El Fin del 2019 y las Pintas del 2020

Gerardo Corrales [email protected] | Jueves 26 diciembre, 2019

A las vísperas de fin de año, conviene hacer un resumen y repaso de las principales tendencias observadas en los grandes macro-precios, a saber, inflación, tasas de interés y tipo de cambio, así como del nivel de actividad económica expresada en el crecimiento real de la producción de bienes y servicios así como del nivel de empleo en el país.

En términos generales, el año 2019 se caracterizó por un gran nivel de desconfianza; incertidumbre; temor y falta de claridad sobre el futuro inmediato. La evidencia mayor se demostró en el comportamiento decreciente y reducido del indicador general de confianza del consumidor, elaborado por la Universidad de Costa Rica, que alcanzó sus niveles más bajos desde su elaboración hace 17 años.

A su vez, el porcentaje de consumidores que opina que la política económica del gobierno actual corresponde a un trabajo pobre alcanzó los niveles del gobierno de Luis Guillermo Solís, superiores al 65%.

Estos elementos, han tenido un impacto severo en la posposición de decisiones de consumo e inversión de las familias y empresas, afectando dos componentes muy relevantes de la demanda o gasto agregado en bienes y servicios del país, motores del crecimiento económico y la generación de oportunidades de empleo, la primera representa el 64% y la segunda el 19% del gasto agregado.

En particular, se ve reflejado este sentimiento en los datos de más de un 70% de los consumidores que manifiesta que es un mal momento para realizar adquisiciones de vivienda o vehículos, cifra que supera en un 50% y 100%, las respuestas dadas a esta misma pregunta, en el gobierno de Luis Guillermo Solís.

Por sus características, la primera actividad tiene un efecto multiplicador o de arrastre significativo sobre otras industrias, en este caso negativo y en la segundo actividad, su efecto es significativo en una menor recaudación de impuestos de importación.

La conjunción de estos elementos de desconfianza junto con la extracción de cerca de $ 300 millones del presupuesto de las familias por la implementación del nuevo impuesto de valor agregado (IVA) establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, destinado a atender en su mayoría amortización e intereses de la deuda del Gobierno Central, explican el fenómeno de desaceleración económica experimentado en el 2019.

A inicios de este año, el Banco Central hizo sus estimaciones de crecimiento de la producción superiores al 3%, confiando en exceso en la generación de obra pública. A mediados de año, en su revisión del Programa Macroeconómico, tuvo que corregir con una significativa revisión a la baja de un punto porcentual, para ubicar el crecimiento estimado para el año en un 2.2%.

Lo cierto es que a setiembre del 2019, la tasa de crecimiento real de la producción de los últimos doce meses fue apenas de 1.6% y para el mismo período en el 2017, dicho crecimiento era del 3.8%.

Con dicha tasa, el aumento del poder de compra real de la economía será inferior a $ 900 millones, cifra reducida para lograr un crecimiento sostenido del ingreso per cápita del país.

Evidentemente, es de esperar que para el año 2019, el crecimiento anualizado se quede por debajo de la cifra estimada por el Banco Central, más cercano del 1.8%.

A su vez, es importante destacar que aunque el nivel general de actividad económica crece a un ritmo menor al 2%, las empresas bajo el régimen de zona franca, muestran un excelente comportamiento creciendo por encima del 12%, aunque su importancia relativa en la generación de empleo es aún solo de un 7% y el aporte a la producción cerca del 12%. El régimen definitivo, es decir, las empresas que producen sin ningún tipo de incentivo tributario fueron las que más sufrieron con un crecimiento inferior al 1%, a pesar que son las principales generadoras de empleo y valor agregado del país.

He sostenido desde hace tiempo, que cualquier Plan de Reactivación Económica en el corto plazo, debe enfocarse en promover y facilitar condiciones para las empresas del régimen definitivo, especialmente actividades agrícolas, de construcción y de comercio, pues aparte de tener efectos de arrastre importantes, son generadores de empleo de mano de obra no calificada.

El menor nivel de actividad económica del país, tuvo implicaciones negativas en la generación de ingresos para los agentes económicos; la recaudación tributaria; el nivel de consumo e inversión y a su vez, en el nivel de confianza, generándose un círculo vicioso que ninguno de los varios programas de reactivación económica propuestos por el gobierno ha logrado romper.

Si bien es cierto, en los últimos cinco meses se ha observado una recuperación de la actividad económica, esta obedece más a factores coyunturales, como la ausencia del fenómeno del niño y su impacto en el sector agrícola; la no ocurrencia de huelgas, como la que afectó en más de $ 300 millones la actividad económica a fines del 2018 y la normalización en parte, de la situación política en Nicaragua que afectó especialmente el intercambio industrial con el resto de Centroamérica.

