cuentas y colaboración con el sector privado para aumentar la competitividad y sostenibilidad del país en el largo plazo, son decisiones que nuestros políticos no pueden seguir posponiendo.

c- Tercer Componente del Numerador del segundo cociente, VENTA DE ACTIVOS ESTATALES, al

menos para generar 1.4% del PIB.

Es una de las decisiones más polémicas y de mayor dificultad de lograr consensos políticos. Hay muchos que han convertido las entidades públicas como fines en sí mismas y se aferran a ellas, con argumentos subjetivos que no debemos vender las joyas de la abuela o las entidades que generan utilidades.

El informe del Staff Report para Costa Rica del FMI habla que aparte del ajuste del 6% en cuatro años, logrado en montos porcentuales iguales por la vía de los ingresos ordinarios y gastos corriente, sería de gran ayuda para lograr una mayor amortización del saldo de la deuda y un ahorro anual de intereses, la venta de activos estatales sin especificar cuáles, al menos que generen un total del 1.4% del PIB, es decir, cerca de $850 millones.

El gobierno ha hecho pública su disposición de poner a la venta la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). Según estimados muy preliminares, a lo sumo se podrían obtener $300 millones.

En mi criterio, al menos hay que someter a discusión la conveniencia o no de seguir sosteniendo entidades de carácter comercial como el Banco de Costa Rica; el INS, su cartera comercial y Kolbi.

Si ese fuese el caso y con buenas negociaciones, sería posible obtener recursos extraordinarios para amortizar la deuda pública en al menos un 15%, lo cual reduciría la deuda a niveles compatibles con una calificación de grado de inversión y acceso a mejores condiciones de financiamiento externo, así como un ahorro anual en el pago de intereses de al menos el 1% del PIB.

Sin embargo, se entiende que es un tema complejo y que durará más tiempo su implementación, en

comparación a la necesidad urgente de reducir el déficit por la vía de los ingresos y gastos.

d- Cuarto Componente del Numerador de un tercer cociente, REDUCIR EL PAGO ANUAL INTERESES Y AMORTIZACIONES DE LA DEUDA

Si al déficit primario se le agrega el pago de intereses y amortizaciones, tendríamos el cociente de necesidades financieras al PIB, que para el 2020 se estima en 14.1% del PIB y que, para los siguientes tres años, se ubicará entre el 15% y 17% del PIB.

El componente de intereses de la deuda representa ya más de 5 puntos del PIB y para el presupuesto del 2021, a pesar del uso de deuda externa para sustituir deuda interna, este rubro crecerá un 11%, mientras los ingresos totales lo harán al 8%.

Cerca del 80% de la deuda es interna y de este monto, está en manos de entidades del sector público.

Las renovaciones de deuda interna se hacen cada vez más a períodos cortos y a tasas de interés más altas. Estamos metidos en un círculo vicioso que mete cada vez más presión a los flujos de caja del gobierno y hace que para el presupuesto del 2021, ya el servicio de la deuda represente el 42,5% del presupuesto nacional.

Es necesario convocar a dichas entidades tenedoras de la deuda interna en el Sector Público, en beneficio de sus portafolios y del país, a negociar una reingeniería profunda de dichos saldos para ponerlos a vencer a plazos mayores e idealmente con menores cupones de interés.

Es inconcebible que de los casi $ 4 mil millones de deuda del gobierno que vencen en el 2021 y 2022, solo $100 millones son de deuda externa.

Al menos hay que procurar que por un mejor perfil y negociaciones de tasa de interés, se pueda ahorrar un 1% adicional del PIB para los cuatro años del 2020 al 2024, aunque el estimado del Staff Report no realiza cambios en este rubro.

e- El componente del denominador de todos los cocientes, AUMENTAR LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB

Paralelo a los esfuerzos de reducción de gastos corrientes; aumento de ingresos; reducción del saldo de la deuda; menor pago de intereses y servicio de amortizaciones de la deuda, es fundamental trabajar con un equipo de representantes del sector privado; gubernamental y trabajadores, solo pensando en lograr reactivar la economía, es decir, como no solo salir de la recesión provocada por la pandemia, sino ejecutar medidas que nos acerquen al pleno empleo de los recursos productivos.

Para ello, no solo es necesario trabajar del lado de la oferta aprobando leyes de jornadas flexibles laborales; reducción de cargas sociales; formalización de la economía; consolidación y eliminación de trámites y permisos para operación e inversión; reducción de tarifas de los servicios públicos; política cambiaria que ayude a mantener la competitividad; acceso a mejores condiciones de financiamiento y otras, sino que será necesario un trabajo de liderazgo y recuperación de confianza de las familias y las empresas.

Promover e incentivar actividades que son generadoras de mano de obra no calificada, como la construcción; el comercio; la industria; la agricultura.

Tomar ventaja de las oportunidades post-pandemia como el near shoring de la inversión extranjera directa; la digitalización de los modelos de negocio; el desarrollo de actividades FINTECH y otras, debe ser planificadas y ejecutadas por medio de alianzas público-privadas.

La actualización de los planes de estudio para adaptarlos a los nuevos requerimientos del mercado con un programa intensivo de capacitación en inglés, serán claves para mantener el crecimiento y absorción de la fuerza laboral disponible.

Una tasa sostenida de crecimiento del PIB del 4% anual para el período 2020-2024, podría reducir, dado el mismo nivel absoluto del déficit, en más de 2% del PIB la relación del déficit al PIB.

Conclusión

Espero haber podido aclarar que las decisiones que se vienen no son de carácter económico, pues la ruta técnica ya está trazada. Ahora lo que viene son decisiones de carácter político y es ahí en donde surgen las dudas si nuestros gobernantes y legisladores tendrán la capacidad y la visión de pensar más allá del año electoral 2022 y sus ideologías, para de una vez por todas, tomar decisiones que, si bien no son populares, si son necesarias para resolver el problema estructural y las distorsiones que provocan en el sector productivo y las familias, el desequilibrio fiscal y su financiamiento.

Tengo la plena confianza y optimismo que prevalecerá el criterio objetivo y racional de nuestros partidos políticos y que podrá hacerse una propuesta balanceada de ingresos; gastos; reducción de deuda y reactivación económica, que considere opciones como las que he descrito en este documento.

Resumo en el siguiente cuadro, la situación de las finanzas públicas para el 2020 y las proyecciones del Staff Report del FMI, con base en datos suministrados por el Ministerio de Hacienda publicados en mayo de este año así como la magnitud de los cambios en ingresos y gastos para alcanzar el objetivo descrito del superávit primario del 2.2% en el 2024.

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