Además, durante el primer semestre del 2020, es de esperar otro efecto recesivo de la implementación del IVA sobre el gasto agregado, con lo cual es difícil lograr el 2.6% de crecimiento estimado por el Banco Central.

Los sectores más afectados por la desaceleración en el año fueron la agricultura, la industria local y el comercio, los tres principales generadores de empleo, casi el 40% de los 2.2 millones de ocupados del país, especialmente de mano de obra no calificada, en particular en las zonas rurales.

Si se analiza el período que va del tercer trimestre del año 2010 al tercer trimestre del 2019, la economía generó más de 280 mil empleos netos, siendo los principales generadores la construcción; la agricultura y los servicios profesionales, cada uno con una participación cercana al 18%, es decir, entre ellos tres crearon un poco más de 150 mil nuevos empleos netos.

Si llama la atención, que durante dicho período, en el sector comercio el empleo neto se redujo en más de 60 mil empleos, elemento que debe ser investigado a profundidad para determinar las razones específicas, ya sea por la competencia de las ventas e-commerce; las altas cargas sociales e impositivas o la mayor competencia de centros comerciales o empresas de mayor tamaño en ese sector.

La tasa de desempleo abierta se mantuvo cercana a una cifra muy alta del 12%, aproximadamente 300 mil personas sin encontrar una ocupación, donde el 86% de ellos son cesantes, es decir, tuvieron un empleo y lo perdieron; más del 60% son jóvenes entre los 15 y 34 años; las mujeres tienen una tasa de desempleo casi dos veces superior que la de los hombres (15.4% vrs 8.7%) y el 80% tienen una formación académica igual o inferior a la secundaria completa.

El salario promedio mensual del país, reportado a la Caja del Seguro Social, fue de 621 mil colones para un total de 1.8 millones de cotizantes, mientras que en sector público fue de 1.173 mil colones para 322 mil funcionarios y en el sector privado de 500 mil colones, para cerca de 1.5 millones afiliados al seguro de salud.

Al combinar los datos de la Encuesta Nacional de Hogares y de Ingresos y Gastos realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INEC ) es posible concluir que existe en el país una situación de inequidad en la distribución del ingreso, pues en el quintil de ingresos más bajos, constituido por la misma cantidad de hogares, 320 mil, viven más de 1.1 millones de personas, es decir, cerca de 3.4 personas por hogar, pero apenas reciben un 4.2% de los ingresos generados, es decir, 214 mil colones mensuales por hogar o cerca de 60 mil colones mensuales por persona.

Por el contrario, en el quintil de ingresos más alto, con la misma cantidad de hogares, 320 mil, viven cerca de 800 mil personas, es decir, 2.5 personas por hogar, pero recibiendo un 50% de los ingresos anuales generados, lo que equivale a casi 2.6 millones de colones mensuales por hogar o un ingreso por persona mensual de más de un millón de colones.

La situación financiera de las personas del quintil de ingresos más bajo es acongojante pues gastan más que su ingreso mensual, un total de 277 mil colones en gastos de consumo y 49 mil colones en servicio de deudas (amortización e intereses), lo cual hace que la situación presupuestaria de estas familias sea deficitarias, con un exceso de gastos sobre sus ingresos de un 52%.

Ahora bien, esta situación de falta de ingresos, en su mayoría se explica por un excesivo nivel de consumo, el cual representa un 129% de sus ingresos y no por un exceso de endeudamiento, considerado como nivel promedio, dado que el servicio de las deudas para este quintil representa el 23% de los ingresos, no muy diferente al promedio nacional de endeudamiento que se ubica en un 20%.

Por el contrario, la situación del nivel de ingresos más altos es totalmente superavitaria, con un nivel de gastos totales (consumo y servicio de deudas) de un 63% de sus ingresos, lo cual les genera una capacidad de ahorro de un 37% de sus ingresos mensuales.

Algunos artículos de opinión recientes han causado una gran confusión en la opinión pública al indicar erróneamente que la población costarricense tiene un nivel de endeudamiento (atención de servicio de deudas por intereses y amortización) de más de un 60% de sus ingresos, cuando lo cierto es que no importa el quintil de ingresos analizado, este porcentaje no supera en ninguno el 25% de los ingresos, lo cual está dentro del estándar internacional recomendado por el Comité de Basilea.

Lo que si es cierto, es que cuando se consulta el porcentaje de hogares que tiene al menos una deuda, el promedio nacional es de un 60%, siendo que para el quintil de ingresos más bajos ese porcentaje es de un 41% y para el quintil de ingreso más alto, del 74%.

Lo anterior no quiere decir que dentro de los diferentes quintiles de ingreso, no haya algún porcentaje de hogares, que tienen nivel de sobre endeudamiento, principalmente en el caso de funcionarios públicos que han comprometido sus salarios con retenciones obligatorias para atención de cuotas de créditos, en beneficio de entidades financieras que gozan de ese privilegio por ley, específicamente para el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito o el Banco Popular.

De igual forma, los altos niveles de desempleo que se observan en los quintiles de ingresos más bajos, se explican en parte por la falta de años de escolaridad, pues en el quintil de ingresos más altos, se tiene en promedio el doble de años de formación académica, ocasionando que se tenga ocupación plena con tasas de desempleo inferiores al 4% mientras que en el quintil más bajo, la tasa de desempleo es de un 26%.

En cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de las familias a consecuencia del crecimiento promedio de los precios, es decir, la tasa de inflación, es quizás el mayor logro de este y el anterior gobierno, al lograr mantener niveles dentro de los rangos meta del Banco Central, entre un 2% y 4%, e incluso en los últimos meses, se muestra una tendencia decreciente en las tasas interanuales llegando a ubicarse por debajo de la meta inferior del 2%.

Tanto la liquidez como el crédito interno al sector privado en ambas monedas, muestran una tendencia decreciente, lo cual podría interpretarse que existe aún espacio para una política monetaria acomodaticia pero que a su vez, enfatice más en la fluidez del mecanismo de transmisión, pues tanto hubo una rebaja importante en el porcentaje del encaje mínimo legal ( depósito obligatorio en el Banco Central de efectivo de los bancos e intermediarios financieros regulados por la Superintendencia, de un 15% a un 12% ) así como reducciones en la tasa de interés de política monetaria del Banco Central ( costo de los créditos que los intermediarios pueden pedir al Banco Central ), pero ambas señales no han sido efectivas para que los bancos aumenten sus colocaciones crediticias, pues el crédito en colones en términos reales apenas creció un 1.4% y en dólares decreció casi un 4%.

De igual forma, se puede observar en los balances de los bancos de los intermediarios, que el año 2019, fue uno más de crecimiento en inversiones en el Gobierno Central para paliar su déficit, aprovechando altas tasas de interés en colones y dólares, en lugar de realizar colocaciones crediticias que es la razón de ser de la banca comercial.

Preocupa además, en medio de tanta necesidad, que ni el gobierno, ni los bancos del Estado, ni el Sistema de Banca para el Desarrollo, hayan tenido la agresividad, pasión y convicción para colocar los más de $ 300 millones de fondos subsidiados del peaje bancario para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a mejorar sus flujos de caja con recursos que según esta ley, podrían desembolsarse a tasas máximas del 6% en colones o del 3% en dólares y que dichos fondos duerman en inversiones en títulos de los mismos bancos del Estado, inconcebible.

Para el 2020, es totalmente realizable que la inflación se mantenga dentro del rango meta del Banco Central, es decir, entre un mínimo del 2% y un máximo del 4%.

En cuanto a las tasas de interés, ya sea pasivas (las que se pagan por los ahorros) como las activas (las que se cobran por los préstamos) es de suponer que para el 2020, se tienden a una baja en ambos. En dólares, pues tanto el Banco Central Europeo como el Banco Central de Estados Unidos (FED), se espera que presionen las tasas de interés a la baja para evitar que sus economías entren en condición recesiva.

En colones, la situación fiscal ha mejorado de forma importante por el acceso a nuevas fuentes de financiamiento de eurobonos; préstamos de apoyo gubernamental y canjes de deuda. Por tanto, es de esperar que para el 2020, no haya tanto estrujamiento del financiamiento del sector privado por parte del sector público y por tanto, que las tasas de interés en esta moneda, también se vean reducidas el próximo año.

En cuanto a la situación de las finanzas públicas, en comparación al cierre del año 2018, definitivamente el 2019 ha sido totalmente favorable y de mayor tranquilidad. Incluso, según mis cálculos, el Gobierno Central ha captado en exceso recursos en el mercado interno, que junto a la colocación de eurobonos por $1500 millones; préstamos de apoyo presupuestario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en total, $ 850 millones, han permitido cerrar un fin de año con suma tranquilidad para el pago de pensiones; salarios; aguinaldos y atención del servicio de la deuda.

En cuanto a la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se ha cumplido con los recursos presupuestados provenientes de la amnistía tributaria así como de la recaudación del IVA al ampliar la base de servicios no gravados.

Sin embargo, el rendimiento de esta reforma fiscal, en un plazo de 5 años, se estima en cerca de 4 puntos del PIB para eliminar el déficit primario, es decir, la diferencia de ingresos y gastos del gobierno central antes de intereses, de los cuales cerca del 60% depende del cumplimiento estricto de los Títulos III y IV de dicha Ley, en lo referente a las remuneraciones y al crecimiento del gasto corriente respecto al crecimiento del producto interno bruto nominal y el nivel de endeudamiento del Gobierno Central.

He ahí el gran reto del 2020 para el Ministerio de Hacienda y Gobierno Central, pues sin que haya entrado en vigencia, ya hay entidades que haciendo una interpretación a su favor de la Constitución Política, consideran que son entes aislados de la realidad nacional y del principio de equilibrio financiero implícito en la decisión de los Constituyentes, alegando que para ellos, como Universidades o Poder Judicial, no les aplica tales límites.

De no ser contundentes en este tema, la Ley aprobada no pasará de ser una mera reforma tributaria insuficiente y que requeriría sin duda una nueva propuesta tributaria a principios del 2021.

Las cifras acumuladas a setiembre de las finanzas públicas, hacen presagiar un faltante presupuestario superior al 6% del PIB para el 2019 y cercano al 5.5% en el 2020. Sin embargo, digno de destacar es que las cifras mensuales a setiembre reflejan un superávit primario, lo cual es un buen presagio, aunque todavía no se ha visto una contracción del crecimiento del gasto público de forma significativa.

Para el 2020, serán sin duda retos relevantes la presentación de un nuevo proyecto de empleo público así como una revisión de la constitución del aparato estatal constituido por más de 300 entidades públicas, muchas sin un función relevante en las condiciones actuales y otras, con funciones repetidas o con situaciones financieras complicadas de pérdidas y altos niveles de endeudamiento en su ejecutoria.

En lo referente al tipo de cambio, es decir, el precio del dólar expresado en colones, el 2019 se caracterizó por una gran sobre oferta de dólares, provenientes tanto del sector privado como público, que ocasionaron una importante apreciación del colón estimada en cerca de 40 colones, es decir, un 7% de encarecimiento de la economía nacional respecto al resto del mundo.

Si el cálculo se estima utilizando un aproximado del tipo de cambio real, es decir, en adición a la variación del tipo de cambio nominal, el que se fija en el Mercado de Moneda Extranjera (Monex), se agrega, la variación de los precios de los bienes de los países competidores con el nuestro respecto a los precios locales, se estima que a fin de año, Costa Rica se habrá encarecido cerca de nueve puntos porcentuales respecto a sus principales países competidores.

Lo anterior se demuestra, según estadísticas de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), en una caída de las exportaciones del régimen definitivo en una cifra cercana al 5%, especialmente en artículos agropecuarios como banano, piña, café, azúcar, en ese orden.

A fines de año, la Junta Directiva del Banco Central autorizó a su administración a adquirir, un adicional de hasta $ 1 mil millones en reservas monetarias para lo que resta del 2019 y el 2020, con el propósito de evitar una apreciación incremental adicional del colón, provocaba por el exceso de dólares que provienen de la decisión del Gobierno Central de financiar su déficit en dólares del exterior.

Para el 2020, el Gobierno ha anunciado que volverá a recurrir a la Asamblea Legislativa para la aprobación de un nuevo paquete de eurobonos, entre $ 1 y $ 1.5 mil millones así como préstamos de apoyo gubernamental estimados en cerca de $ 1.0 miles de millones.

Por tanto, es posible estimar que para el próximo año, la estructura de financiamiento del déficit fiscal propuesto por el Gobierno Central, conduzca a una apreciación de nuestra moneda, estimada entre un 4% al 6% anual.

En conclusión, aparte del problema de las finanzas públicas y su financiamiento, el país se encuentra en una coyuntura de falta de reactivación, que requiere un esfuerzo mayor y con pasión del Poder Ejecutivo para generar credibilidad y confianza en sus propuestas, para lo cual será necesario ver un 2020 diferente, con un Presidente fuerte y consistente en su discurso, lo cual implica exigir el cumplimiento al pie de la letra de la regla fiscal y no doblegarse a exigencias populistas tipo la negociación de los sindicatos de la Caja con su Presidencia Ejecutiva, así como el compromiso de llevar a la Asamblea Legislativa, propuestas serias y de contenido, para la Ley de Empleo Público y Reformas en la estructura organizacional del Estado.

Deseo para todos, una feliz navidad y un próspero año 2020. Además, como decía alguien por ahí, ¨ In the Fiscal Rule, we trust ¨

El Fin del 2019 y las Pintas del 2020

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